por Roxana Pietra (CeProDH ZonaNorte)

El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense estima que más de 2.000.000 de personas viven hacinadas en villas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 2010, el Gobierno disminuyó la inversión en infraestructura social. Según un estudio de las fundaciones Siena y Konrad Adenauer, se redujeron un 18,2 % los fondos destinados al programa “Techo digno”: de las 27.547 viviendas previstas sólo se construyeron 18.852. En el proyecto de Presupuesto 2011, los principales programas de infraestructura social caerán 0,2%. Mientras tanto, los negocios inmobiliarios reflejan un crecimiento de la inversión en emprendimientos privados, a tal punto que de 414 complejos (countries y barrios privados) que había en el 2000 se pasó a 550 en el 2010. El destino de estas inversiones fue, en su mayoría, la zona norte.

Frente a esta realidad, el gobierno nacional, provincial y la oposición tienen acuerdo en tomar toda una sucesión de medidas para satisfacer la demanda de “seguridad” de los propietarios de esas casas lujosas y de los empresarios, invirtiendo en esto el dinero que no utiliza para viviendas populares. El 15 de junio de 2010 el gobernador Daniel Scioli, acompañado de los intendentes de la zona norte Enrique García (Vicente López), Sergio Massa (Tigre) y Osvaldo Amieiro (San Fernando), inauguró la Sub-dependencia División Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Grupo de Operaciones Especiales G.O.E.) en Vicente López. Con la colaboración de los intendentes de San Martín, de Tigre y San Isidro, el 29 de noviembre Scioli anunció la creación de un centro de monitoreo a nivel provincial para las 1.400 cámaras de vigilancia que existen en la provincia y el envío de un proyecto para la formación de cuerpos policiales especializados en delitos complejos. Además se colocarán cámaras en las autopistas, y se asistirá a los municipios para que incrementen el número de las que tienen actualmente en sus territorios.
También se avanzará en acuerdos con asociaciones de comercios y countries para que incorporen un sistema unificado de vigilancia.

En un mismo sentido, Massa (ideólogo de la propuesta) junto a varios otros intendentes, entre ellos Sandro Guzmán (Escobar), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Joaquín de la Torre (San Miguel) y Gilberto Alegre (General Villegas) impulsa la creación de Policías Municipales con un modelo similar al que impulsó Mauricio Macri, que ya demostró su “eficiencia” reprimiendo hermanos sin techo en Soldati. En Pilar el intendente Humberto Zúccaro confirmó que lanzará su propia fuerza en febrero.

La verdadera inseguridad: más represión

Como si esto fuera poco, el primer anuncio de la ministra Garré al asumir fue el despliegue de 6.000 gendarmes en el conurbano bonaerense (Plan Centinela). Estos se suman a los 3.000 enviados en 2009 como parte del Plan de Seguridad Ciudadana a las barriadas más humildes del conurbano como el Barrio Ejército de los Andes (Fuerte Apache) o la villa La Cava, instalando un destacamento allí. Además, los 54.000 policías bonaerenses conforman un verdadero ejército de ocupación, a razón de un integrante cada 248 habitantes del GBA.

Esto no trae más que verdadera inseguridad a la mayoría de la población: Tigre es uno de los municipios con más casos de gatillo fácil de la zona norte, con 64 casos (15,88% del total en 2010), mientras San Martín contó 18 casos (11,92%). La proporción en la participación de las distintas fuerzas en estos casos es de 1% la Prefectura, 2% Gendarmería, 2% seguridad privada, 11% Policía Federal, 21% servicio penitenciario, 61% policías provinciales, y 2% otras fuerzas (según los datos de la Correpi).

Ellos son la otra cara de la mayor criminalización de la protesta social en los últimos años: se ve claramente en las causas judiciales abiertas contra trabajadores de la zona norte que pelean por los derechos de los trabajadores, como Javier Hermosilla (delegado de Kraft), en el avance en el pedido de desafuero contra el delegado de Fate Víctor Ottoboni, o en la causa penal contra el ex delegado Carlos Ruiz de la empresa Caterpiller, por luchar por su reincorporación, entre otros.

Estas fuerzas de “inseguridad” son las que no dudarán en ser utilizadas contra todo trabajador que cuestione todo acuerdo de paz social que intenten imponer el gobierno, las cámaras empresariales y los jefes de la CGT, y mientras sean exigidos derechos elementales como la vivienda, la educación o el trabajo.