logo PTS

NACIONAL

Libertad a los detenidos de los saqueos

Los hechos transcurridos durante los saqueos del 20 y 21 de diciembre en 40 localidades del país demostraron la profunda unidad de propósitos entre el gobierno, la Justicia (ya sea los jueces más derechistas como los “progresistas” que apoyan a Cristina) y los legisladores de la oposición patronal a la hora de defender la propiedad privada y los intereses de los capitalistas.

Miguel Raider

10 de enero 2013

Libertad a los detenidos de los saqueos

En su fuero más íntimo, seguramente, muchos jueces y magistrados pensarán que es una desagradecida o acaso que sobreactúa. Sacada de quicio por la medida cautelar resuelta por la Cámara Civil y Comercial que frenó la expropiación del predio de la Sociedad Rural en el barrio de Palermo, Cristina disparó una batería de twits contra los “jueces que gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Poder Ejecutivo y Legislativo” (La Nación, 6/01). Sin embargo, amén de las desavenencias respecto del grupo Clarín, los hechos transcurridos durante los saqueos del 20 y 21 de diciembre en 40 localidades del país demostraron la profunda unidad de propósitos entre el gobierno, la Justicia (ya sea los jueces más derechistas como los “progresistas” que apoyan a Cristina) y los legisladores de la oposición patronal a la hora de defender la propiedad privada y los intereses de los capitalistas.
A tono con la exhortación de Cristina contra el “vandalismo” y la “delincuencia”, los jueces, ni lentos ni perezosos, fueron expeditivos y de forma sumaria enviaron a más de 800 personas a diversas unidades penales y comisarías, 500 de las cuales fueron apresadas en la provincia de Buenos Aires. Si bien varias fueron liberadas, hasta hoy día tanto el gobierno como la Justicia mantienen el hermetismo y se niegan a revelar el listado con los nombres de los detenidos así como sus respectivos destinos (La Nación, 3/01). ¡Curiosa “conspiración” la que acusó el gobierno negándose a revelar la identidad de sus partícipes!
Hiperactiva en los sucesos, la procuradora general de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falvo instruyó a todos los fiscales señalando que los saqueos debían ser encuadrados como delitos de robo y hurto calificado que contemplan penas entre seis y quince años de prisión. “Si en 2001 todos recuperaron su libertad de inmediato, no ocurrirá lo mismo esta vez” (Pagina12, 23/12/12). Falvo fue denunciada infinidad de veces por Horacio Verbitsky y el CELS por su devoción hacia la demagogia punitiva y el sistema carcelario del gobernador Scioli y su ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal. ¡Qué derrape progresista, los intelectuales y juristas de la seguridad democrática fundidos con los partidarios de la mano dura!
La mecha de los saqueos encendida en Bariloche abrió una crisis política con el intendente Goye, enfrentado con el gobernador Alberto Weretilneck y su ex socio, el senador Miguel Pichetto, los que por mandato de Cristina impulsan su remoción. “No hay que alentar la impunidad de vándalos, delincuentes, saqueadores o como se les quiera llamar” (La Nación, 31/12/12), decía el ministro Luis Di Giácomo, olvidando a ex oficiales nazis como Erick Priebke, responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas y “respetable ciudadano” de la sociedad barilochense que cocía habas públicamente con el difunto gobernador Soria.
A coro del gorilismo kirchnerista que derrapó acusando “saqueos de la abundancia”, no podían faltar el gobernador de Santa Fe Luis Bonfati y el referente del FAP Hermes Binner, quienes calificaron los saqueos de “actos vandálicos” cuya causa “no era la pobreza”, mientras la Justicia provincial ordenaba decenas de allanamientos al azar sobre las barriadas plebeyas más humildes, sostenidos en presuntas denuncias de un 0800 buchón instalado por los “socialistas”.
Obviamente, más allá de si fueron impulsados por punteros y advenedizos, los saqueos desnudaron el cuento de la “distribución de la riqueza” y la orientación de todos los poderes del Estado así como de todos los partidos patronales para criminalizar la pobreza, mientras los empresarios la siguen “levantando en pala”. Según el INDEK, 11,1 millones de personas viven con $650 por mes y hay 1 millón de jóvenes entre 18 y 24 años que no trabaja ni estudia. Mientras el 30% de la población de menores ingresos percibe el 8,7% de la renta nacional, el 10% más rico embolsa el 31,4%. Asimismo, si el gasto público nacional creció un 29%, los subsidios sociales apenas lo hicieron al 13%, muy por debajo de la inflación real, al tiempo que se dieron de baja muchas asignaciones por hijo. No casualmente la mayoría de los detenidos eran jóvenes pobres entre 15 y 30 años, la materia prima que nutre el trabajo precario, de tener suerte, y de forma predominante integra los institutos de menores con 32.000 pibes y las cárceles federales con poco más de 60.000 presos, el 75% sin condena.
Si en verdad la CGT Moyano y la CTA Micheli se proponen luchar por los intereses de los trabajadores deben comenzar por exigir que se blanquee la situación de todos los detenidos, algunos de los cuales pasaron por dos y hasta tres unidades penales, promoviendo su liberación inmediata. Estos sectores constituyen las franjas más plebeyas y pauperizadas de la clase trabajadora, sujetas al chantaje de intendentes y punteros mediante la asistencia estatal, y por esa vía separadas de los trabajadores ocupados en blanco y sindicalizados. Levantar sus demandas resulta imprescindible en la perspectiva de unificar las filas de la clase trabajadora para luchar por todos los reclamos.

Prensa

Virginia Rom 113103-4422

Elizabeth Lallana 113674-7357

Marcela Soler115470-9292

Temas relacionados: