En los últimos días estalló el escándalo de los medicamentos adulterados demostrándose la complicidad de la burocracia sindical con la “mafia de los medicamentos”, su vinculación con las empresas farmacéuticas, como la droguería San Javier de Néstor Lorenzo, un aportante a la campaña electoral de Cristina Kirchner, que suministró medicamentos falsos a enfermos de cáncer, de HIV y hemofílicos, llevando a la muerte a cientos de ellos. Los testimonios de los pacientes informan que “pasaban por la farmacia a buscar los remedios, en la planta principal del Policlínico Bancario, y los mandaban a la oficina de la Droguería San Javier, que estaba adentro mismo del Policlínico Bancario”. Esta actitud criminal, es llevada adelante por quienes dicen ser “defensores de los trabajadores”.

Ente los implicados se cuentan, por ahora, la Bancaria de Zanola, Prensa de Buenos Aires, Lotería, gráficos, municipales de Avellaneda, turf y azafatas. Estas denuncias fueron realizadas en el 2005 por la entonces ministra de Salud, Ocaña, y fueron recién ahora sacadas a la luz por el Juez Oyarbide y Clarín. Ya hicieron caer a un funcionario del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa y Juan José Zanola, el burócrata sindical de los bancarios, será llamado a declarar como imputado. Las denuncias son utilizadas por Clarín para debilitar al gobierno, en el marco de la pelea entre el monopolio y el gobierno por la Ley de Medios. También cayó en la volteada, Capaccioli, el recaudador de la campaña de Cristina Kirchner.

Pero esta crisis de las obras sociales sindicales, pretende ser aprovechada por la prensa para atacar a los sindicatos y al sistema de salud ligado a éstos, para avanzar en la privatización de la salud y evitar cualquier injerencia de las organizaciones de los trabajadores en las obras sociales.

La crisis tocó fondo

Lo que se omite en la campaña de la prensa, son las causas profundas de la crisis del sistema de salud de las obras sociales. Una crisis que arranca con la intervención de la dictadura a las obras sociales, y terminó por llevarlas a la quiebra.

Anteriormente el sistema se apoyaba fundamentalmente en el pleno empleo. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo “en 1967, las Obras Sociales cubrían solamente al 35% de la población argentina (…) El advenimiento de la afiliación obligatoria y su extensión a los grupos familiares, en una economía en la que la gran mayoría de los trabajadores se insertaban en el mercado formal de trabajo, elevó la cobertura de las Obras Sociales hasta el 75% en 1984”. Posteriormente plantea que “El estancamiento de la economía y la hiperinflación del final de los ‘80a aumentaban fuertemente las tasas de desempleo y la informalidad del trabajo, afectando la base de financiamiento de las obras sociales. (…)

El número de personas cubiertas por el sistema de Obras Sociales se redujo en todo el país de 22,6 a 18.8 millones, entre 1984 y 1991. Esto significó una reducción de la cobertura desde el 75% al 58%”. La salida a esta crisis fue el vuelco de los trabajadores a los hospitales públicos, lo que acentuó su deterioro. (“La desregulación de las Obras Sociales. Un episodio más de la reforma de salud en Argentina… ¿Qué vendrá luego?”).

En los ’90 Menem interviene el sistema aplicando la receta “neoliberal”. Esta consiste en adjudicar las deficiencias del sistema de salud a la falta de competencia, en vez de a la misma crisis económica provocada por los distintos planes económicos. El proyecto menemista, promovido por el Banco Mundial, “tenía como base tres pilares: la libertad de afiliación y la pluralidad institucional del sistema de Obras Sociales, la creación de un nuevo marco financiero para el sistema y la progresiva universalización de la cobertura” (ver recuadro).

Producto de la aplicación de esta política “de las 360 Obras Sociales existentes al inicio de los ´90, quedaron poco más de 200 en el giro del milenio. Y todo indica que ese proceso de concentración va a continuar, o que podrá tener efectos positivos en la mejora de la eficiencia del mercado”. Esto fue consecuencia de que los sectores con salarios más altos se afiliaban a las obras sociales más grandes, desfinanciando a las pequeñas, destruyendo así el sistema solidario. Por otra parte, se permitió que los trabajadores optaran entre las obras sociales o las prestadoras privadas. Esto llevó a que aquellos que tenían salarios más altos se pasaran a las prepagas, debilitando aún más las obras sociales sindicales.

Las posteriores crisis económicas con su impacto en la caída brutal del salario y el enorme desempleo, pusieron una loza más sobre el sistema de salud.

El kirchnerismo, no modificó esta situación. Para ver la magnitud de la crisis actual hay que tener en cuenta que el 40% de los trabajadores está en negro y –según el INDEK- hay una desocupación del 9%, es decir, que la mitad de los trabajadores no aportan al sistema de salud. A esta realidad, hay que sumar la corrupción criminal de la burocracia sindical al frente de las obras sociales.

Frente a esta situación está planteado, en primer lugar, pelear para que se realicen asambleas de trabajadores, médicos y pacientes para revisar las historias clínicas y los medicamentos que se estuvieron suministrando a los pacientes, para investigar uno por uno los crímenes de los burócratas sindicales e impulsar el castigo a los culpables.

La intervención del Estado, como se está haciendo en la Bancaria, no es ninguna solución, hay que poner las obras sociales en manos de los trabajadores de los institutos, junto a comisiones de los trabadores de los gremios. Esta es una medida efectiva para desterrar a la burocracia sindical, a la vez que tener un efectivo control de las obras sociales y ponerla al servicio de los únicos interesados, los trabajadores.

La falta de fondos debe ser cubierta elevando el aporte de los empleadores, verdaderos beneficiarios de los planes económicos de Menem, De La Rúa, Duhalde y ahora Kirchner. Así como de impuestos a los laboratorios y demás capitalistas de la salud.

En este sentido, luchamos por anular las leyes menemistas que permitieron la ingerencia de las prestadoras de salud privada en las obras sociales sindicales. El verso neoliberal decía que la “competencia” entre los prestadores de salud, redundaría en una mayor eficiencia en el servicio.

Queda claro que esto no es así y que los grandes beneficiarios fueron los capitalistas de la salud. Estas medidas deben ser los primeros pasos para luchar por un sistema de salud unificado, que comience por la expropiación y nacionalización bajo control de los trabajadores de todas las clínicas y hospitales privados, poniendo los mismos al servicio de toda la población. Una medida similar debe tomarse con los laboratorios y droguerías, verdaderos piratas de la salud, que lucran con la enfermedad del pueblo.