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DECADAS DE CRIMINALIZACION Y PERSECUCIÓN

Los códigos del Estado capitalista

Cuando se cumplen 35 años del golpe genocida (y a punto de cumplir ocho años el gobierno del Frente para la Victoria), el número de luchadores obreros y populares perseguidos y procesados sigue aumentando.

Daniel Satur

24 de marzo 2011

Los códigos del Estado capitalista

En La Verdad Obrera venimos denunciando la hipocresía kirchnerista alrededor del mito que se intentó construir en estos años acerca de la “no represión” a la protesta social. Cuando se cumplen 35 años del golpe genocida (y a punto de cumplir ocho años el gobierno del Frente para la Victoria), el número de luchadores obreros y populares perseguidos y procesados sigue aumentando.
Y una de las herramientas fundamentales con las que el Estado “democrático” ataca a quienes pelean por sus derechos elementales es precisamente una serie de artículos (como el 194) creados por gobiernos de facto que hasta el día de hoy se mantienen vigentes en el Código Penal.

En aspectos económicos, civiles y penales, los jueces y los fiscales actuales basan gran parte de sus procesamientos y condenas en elementos jurídicos creados por las mafias cívico-militares que gobernaron décadas atrás. Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla sin dudas pueden ser considerados “autores ideológicos” de varios decretos convertidos en leyes que durante tres décadas de gobiernos constitucionales, desde Alfonsín hasta Cristina Fernández, se mantuvieron vigentes y hasta fueron ratificados por el Congreso Nacional. En su disputa reciente con algunas corporaciones mediáticas el gobierno nacional batalló con la idea de que la nueva Ley de Medios reemplazaba justamente a una ley de la dictadura que se mantenía en pie desde 1980. Sin embargo es el mismo gobierno, alguna vez autodenominado “de los derechos humanos”, el que mantiene un conjunto de normativas dictatoriales permanentemente utilizadas en favor de los grandes empresarios y contra miles de trabajadores y luchadores populares. Vale destacar que durante los años en que contó con mayoría parlamentaria (de 2003 a 2009) el kirchnerismo abogó por darles continuidad y rechazar todo tipo de proyecto alternativo que se presentara.

Marche preso

Los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada”, “coacción agravada”, “interrupción del normal funcionamiento de transportes y servicios” e “incitación a la violencia colectiva” son adjudicados desde hace años a quienes protagonizan piquetes, movilizaciones, huelgas y ocupaciones de fábricas en defensa de los más elementales derechos. Pero todos esos delitos se basan en artículos del Código Penal creados a finales de los ’60 y principios de los ’70 por la dictadura de Onganía y el tercer gobierno peronista. Los artículos 142, 149, 194 y 212, respectivamente, tipifican esos delitos y prevén penas de 3 meses a 10 años de prisión [1]. Hoy se mantienen esos cargos contra más de 4.000 luchadores obreros y populares, con procesos abiertos y juicios en curso.

Particularmente el artículo 194 del Código Penal hoy es aplicado sobre aquellos trabajadores, estudiantes, comunidades originarias y movimientos sociales que salen a las calles y rutas a demandar trabajo, vivienda, salud y educación.
Ese simple artículo 194 es una muestra cabal de que durante los últimos 40 años se desarrolla una verdadera “política de Estado” respecto a la criminalización de las luchas sociales y el amedrentamiento de los luchadores. Fue decretado y convertido en Ley por Onganía en 1968, ratificado por Cámpora, sostenido por Perón y mantenido por todos los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura.

El artículo en cuestión dice expresamente que se castigará con penas de entre 3 meses y 2 años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes (…) o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Un artículo prácticamente a medida para cargar contra quienes toman medidas de acción directa en defensa de sus intereses colectivos, o en rechazo a la represión estatal/policial, o en reclamo de vivienda, salud o educación.

Más allá de ciertos debates leguleyos que se dieron en todos estos años (por ejemplo para el juez de la Corte Raúl Zaffaroni los piquetes deberían ser sancionados con una contravención pero no con el Código Penal) lo cierto es que el artículo 194 sigue vigente y de él se valen los funcionarios judiciales para perseguir a los luchadores. Y sin dudas la parte más cínica de esta historia le corresponde al propio kirchnerismo. La investigadora del CONICET Maristella Svampa explicaba hace algunos años claramente la hipocresía oficial: “El gobierno actual, apenas asumido, se comprometió a tratar una reforma o posible derogación de los tipos penales que colisionan con las nuevas formas de protesta social (el citado art. 194 del código penal) (…). Sin embargo, a fines de 2003, cuando la relación con las diferentes organizaciones piqueteras volvió a tensarse, el gobierno decidió olvidar los proyectos y optó por manejarse -en palabras del actual ministro del interior, Aníbal Fernández-¬ con el ‘código penal en la mano’” [2]. Pero Néstor Kirchner no sólo usaría el Código Penal heredado sino que lo “enriquecería” con las leyes votadas a exigencias de Juan Carlos Blumberg y su cruzada por la “seguridad” y con la promulgación, en 2007, de la nefasta Ley Antiterrorista (ver nota aparte).
Como en épocas de dictaduras la represión se daba de hecho, sin ningún “resguardo” institucional como procesos, juicios y demás sino secuestrando y matando impunemente, en épocas de “democracia” algunos recursos “legales” resultaron quizás insuficientes. De allí entonces que el gobierno de los Kirchner, como sus antecesores, no sólo no terminó con el enjambre legal criminalizador de la protesta social, sino que por el contrario le proveyó nuevas herramientas.

Y por si fuera poco, los propios legisladores y funcionarios oficialistas fueron los más empecinados en rechazar varios proyectos presentados en el Congreso en pos del desprocesamiento o la amnistía para los luchadores obreros y populares. Tanto en 2004 como en 2008 diferentes organizaciones sociales y políticas, apoyadas por legisladores de la centroizquierda, presentaron esos proyectos y fue el propio kirchnerismo (haciendo un frente único con radicales, peronistas disidentes y macristas) quien se encargó de “cajonear” esas iniciativas.

Desprocesar a los luchadores, derogar esos artículos

A lo largo de todos estos años, ante cada nuevo juicio o procesamiento, las defensas de los luchadores han esgrimido lógicamente que debía considerarse inconstitucionales los artículos según los cuales se acusaba a los compañeros y que justamente fueran creados durante dictaduras militares. Dándole la espalda a este legítimo argumento, el Estado ha mantenido una verdadera línea de continuidad durante 40 años. Como nos ha señalado la abogada del CeProDH Myriam Bregman, “la Corte Suprema de un país con tantas dictaduras como la Argentina ha evaluado varias veces a través de sus Acordadas la validez y vigencia de las normas dictadas por un gobierno dictatorial”.

Bajo la órbita del Estado capitalista hoy se mantienen vigentes gran parte de las “conquistas” legales reaccionarias que implementaran gobiernos de facto al servicio de los capitalistas. E incluso algunas fueron profundizadas en “democracia”. Sería una aberración equiparar todo lo realizado por la dictadura y lo realizado por los gobiernos que se sucedieron desde el 1983. Pero en el caso del “trato” judicial para quienes luchan y se plantan contra la prepotencia patronal, contra la represión estatal/policial y contra la opresión ejercida por la burocracia sindical, podemos reconocer un cauce común a lo largo de estas décadas.

El chantaje kirchnerista, anunciando en 2003 una política contraria a la criminalización de la protesta social pero profundizándola en los hechos durante todos estos años, plantea la necesidad de luchar de forma independiente por la inmediata derogación y anulación de todos los artículos del Código Penal utilizados para perseguir y encarcelar a miles de luchadores a lo largo y ancho del país.

Es inconcebible que luchadores como los ceramistas de Neuquén, los obreros de Kraft y Pepsico, los ferroviarios del Roca, o los estudiantes de la UBA que se solidarizan con las luchas obreras reciban periódicamente mazazos judiciales (impulsados por empresarios, funcionarios y burócratas sindicales), mientras los múltiples delitos de las patronales contra los trabajadores se cometen con total impunidad y sin la más mínima molestia para el Estado. Como caso reciente podemos mencionar el criminal lock-out de las patronales agrarias durante los meses de 2008, que desabasteció pueblos enteros e hizo pudrir toneladas de alimentos básicos, con numerosos cortes de ruta incluidos, ante lo cual el Poder Judicial y las fuerzas represivas del Estado respetaron a rajatabla todas y cada una de las medidas tomadas por la burguesía sojera.

Está a la orden del día levantar y desarrollar una gran campaña unitaria contra la criminalización de la protesta obrera y popular, reclamando de forma inmediata el desprocesamiento y/o amnistía de todos aquellos compañeros y compañeras perseguidos por luchar. Ni un trabajador, ocupado o desocupado, estudiante, hermano originario o militante político puede estar un día más procesado o encarcelado por organizarse y demandar sus derechos. La escandalosa prisión del compañero Roberto Martino es un fiel reflejo de hasta dónde está dispuesto a ir el kirchnerismo en su avanzada criminalizadora.
Este jueves 24 de marzo, como en cada aniversario del golpe militar del ’76, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiará en la Plaza de Mayo a los genocidas de ayer y denunciará la impunidad y la represión de hoy. Desde el PTS levantamos junto a todas las organizaciones del Encuentro varias exigencias, entre las que se encuentran el “basta de represión estatal, paraestatal y de patotas de la burocracia sindical”, el “no a la criminalización de la protesta social”, la “libertad a los presos políticos” y el “cierre de causas y anulación de condenas” a trabajadores, movimientos de desocupados y territoriales, ambientalistas, estudiantes, campesinos, originarios y militantes políticos. Debemos avanzar en esta campaña, demostrando que el kirchnerismo sigue utilizando las banderas históricas de los derechos humanos sólo para encubrir su giro a derecha, profundizado en los últimos meses.

Tanto el fin de la criminalización y las persecuciones a los que luchan como la derogación y anulación de todos los artículos y leyes represivas que siguen vigentes deben ser consignas levantadas por todos los trabajadores y sectores populares. En defensa de los compañeros, en defensa de todos los explotados y oprimidos.

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