En 2008, bajo el gobierno de Cristina, se aprobó la Ley de Reordenamiento Ferroviario. Era el proyecto de la gestión Néstor Kirchner que habilitó a la creación de dos sociedades del Estado: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Operadora de Red Ferroviaria (ORF) que pueden contratar, sin necesidad de llamar a licitación pública, o vender libremente el patrimonio ferroviario.

La ADIF debía ser la encargada de administrar y mantener la infraestructura vial, pero los accidentes que se suscitaron de ese tiempo a esta parte demuestran que su tarea fue por lo menos desastrosa. Lo cierto es que se eliminaron frecuencias y formaciones, no se repararon los pasoniveles ni el sistema de señalización ni la vías adecuadamente. El sistema de suspensión vertical y lateral de los coches no da más, por eso no pueden desarrollar más velocidad y la frecuencia entre tren y tren no puede reducirse de 8 minutos. Es sabido que muchos maquinistas tienen que manejar asomando la cabeza en cada pasonivel porque no hay sistema de seguridad o es defectuoso.

Con la ORF es donde se integran las empresas privadas, como concesionarios de la prestación o como socios del Estado, en eventuales empresas mixtas. De más está decir que empresas como Cirigliano (TBA), Roggio (Metrovías) y Romero (Ferrovías) fueron beneficiadas, incluso recibiendo millonarios subsidios que nunca se invirtieron en mejoramiento del servicio. Estas empresas manejan el servicio pensando en sus ganancias y no en los usuarios. Un caso “ejemplar” es el de la familia Cirigliano que cuando entra TBA se amplía fundando el grupo Plaza (que absorbe a Ecotrans y Cometrans). El negocio pasa por mantener los trenes en estado desastroso para que más usuarios opten por sus líneas de colectivos y así obtener mayor rentabilidad. Además estas empresas se quedan con los subsidios que se le asignan para la realización de obras, como los $180 millones que se le entregaron en 2006.

Por otro lado, la ley lejos de mejorar el sistema ferroviario sirvió para favorecer a las grandes patronales. La ley le otorgó al Ministro de Planificación la autoridad para vender, alquilar e incluso “regalar” todos los bienes que pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos. Son unos 100 mil inmuebles, que incluyen más de 60 mil hectáreas de terrenos ubicados en las principales zonas urbanas del país, valuados en millones de dólares. La Unión Industrial Argentina recibió en noviembre de 2007 30 hectáreas en el barrio porteño de Barracas, valuadas en más de 60 millones de pesos, sin pagar un centavo por ellas.

La burocracia sindical avaló esta situación porque fue incorporada al negocio, además de ser parte de la ADIF y la ORF. Es conocida la historia de la UF y la Fraternidad manejando las empresas tercerizadas del Roca.

La tragedia de Flores vuelve a poner de manifiesto que el proyecto de salvataje de los ferrocarriles de Cristina es solo una quimera.