Comenzó a debatirse la despenalización en Diputados. Las tres fuerzas mayoritarias en el Congreso, -UCR, FpV y FAP- presentaron un proyecto de ley. Reunidos en plenario, las comisiones de Prevención de la Adicciones, Combate al Narcotráfico y de Legislación Penal, convocan al debate, entre otros a la ministra de Seguridad, Nilda Garré; al secretario de Sedronar, Rafael Bielsa; al director de Adicciones del Ministerio de Salud, Alberto Calabrese; al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. También a madres de jóvenes consumidores de paco; activistas, científicos, investigadores, especialistas en la materia.

Lo que está en discusión

La Ley 23.737que penaliza el consumo personal. Entre las reformas que se proponen, se plantean despenalizar el consumo, incluso el realizado en la vía pública. No se discute legalizar el comercio. También hay coincidencia, entre los diputados de los bloques mayoritarios, en derogar los artículos que judicializan la atención médica a los usuarios. La actual ley impone tratamiento a los usuarios como forma de evitar una pena. Tampoco los usuarios de drogas deberán demostrar que es para su consumo personal. Esta figura, conocida como tenencia simple, cuestionada, por violar el principio de inocencia. Prevén bajar condenas a las “mulitas”, personas en situación vulnerables que transportan sustancias ilegales.

La última Marcha Mundial de la Marihuana, convocó a miles de personas en distintas ciudades argentinas, reclamó estos derechos, tras la consigna ‘la prohibición fomenta el narcotráfico’. Es que la actual ley de drogas criminaliza a usuarios y cultivadores de cánnabis, por lo cual, los juzgados están saturados de causas por tenencia simple y cada una cuesta 5000 mil dólares. Este año, sólo en Capital Federal, hubo 1230 causas. El 86 por ciento fue contra usuarios. Esta es una de las razones que lleva al poder político a una revisión de las leyes punitivas. A estos datos hay que sumarle otros. El uso problemático de sustancias, según las estadísticas que manejan el Poder Judicial y el Sistema de Salud[1], está relacionada con el alcohol, el tabaco y los psicofármacos y en un porcentaje muy inferior la marihuana y la cocaína y muy lejos el paco. Lo que hace insostenible la vigencia prohibicionista que se alega en nombre del cuidado a la salud.

Además, según manifestó Zaffaroni, la modificación de esta ley es una defensa de la "autonomía moral de la persona, planteada en la Constitución Nacional". Esto es lo que se tuvo en cuenta en el "fallo Arriola", dictado en agosto de 2009 por la Corte Suprema, declaró inconstitucional que se pene la tenencia para uso personal. Apesar de este fallo, se continúa deteniendo a los usuarios de drogas. Zaffaroni se refirió a esto, “La ley sigue vigente y la corporación policial continúa deteniendo consumidores”. Mientras se penalice la tenencia la policía cuenta con una escusa adicional para detener jóvenes, reclutarlos para sus negocios y extorsionarlos.

También se discute legalizar la producción de cannabis para fines recreativos, medicinales e industriales. Está en discusión que cantidades, para consumo personal, no serán penalizadas. Cuando el diputado del PRO, Federico Pinedo, preguntó si no se está habilitando la compra de estupefacientes al despenalizar, Zaffaroni explicó que en algunos delitos no hay pena para el partícipe necesario o el sujeto pasivo de un delito.

Otras voces de los abolicionistas

En el debate hacia un paradigma alternativo al prohibicionista, entre sus impulsores, una mayoría consideran que el consumo es un problema de salud y que al penalizar su uso se desatiende la salud. “El consumo de drogas no debe penalizarse ni perseguirse, es un tema de salud pública”. Esta interpretación niega que los usuarios de sustancias psicoactiva no son enfermos.[2]

Una vez más, la Iglesia no sorprende

La Comisión de Pastoral Social emitió un comunicado para expresar su desacuerdo. Los obispos afirman que la iniciativa “aumentará el consumo, más que disminuirlo” y agrega que “la despenalización, a nuestro parecer, influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño”. Por su parte el cardenal Jorge Bergoglio, advirtió a los jóvenes sobre las intenciones de quienes comercializan drogas. “No les crean a los mercaderes de la muerte, si quieren drogas que la tomen ellos”, aseveró. Proponen, como siempre, el camino de la evangelización para acabar con los ‘flagelos sociales’. La evangelización ¿acabará contra el flagelo del Estado Capitalista?

Discurso de la derecha ¿solamente?

El PRO Y PJ disidente se oponen a la reforma. La derecha, una vez más, promueven políticas de cercenamiento a las libertades democráticas. Se esconde tras discursos a favor de la salud. Apoya la ‘guerra contra las drogas’, oculta, que a los que se les declara la guerra es a los jóvenes pobres, al que se los califica como ‘drogadictos, delincuentes, peligrosos’. Utilizan viejos discursos discriminatorios, cuando no racistas. Pero en el actual debate, los legisladores del PRO promueven, a favor de las víctimas más débiles del sistema, -‘jóvenes, excluidos y enfermos’- políticas de tutela, amparados en el sistema de salud. Sí, leyó bien, los que hace años dejan a los pacientes del Hospital Borda sin gas. Esto sí, no abandonan sus viejas recetas represivas, declaran estar a favor de ‘el bien jurídico’ que afectado atenta contra la ‘seguridad nacional’ y constituye un ‘peligro social’. Sostienen las políticas de ‘guerra contra las drogas’ como parte de la mano dura que se necesita para políticas de seguridad y control social. Por supuesto que para esto apuesta al ‘miedo’ por la inseguridad social. Discurso que, a veces, rinde.

Un sistema de salud, poco saludable

Mientras se propone, que en los casos de consumo problemático de sustancias, es importante mejorar el acceso al tratamiento y ofrecer atención en los barrios, la realidad es bien distinta. Los hospitales públicos carecen de servicios especializados en tratar a personas afectadas por el abuso de sustancias. No hay insumos necesarios para atender problemáticas derivadas de ese uso. En los centros privados la cosa no mejora, el poder médico, en concordancia con las políticas que penaliza el consumo, potencian dispositivos de ‘criminalización’, con prácticas y saberes médicos funcionales a un modelo de ‘asistencia’ represiva. Como tratamiento, sólo conocen la medicación y el encierro.
La modificación a la ley prevé implementar políticas de disminución de daño, que, de llevarse adelante, deberá establecer cuidados en los embarazos adolescentes y la sexualidad en tiempos del sida.

Implementar políticas en salud para el cuidado de usuarios de ‘paco’, que, como demuestran profesionales de la salud, son casos reversibles[3] con una buena asistencia médica. Pero, a dos años de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que prometió cambios radicales para aborda estas problemáticas. Leandro Gorbacz, autor de la Ley de Salud Mental y Adicciones, en su momento sostuvo: “Hoy los médicos diagnostican el delito o penalizan la enfermedad”, agregó, “la oferta de tratamiento debe tomar en cuenta la voluntad de la persona, es la mejor forma”. Sumado a esto la ley prevé la construcción de centros de día para la atención en salud; casas de medio camino, para asistir a las personas que se quedan sin hogar por atravesar estas problemáticas.
Todo lo que la ley prometía resolver, hasta hoy nada se sabe, las madres de jóvenes consumidores de paco [4]siguen sin encontrar respuesta del sistema de salud[5].

Conclusión, tanto los que están a favor, como los que están en contra de despenalizar, encuentran que lo que hay que atender son los problemas de salud del consumidor, al que asocian a un “adicto-enfermo” Cuando el debate, que pocas voces plantean, es que el Estado no debe inmiscuirse en la elección que cada cual haga en su vida privada.

Oficialista, opositores y la iglesia, “preocupados” por el tráfico de drogas, omiten mencionar el rol central de la maldita policía en el tráfico y distribución. Reclutan a los jóvenes más vulnerables para su negocio -narcotráfico- haciendo “desaparecer” a quienes se niegan, como Luciano Arruga, e intentan descomponer a los sectores populares.

Que el Congreso Nacional debata la despenalización es una conquista de los movimientos que luchan contra la criminalización del uso de sustancias psicoactivas. Consideramos que la primera tarea de los marxistas es defender las libertades democráticas contra la legislación reaccionaria y de control social del estado capitalista. Los revolucionarios del PTS, proponemos continuar la lucha por la legalizar de las drogas. El narcotráfico es un gran negocio ilícito cuyas ganancias extraordinarias surgen de la prohibición en el cual se asocian capitalistas, narcotraficantes y funcionarios públicos. En ese sentido, la legalización de las drogas pondría en cuestión esas ganancias extraordinarias de la comercialización ilegal.