La comisión que el CeProDH integra junto a MEDH, Correpi, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y organizaciones políticas, pudo asumir la defensa de los presos y tomar vista del expediente recién a 10 días de las detenciones.
Se confirmó lo que veníamos sosteniendo: a las maniobras y al manejo arbitrario de la causa por parte de la jueza, se suma que no hay prueba alguna contra las personas detenidas salvo la declaración de los mismos policías que realizaron las detenciones. Con todo esto, la jueza Silvia Ramond todavía no ordenó la liberación e indicó que esperará hasta el viernes para decidir la situación procesal de los detenidos.
Esto pone en evidencia que se trata de una clara persecución política: la justicia mantiene de rehenes a 16 personas, alguna de las cuales ni siquiera participaron de la marcha- acusadas de delitos no excarcelables sin prueba alguna en su contra. Y cuando hablamos de arbitrariedades nos referimos a hechos que no se han visto ni en las peores épocas del menemismo: el cercenamiento de las mínimas garantías constitucionales de legítima defensa y el desprecio a los organismos de derechos humanos. Esto se manifestó no sólo en las maniobras para no dejar asumir a la defensa, sino en el trato autoritario por parte del juzgado que literalmente echó a los abogados y familiares de los presos con la policía cuando el jueves 22 intentamos tener una audiencia con la jueza.