El gobierno de Raúl Castro viene impulsando una serie de medidas de austeridad, entre ellas, ligar los salarios a la productividad, subir la edad jubilatoria (a excepción de los integrantes de las FAR) y recortar conquistas históricas, como los comedores o el subsidio a los desocupados, consideradas “irracionales”, todo esto justificado con un discurso reaccionario que busca sustituir la idea de “igualitarismo” que acompañó la revolución, con el criterio del “esfuerzo individual”.

En el campo, estas medidas de “eficiencia” llevaron a ampliar la concesión del usufructo privado de la tierra a cooperativas y campesinos individuales (que alcanza al 77% de las tierras cultivadas) y a otorgar ciertos incentivos, como subir el precio que paga el Estado por los productos del agro. De esta manera, alentando el enriquecimiento individual, el gobierno espera aumentar la producción de bienes alimentarios básicos, que Cuba hoy está obligada a importar.

La medida más antigua fue la transformación de granjas estatales en unidades cooperativas y en los últimos años estas medidas se extendieron al usufructo privado, que según algunos estudios llega casi a un millón de hectáreas a 100.000 beneficiarios. Pero esta contrarreforma agraria aún es limitada: las concesiones no pueden superar las 40 hectáreas por usufructuario, el usufructo tiene un plazo de 10 años (aunque prorrogable) y el estado mantiene el control de semillas, fertilizantes y de la comercialización final por medio de la empresa nacional de acopio, a la que los productores deben entregar el 70% de la producción a precios fijados por el gobierno, quedando sólo el 30% para la comercialización privada (Ver Armando Novoa, citado en “Los cambios estructurales e institucionales”, Boletín Cuatrimestral del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Abril 2010).

Desde el paso de los huracanes en 2008, que arrasaron con gran parte de las cosechas y de la red de infraestructura en la isla, la burocracia estableció una serie de restricciones a la distribución de alimentos y productos agropecuarios, privilegiando las ramas de exportación, lo que redujo las cuotas de consumo de la población, aplicando una política de racionamiento. En contrapartida, el gobierno fue obligado a intervenir en los mercados de libre formación de precios, para evitar que el desequilibrio entre la oferta y la demanda llevara a una inflación en los precios. La oferta cayó y los precios quedaron por debajo de los costos de producción, acopio y distribución. El resultado fue que los mercados en los últimos años están sufriendo un gran desabastecimiento de artículos de primera necesidad para la población. Ante esta situación, es cada vez mayor la presión a avanzar en medidas procapitalistas, como la introducción de la propiedad privada de la tierra y una mayor liberalización de los mercados agropecuarios, que les permita a los productores buscar mejores precios en los mercados externos.

El sistema de la burocracia para el agro es blanco para la propaganda de la “ineficiencia estatal”, para demostrar que el estado no puede pretender gestionar el conjunto de la economía y que hay que dar un margen mayor a la actividad privada.

La crisis económica internacional que estalló con la caída de Lehman Brothers está afectando seriamente la economía de la isla. Según las estadísticas oficiales, la economía creció sólo el 1,4% en 2009 (comparado con el 4,1% en 2008), mientras que la CEPAL estima que el crecimiento fue del 1%. Una combinación de factores explican estos índices, entre ellos, la caída del 40% del precio internacional del níquel (la principal exportación de Cuba); la disminución del 23% de las exportaciones (según la ONE el volumen del comercio exterior se contrajo un 37% en 2009); una caída del 11,7% en el ingreso de divisas por la actividad turística, debido a la recesión mundial; la caída del 2% en la producción industrial; el pobre desempeño en la zafra azucarera (la peor cosecha de las últimas décadas, cayó de 8 millones de toneladas en 1990 a sólo un millón actualmente), lo que impidió beneficiarse del alza del precio del azúcar (datos de la ONE y la CEPAL, citados por Carmelo Mesa-Lago en “La crisis global, sus efectos en Cuba en 2009 y perspectivas para 2010”, enero de 2010).

A su vez, Cuba sigue obligada a importar alrededor del 80% de los alimentos básicos, principalmente a empresas norteamericanas, ya que por la magnitud del negocio es la única área donde el bloqueo no es tan estricto. Sin embargo, este acceso a bienes norteamericanos es muy perjudicial para Cuba que está obligada a pagar al contado sus importaciones.

Si bien el crecimiento reportado durante 2009 ubica a Cuba por encima de los índices negativos que registraron la mayoría de los países de la región en ese año, la contracción brusca de la economía ha tenido (y sigue teniendo) importantes consecuencias. A esto se suma que la asistencia que recibe el régimen cubano de Venezuela, no sólo depende de los vaivenes del precio del petróleo, sino de que Hugo Chávez se mantenga en el poder, ya que de darse un cambio político en Venezuela, esa ayuda vital, como antes habían sido los subsidios de la Unión Soviética, desaparecería, lo que podría precipitar el caos económico y una situación incluso más crítica que la que llevó a la implementación del período especial.

La primera medida drástica que adoptó el gobierno es la reducción de 500.000 empleos estatales durante el primer trimestre de 2011 y la legalización de formas de empleo privada y actividades por cuenta propia.

En cuanto a la eliminación de la dualidad monetaria, que figura entre las medidas a tomar por el gobierno de Raúl, parece aún difícil de implementar. No sólo existen dos monedas sino que también hay diversas tasas de cambio entre el peso cubano y el CUC.

Mientras que para la población esta es de 24 pesos cubanos por 1 CUC, para las empresas que operan en pesos no convertibles, el valor del peso cubano es 1 a 1 con el CUC, y sobre esa base sobrevaluada se calculan sus balances.

Como reconocen varios economistas cubanos, la unificación monetaria exigiría ciertas “reformas de mercado”, en primer lugar una devaluación del tipo de cambio oficial, con lo que “se deflactarían las cuentas corrientes en pesos cubanos de las empresas, es decir, se reduciría su poder adquisitivo en términos de divisas” lo que inevitablemente llevará a pérdidas y quiebras dado que el tipo de cambio que expresa la relación con las divisas es de 1=24. (Pavel Vidal Alejandro: “La Dualidad Monetaria y la Política Cambiaria de Cuba”, Estudios Económicos Cubanos, 2009. Ver también Antonio M. Ruiz Cruz: “La dualidad monetaria en Cuba: principales problemas asociados y perspectivas”, Observatorio de la Economía Latinoamericana, N° 117, 2009; Pavel Vidal Alejandro: “Redimensionando la dualidad monetaria”; P. Grogg: “Dualidad monetaria sigue en discusión”).