En la sesión de este miércoles 30 de abril Christian Castillo, diputado del Frente de Izquierda y dirigente nacional del PTS, presentó un proyecto de pedido de informe dirigido al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Collia, para que remita un informe respecto a cuáles fueron los motivos por los que se le negó el acceso al derecho al aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Localidad de Moreno, a una niña de 13 años, embarazada tras una violación. La Cámara de Diputados votó a favor y el pedido fue emitido al Ministerio de Salud. Por otra parte, Christian Castillo frente a la preocupación ante este caso presentó otro proyecto de declaración para que la Cámara de Diputado se exprese sobre esto y requiera una rápida resolución por parte del Ministerio de Salud de la Provincia y del Poder Judicial, a fin de garantizar inmediatamente a la menor el derecho innegable a la interrupción de su embarazo, tal como lo contempla la legislación vigente. Esta declaración no fue presentada sobre tablas y se pasó a comisión.

La Plata, 30 de Abril de 2014

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Collia para que remita informe respecto a:

1) Cuáles fueron los motivos por los que se le negó el acceso al derecho al aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Localidad de Moreno, a una niña de 13 años, embarazada tras una violación.

2) La responsabilidad que le cabe por el incumplimiento del fallo de la corte del año 2012 sobre la no punibilidad ante la interrupción de un embarazo proveniente de una violación, y el no cumplimiento de los protocolos nacional y provincial que indican cómo deben actuar médicos y autoridades hospitalarias.

3) La responsabilidad que le cabe por la difusión de información del ámbito privado, a través de medios masivos de comunicación como lo es la agencia de noticias estatal, Télam

FUNDAMENTOS

Ante el grave atropello que sufre una niña de 13 años por haberle sido negado el derecho a realizarse la interrupción del embarazo proveniente de una violación, es decir, entendiendo que se produjo un bloqueo en el acceso al derecho al aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Localidad de Moreno, resulta necesario elevar un pedido de informe al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos aires, Dr. Alejandro Collia.

Es aún mayor la gravedad del padecimiento de la niña ante la difusión de información privada a través de medios masivos de comunicación como lo es la agencia de noticias estatal, Télam.

Entendemos que en las actuaciones llevadas adelante en el hospital provincial de Moreno se produjeron varias irregularidades, desde el incumplimiento del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, sobre la no punibilidad de la interrupción del embarazo proveniente de una violación, hasta el incumplimiento de los protocolos nacional y provincial que indican cómo deben actuar médicos y autoridades hospitalarias.

Entendemos que aquí se ha producido un caso de ejercicio de violencia institucional sobre la niña que debe ser subsanado ahora a través de la determinación de responsabilidades claras en los diferentes niveles del Estado y la correspondiente sanción de los incumplimientos y delitos que se hubieren cometido.

La clara diferenciación que se ejerce en el trato a mujeres de diferentes clases sociales por parte del estado, como puede notarse en este caso, merece un examen detenido sobre el grado de violencia que las instituciones desatan sobre las mujeres pobres. De hecho en los últimos 10 años en todo el país la población solamente ha conocido casos de abortos no punibles bloqueados ilegalmente exclusivamente contra mujeres de extractos sociales bajos, cuando no sólo ellas han abortado en un país donde se producen más de medio millón de abortos cada 700 mil nacimientos.

Por lo expuesto solicitamos a los señores Legisladores que integran esta Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes.

La Plata, 30 de Abril de 2014

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación ante el impedimento a una niña de 13 años, violada por su padrastro, a acceder a un aborto no punible, por parte de las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega del Municipio de Moreno. Se requiere una rápida resolución por parte del Ministerio de Salud de la Provincia y del Poder Judicial, a fin de garantizar inmediatamente a la menor el derecho innegable a la interrupción de su embarazo, tal como lo contempla la legislación vigente.

FUNDAMENTOS

En los últimos días ha tomado estado público la situación de una menor de 13 años violada por su padrastro, a la cual los directores del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, del partido bonaerense de Moreno, le niegan la posibilidad de abortar a pesar de ser un derecho establecido en el Código Penal, en el fallo del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia y en el protocolo de actuación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Los directores del hospital, Mariana Dunayevich y Rubén Rossi, aducen que la interrupción pondría en riesgo a la menor, que está en la semana 23 de su embarazo, y su respuesta se ha limitado a señalar que “el caso debería haberles llegado hace tres semanas”.

Sin embargo, la situación de la niña no es una excepción a la que padecen cientos de mujeres que sufren abusos, en donde la victimización no termina con la violación y las instituciones que deberían prevenir estos casos y proteger a la víctima, vuelven a agredirla.

Porque, contrario a las declaraciones públicas de los médicos, su madre realizó la denuncia por los abusos del padrastro de la menor el 31 de marzo, inmediatamente después de enterarse de la violación, realizando la misma en dos comisarías. Finalmente en la Comisaria N° 8 de Moreno la radicaron pero no como “violación” sino como “abuso”.

La causa llego a la Fiscalía 3 de Moreno en la primera semana de abril. Luego la nena fue revisada, según hizo saber su familia, por un médico forense de la Dirección Departamental de Investigación de General Rodríguez, dependiente del Ministerio de Seguridad, que no registró el caso como violación y que no la derivó a un centro de atención hospitalaria.

El 21 de abril, la chica se hizo un test de embarazo que le dio positivo. Al día siguiente, su madre la acompaño al Hospital Mariano y Luciano de la Vega por la mañana, pidiendo que la atendieran en ginecología, donde le dieron un turno para dentro de 45 días. Recién el viernes 25/04 consiguió acceso a un ecógrafo, por gestiones de la comisión interna de los trabajadores del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que determinó que cursaba un embarazo de 23 semanas.

Las autoridades del hospital argumentaron que no podían practicarle un aborto no punible porque el embarazo cursaba más de 22 semanas y pondría en riesgo la vida de la menor. El domingo 27 de abril, diferentes organizaciones se reunieron con médicos del hospital, entregaron la declaración jurada por violación y el consentimiento para la realización del aborto, únicos requerimientos que solicita el Protocolo de Atención de Aborto No Punible en la provincia de Buenos Aires de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La médica de guardia sostuvo ser objetora de conciencia, cuando la objeción es personal y el servicio debe garantizar la realización de la práctica.

Aún más, la familia denuncio la violencia institucional ejercida sobre la menor, ya que durante su internación en el hospital público, sufrió el constante acoso de integrantes del cuerpo médico y del personal del servicio, presionándola para disuadirla de su decisión.

El Estado, y el Ministerio de Salud de la provincia deben dar una rápida respuesta, ya que aun cuando existen el Protocolo de Aborto no punible de la Provincia de Buenos Aires, y la Guía de atención del Ministerio de Salud de la Nación, los médicos se amparan en que la normativa aún no está reglamentada.

La clara diferenciación que se ejerce en el trato a mujeres de diferentes clases sociales por parte del estado, como puede notarse en este caso, merece un examen detenido sobre el grado de violencia que las instituciones desatan sobre las mujeres pobres. De hecho en los últimos 10 años en todo el país la población solamente ha conocido casos de abortos no punibles bloqueados ilegalmente exclusivamente contra mujeres de extractos sociales bajos, cuando no sólo ellas han abortado en un país donde se producen más de medio millón de abortos cada 700 mil nacimientos.
Por lo expuesto resulta evidente la necesidad de una urgente respuesta de las autoridades del Estado que le garanticen a la niña su derecho innegable a la inmediata interrupción del embarazo y es en ese sentido que solicitamos a los Diputados que acompañen el presente proyecto de declaración.