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Los “fundadores de la patria”

Durante el siglo XIX se afirmaron como clase social los terratenientes. Algunos provenientes de las familias “fundadoras de la patria”, desde la época de la Colonia, y posteriormente de las distintas inmigraciones europeas, se fueron apropiando a precio vil de millones de hectáreas de tierra expropiadas mediante el exterminio de los pueblos originarios, concluido en 1879 en la última campaña del desierto dirigida por el General Roca.

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3 de abril 2008

Durante el siglo XIX se afirmaron como clase social los terratenientes. Algunos provenientes de las familias “fundadoras de la patria”, desde la época de la Colonia, y posteriormente de las distintas inmigraciones europeas, se fueron apropiando a precio vil de millones de hectáreas de tierra expropiadas mediante el exterminio de los pueblos originarios, concluido en 1879 en la última campaña del desierto dirigida por el General Roca. Era necesario ampliar la explotación del ganado y la agricultura extendiendo la frontera para proveer de materias primas al comercio de la semicolonia Argentina con Inglaterra. Anchorena, Braun Menéndez, Menéndez Behety, Gómez Alzaga, Bullrich y Martínez de Hoz, son algunos de los apellidos “ilustres” que hasta el día de hoy son parte de las clases dominantes de nuestro país, poseen grandes extensiones de tierra, y están vinculados al capital industrial y al financiero internacional. Se los conoce por su apego a las clases ilustradas de los países europeos y su particular desprecio y maltrato hacia los indios, a los mestizos, a los obreros. Fueron los responsables, en 1920, de las matanzas de trabajadores rurales allá en “el far south argentino”, tal como narra Osvaldo Bayer en su libro “Los vengadores de la Patagonia trágica”.

La crisis económica internacional de 1930 daba por agotado el “modelo agroexportador” de la Argentina como “granero del mundo”. La desarticulación del comercio mundial señalaba a nuestro país la necesidad de proveerse de bienes elaborados que usualmente se importaban de países industrializados como Inglaterra, en profunda crisis. Los terratenientes impulsarán desde su propio seno, una diferenciación que dará origen a la burguesía industrial argentina. El historiador marxista Milcíades Peña señala que “La burguesía industrial argentina no ha nacido desde abajo siguiendo el largo y complejo desarrollo que va del artesanado a la gran industria, creciendo autónoma, como la burguesía inglesa, francesa o yanqui. La burguesía industrial argentina ha nacido estrechamente ligada a los terratenientes (...). Ambos sectores industrial y terrateniente, se entrelazan continuamente, borrando los imprecisos límites que los separan, mediante la capitalización de la renta agraria y la territorialización de la ganancia industrial, que convierte a los terratenientes e n industriales y a los industriales en terratenientes” (Milcíades Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional. Ediciones Fichas, 1974).
Los intelectuales afines al peronismo siempre contrapusieron la ciudad al campo, marcando una supuesta oposición entre la “oligarquía” y la “burguesía industrial” (algo que ha vuelto a aparecer de alguna manera en estos días de lockout agrario en el discurso de la presidenta). Será Milcíades Peña, en el mismo libro citado anteriormente, quien lo desmienta demostrando los lazos orgánicos -hasta de consanguineidad- entre ambos sectores.

Milcíades Peña destacará también que este proceso dará origen a una “pseudoindustrialización” del país, a partir de la puesta en pie de una infraestructura mediana de bienes elaborados para atender las necesidades del mercado interno. Peña diferencia la “pseudoindustrialización” de una auténtica industrialización a partir de la experiencia de las burguesías europeas que si bien comenzaron desarrollando la industria mediana avanzaron hacia el desarrollo de la industria pesada.

Una clase parasitaria

En distintos momentos de la historia del país, el Estado operó a través de distintas instituciones y tomó medidas sobre la renta diferencial de la tierra. En la mayoría de los casos, las devaluaciones monetarias la favorecían aumentando los ingresos de los grandes terratenientes y disminuyendo los costos internos. En determinadas oportunidades, el Estado contó con mecanismos regulatorios que funcionaron esporádicamente y finalmente fueron disueltos en los ’90 como la Junta Nacional de Granos que establecía precios de referencia para distintos tipos de grano. Sin embargo el poder de veto de las grandes entidades del campo y las empresas del comercio de granos hicieron que rara vez tuviera algún tipo de efecto duradero. La intervención en los precios sólo fue más efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Cámpora.

Tanto la dictadura videlista como los sucesivos gobiernos democráticos promovieron políticas que beneficiaron particularmente a los sectores más concentrados del campo. Incluso durante los ’90, el plan de convertibilidad, facilitó a los grandes terratenientes capitalistas una compensación para soportar la baja de los precios internacionales abaratando los precios de la tecnología de punta, agroquímicos y de las tierras. Los que perdieron fueron los pequeños chacareros; endeudados hasta el cuello por los créditos usurarios que fueron condenados a rematar sus tierras. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002 durante la “década menemista” desaparecieron poco más de 100.000 explotaciones agroganaderas sobre un total de 400.000, la mayoría menores de 200 hectáreas.

Son estos mismos grandes propietarios los que más se beneficiaron con la devaluación del peso y la suba de los precios internacionales. Sus mejores tierras y la mayor escala para producir en mejores condiciones les permiten obtener una renta diferencial muy elevada.

Por más alardes que haga Cristina Kirchner contra la oligarquía terrateniente, lo cierto es que este gobierno, siguiendo los pasos de su esposo, no ha sido capaz de tomar una sola medida seria que afectara el carácter parasitario de la propiedad de los terratenientes para favorecer las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Resulta una burla que los oligarcas “patricios” de la familia Anchorena paguen de impuestos $8 por año por hectárea en sus campos de Chascomús, o que el presidente de la Sociedad Rural Argentina Luciano Miguens pague anualmente sólo $78 por cada hectárea que posee en la pampa húmeda valuada en más de 15.000 dólares.

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