Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
20 de abril de 2018

La Verdad Obrera N° 359

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SE ABRIERON LOS ARCHIVOS DEL BATALLON 601

Los archivos de la represión son más que los listados

28 Jan 2010   |   comentarios

La impunidad de la que gozaron y aun gozan la inmensa mayoría de los partícipes del genocidio implementado en la Argentina se basó, entre otras cosas, en un elemento importantísimo: en un fuerte pacto de silencio entre los participantes del genocidio. Sólo roto por excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, de conjunto el pacto se mantuvo hasta el día de hoy. Por supuesto que también incluyó charlatanes como el capitán Scillingo que no hizo más que relatar con afán de notoriedad lo que los sobrevivientes de los centros de exterminio ya habían declarado y adjudicarse algunas anécdotas, con el objetivo fallido de evitar ser condenado a cambio de la información brindada.

Ese pacto es resultado de la participación, de una u otra forma, de la totalidad de los miembros de las fuerzas represivas en la perpetración del genocidio, algo que surge de la copiosa documentación existente y del propio modus operandi de la dictadura.

Recientemente, la presidente de la Nación mediante decreto N° 4/2010 levanta el secreto de la información del Estado e indica que puede ser utilizada en las causas. Además se remitió a la causa “Contraofensiva” que instruye el juez Ariel Lijo, un listado con más de 4.000 agentes que reportaron en el tenebroso Batallón 601. Se han enviado también listados a juzgados del interior (La Plata, Santa Fe, etc).

Sostenemos que por el sólo hecho de haber reportado en un organismo destinado a la persecución y detección de aquellos que luego eran secuestrados, torturados, asesinados, cada uno de los integrantes de esas nóminas de personal debe ser imputado en las causas de lesa humanidad. La información aportada no puede ser testimonial.

Tampoco podemos confiar en que los listados que se están entregando sean completos ya que siguen siendo administrados por las mismas manos. ¿Entregarán los nombres de quienes infiltraron grandes estructuras fabriles y universitarias, por ejemplo? Es claro que el kirchnerismo tiene con el control de la SIDE y sus archivos una fuente de información de los actuantes en la represión que no ha sido utilizada para castigar a los genocidas sino en función de disputas políticas puntuales, como cuando sacó a relucir la “carpeta” de la SIDE de Juanjo ˜álvarez o la pertenencia a la central de inteligencia y las bandas represivas del padre de la jueza María José Sarmiento.

Es de destacar que los listados de personal son sólo un elemento básico para cualquier causa, pero que tanto el Estado nacional como los provinciales poseen distintos archivos de la represión que deben ser dados a la luz.

La existencia de los enormes registros de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, hoy administrados por la Comisión Provincial por la Memoria) que a pesar de la “limpieza” que sufrieron por la Policía antes de su entrega, cuenta con numerosa documentación, pone en evidencia que es mucha más la información que el Estado puede aportar. Es evidente también que la información y registro que los represores acopiaban recorría toda la burocracia del Estado, haciéndose copias de la misma que iban a parar a distintas manos. Sobrevivientes de la ESMA, por ejemplo, declaran que allí todo se archivaba por triplicado. Uno de los que manejó (al menos trasladó) esos archivos fue Héctor Febrés, asesinado horas antes de que pueda decir sus palabras finales en el juicio que se seguía en su contra.

Se han encontrado archivos en Bahía Blanca, Santa Fe, Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad 9 con 1844 legajos de presos políticos y también en Sierra Chica, más de 800 legajos) pero siempre producto de la casualidad.

También la Iglesia Católica debería entregar todos los archivos que posee.
Fue una de las mayores acopiadoras de información. Numerosos testigos han declarado que a la hora de visitar a algunos miembros de la Iglesia estos sacaban un fichero en el que constaba el destino de las personas desaparecidas. Se dice, por ejemplo, que en Córdoba los más completos los tienen esta institución.

Seguiremos luchando por la entrega de todos los archivos de la represión con lo actuado por todos los que participaron del genocidio, porque reclamamos juicio y castigo a todos los culpables civiles y militares del genocidio, porque queremos saber el destino de nuestros compañeros desaparecidos y porque al día de hoy cientos de jóvenes continúan apropiados sin que se conozca su paradero.

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