Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
20 de octubre de 2017

Nacional

LA POLITICA DE SEGURIDAD: LA MAYORIA DE LOS DETENIDOS SON VENDEDORES AMBULANTES

Legislatura: procesan y les dictan prisión preventiva a 15 atacantes

03 Aug 2004 | Lo resolvió la jueza a cargo de la causa por los episodios del 16 de julio. Los acusa de varios delitos: el más grave, coacción agravada, con penas de hasta 10 años de prisión. Los acusados van a apelar.   |   comentarios

La jueza Silvia Ramond procesó por graves cargos a quince manifestantes detenidos tras el ataque del viernes 16 de julio a la Legislatura porteña. Los procesados, doce hombres y tres mujeres, permanecerán detenidos, ahora con prisión preventiva, y pueden llegar a afrontar penas de hasta diez años de cárcel. Sus abogados se quejaron por el fallo y apelarán la medida.
La principal acusación es que cometieron el delito de coacción agravada porque, destacó la jueza, el objetivo de los manifestantes fue impedir el tratamiento de una ley, en este caso el Código de Convivencia de la Ciudad. Además, los acusa de lesiones, privación ilegal de la libertad (por los empleados y legisladores que quedaron encerrados dentro de la Legislatura), incendio y resistencia y atentado a la autoridad.
"Tuvieron por finalidad la obtención de alguna acción u omisión por parte del poder público. Tuvieron la potencialidad de poner en peligro la seguridad del Estado y sus instituciones", dijo la jueza sobre los detenidos. Ramond aclaró que no está en contra del "reclamo social", pero afirmó que éste debe hacerse "en forma pacífica, con profundo apego a la ley y sin colisionar con los derechos de terceros".
El ataque a la Legislatura no sólo provocó destrozos, valuados en 200 mil pesos. También generó polémica por la forma en que el Gobierno enfrentaba las manifestaciones piqueteras y, lo más importante, derivó en la primera baja en el Gabinete de Néstor Kirchner. Se fue Gustavo Beliz del Ministerio de Justicia y lo reemplazó Horacio Rosatti. También se fue Norberto Quantin de la Secretaría de Seguridad y asumió en su lugar Alberto Iribarne.
La nueva política del Gobierno, que prefiere disuadir y no reprimir, quedó clara una semana después, ante otra marcha ante la Legislatura. Alrededor de mil policías vallaron las cuadras de acceso a la Legislatura y formaron un "corralito" que impidió el paso de los manifestantes.
Los quince procesados son Javier Scaramella, Horacio Ojeda, Adolfo Sánchez, Jesús Fortuny, Eduardo Suriano, Carlos Santamaría, César Jerez, Héctor Gómez, Jorge Nieva, Antonio Medina, Pablo Amitrano, Marcela Sanagua, Margarita Meira, Eduardo Ruiz y María del Carmen Infrán.
La mayoría de ellos son vendedores ambulantes, algunos de garrapiñada. Ellos se oponen junto a otras organizaciones al Código de Convivencia. Amitrano, por ejemplo, fue acusado de liderar el grupo. Según su abogado, Andrés Slavin, la jueza llegó a tal conclusión porque tenía un teléfono celular tipo handy y mucha plata –3 mil pesos– en sus bolsillos. "La plata era de la cooperativa, para comprar mercadería, y el celular es el que siempre usó", se quejó.
Los abogados verán recién hoy las pruebas que hay contra los detenidos porque hasta ayer la causa estuvo con secreto de sumario. La jueza les exhibirá los videos en los que basó su decisión. Allí aparecerían los detenidos arrojando piedras y baldosas o tratando de romper un generador eléctrico. Los videos son de la Policía, los canales de TV y hasta de la propia Legislatura.
Según aseguraron anoche los abogados defensores, la jueza basó los procesamientos en las declaraciones de los policías que detuvieron a los manifestantes, además de los videos.
Otros tres hombres que ya habían sido excarcelados sólo fueron procesados por resistencia a la autoridad. Y el sábado fue liberado el motoquero Sebastián Martino, quien no participó de los incidentes pero igual se pasó dos semanas en prisión. Martino repartía correspondencia por la zona de la Legislatura.
Por lo bajo, algunos abogados defensores admiten que en las filmaciones pueda aparecer alguno de los acusados "tirando piedras" contra los vidrios de la Legislatura. "Pero eso no es una coacción", interpretan. Habrá que ver qué dicen en la Justicia Federal, adonde Ramond dispuso mandar el expediente.
 
 

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