Desde su discurso de asunción, el presidente Kirchner, aseguró que en la Argentina se terminaba la impunidad y que no se iba a criminalizar la protesta social. Pero a más de un año de gobierno, la situación es bien diferente. No hay un solo responsable preso de los más graves hechos de corrupción, la impunidad se consolidó en la causa AMIA y la mayoría de los genocidas de la dictadura siguen libres; las empresas privatizadas continúan en manos de los mismos a los que se las entregó Menem y el Estado, subsidiándolas.
Toda la retórica de derechos humanos del presidente K no nos puede hacer perder de vista que desde Blumberg a esta parte, el gobierno ha tomado los históricos reclamos de la derecha vernácula y se ha modificado el Código Penal y las demás leyes represivas (como el Código Contravencional, irónicamente llamado “de convivencia”). El gobierno ha asumido «institucionalmente», a través de sus legisladores, estos reaccionarios reclamos.
La SIDE ha cobrado nuevo vigor, le aumentaron el presupuesto y en las últimas manifestaciones aparecieron patotas de civil, capturando y pegando salvajemente con hierros y palos.
A su vez, el Poder Judicial tomó nota del mensaje oficial y que la política de defender las petroleras y los grandes empresarios sigue en pie, y se puso a la vanguardia en esta escalada. Derivó en que al día de hoy, blandiendo el Código Penal como espada, una oleada represiva recorra el país.
Desde el 19 y 20 de diciembre de 2001, sectores de los trabajadores y el pueblo comenzaron un camino independiente de las institucionales del Estado, tomando la acción directa como forma de solución a sus reclamos. A esto es lo que el gobierno de Kirchner quiere poner fin. Ello, con todo el peso de las instituciones e invocando la «división de poderes» que se demuestra cada vez más como una división de tareas para el mismo objetivo.

Record de presos en la era K

No es equivocado afirmar que ni con el menemismo hubo tantos presos políticos. Cuando el gobierno no da respuesta a los más elementales reclamos de los trabajadores, sus demandas son caratuladas criminalmente para deslegitimarlas primero y reprimirlas penalmente después; así, reclamar alimentos: “extorsión”, manifestarse: “corte de ruta”, peticionar a las autoridades: “coacción agravada”.
Es así que :
-Raúl Castells se encuentra detenido en Chaco, acusado de “extorsión”. A pesar de que el Casino no denunció y el fiscal de Cámara dijo que no había delito no sólo no lo liberaron sino que llaman a 6 desocupados más a indagatorias.
-Son 15 los detenidos por los hechos de la Legislatura, en Devoto y Ezeiza, durmiendo en el piso y en condiciones terribles de detención; son acusados de “coacción agravada, privación ilegal de la libertad y daño calificado”, pese a que esos hechos costaron la renuncia de un Ministro que reconoció la provocación de la SIDE.
-En Caleta Olivia (Santa Cruz) hay 6 detenidos por haber conseguido con su lucha trabajo genuino, pese a que la petrolera TERMAP firmó el acta reconociendo los puestos de trabajo.
-Hay 7 presos por participar de la marcha del 31/8 a Plaza de Mayo acusados de “prepotencia ideológica, daño calificado y resistencia a la autoridad”, abriendo las puertas para la investigación de las organizaciones políticas y sociales opositoras.
-Este 24 de septiembre, detuvieron a otros dos militantes del MIJD, acusados de “bloquear la entrada a un frigorífico” ¡hace más de un año! Imputados de “extorsión”, fueron sacados de sus hogares, provocativamente mientras su movimiento realizaba en Capital una movilización por la libertad de Castells.
- Otros ya llevan varios meses detenidos como “Tyson” Fernández en Salta y están presos militantes del MTL y MUP en la Pcia. de Buenos Aires.
-Este lunes 27 comenzó el juicio oral a los dirigentes de la CTA de Zapala y Cutral Có por manifestarse frente a la REPSOL.
Por otra parte, ha comenzado una andanada represiva contra los trabajadores que recuperaron sus fábricas después del vaciamiento patronal. Hace un mes desalojaron brutalmente a los trabajadores de GATIC en la planta de Pigué. Los ceramistas de Zanon enfrentan nuevamente un intento de desalojo orquestado en forma secreta por la Corte Suprema Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, mientras el trabajador Pepe Alveal, que perdiera un ojo en la represión del 25/11/03, fue detenido y brutalmente apaleado y torturado.
También fueron reprimidos los trabajadores de Artes Gráficas Rioplantenses del Grupo Clarín y podríamos seguir enumerando casos. Pero creemos que con lo dicho hay suficiente ilustración.
Podemos decir que hasta ahora, desde algunas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos se ha intentado una respuesta. Por ejemplo en varios de los casos se logró conformar comisiones unitarias de abogados y se han realizado manifestaciones y actos. Pero es evidente que la situación requiere una respuesta más firme ante este ataque a las libertados democráticas y los que luchan.
Por eso, desde el CeProDH venimos planteando la necesidad de coordinarnos para dar una respuesta superior, comenzando por instaurar una campaña, a nivel nacional e internacional.