En un reciente informe parlamentario solicitado a instancias del diputado del PRO Julián Obiglio, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina dio a conocer la desaparición de más de 400 armas de combate y miles de municiones de las armerías de las FF.AA durante el período 2010-2011.

Asimismo, el informe acusa recibo de un enorme faltante de piezas con las cuales se ensamblan los fusiles de guerra en los batallones de los Arsenales 601 y 603 de Rosario (Clarín, 16/7). De modo concomitante, la fiscal Mónica Cuñarro denunció la desaparición de 74 armas largas de la comisaría 38°, una constante que se extiende a las 53 comisarías porteñas, donde “no se sabe aún en cuántas de ellas hay faltantes”, pese a las purgas efectuadas por el Ministerio de Seguridad y al presunto control ejercido por el Registro Nacional de Armas, como consta en la Ley 25.938 (La Nación, 14/5). En el mismo sentido, en 2009 la Justicia de la provincia de Buenos Aires estimó que poseía más de 100.000 armas incautadas por la Bonaerense, “una parte con destino incierto” (La Nación 14/5).

Cuando la campaña reaccionaria a favor de la “seguridad ciudadana” arrecia con nuevos bríos en diversos barrios del conurbano bonaerense resulta sugerente que el informe enunciado arriba haya pasado desapercibido, acompañado apenas de un tímido pronunciamiento por “mayor control” de parte de derechistas y progresistas. Alentadas por la Iglesia y diversas ONGs financiadas por el Estado, las clases medias reaccionarias elaboran los “mapas del delito” alejados de los cuarteles, las comisarías y las unidades penitenciarias, donde se concentran los gerentes que administran el gran delito, secundados por la Justicia, la banca y los grandes empresarios.

Obviamente, no se trata del llamado “robo hormiga”, sino de una práctica sistemática. En Argentina circulan más de 2,5 millones de armas, poco más de la mitad ilegales. Las armas faltantes de las armerías y las comisarías enunciadas son sólo una parte de las que ingresan diariamente en el circuito del mercado ilegal local y extranjero, controlado por las fuerzas represivas como una corporación mafiosa.

No casualmente gran parte de las armas registradas en la comisaría 38 del barrio de Flores aparecieron en diversos operativos delictivos, en tanto la Fiscalía Federal 1 de Rosario investiga el hallazgo de fusiles procedentes del Batallón de Arsenales 603 en las favelas de Río de Janeiro y San Paulo (Clarín, 16/07). Hace años las autoridades de Brasil denuncian el flujo ilegal de fusiles FAL a las grandes favelas, donde se concentran las bandas de narcotraficantes, poniendo en evidencia la connivencia entre las fuerzas represivas y el crimen organizado.
A pesar de estos antecedentes y su rol genocida durante la dictadura, Cristina no tuvo empacho en participar de la cena anual de camaradería de las FF.AA., reivindicándolas como un “soporte elemental” del “modelo de inclusión social”. Desde junio, cientos de efectivos de las FF.AA. desembarcaron en las villas y asentamientos de la CABA y el GBA para realizar tareas de “contención social”, producto del probable incremento de la conflictividad social a partir de los efectos de la crisis económica internacional. Ya en GBA hay estacionados 9.200 efectivos de Gendarmería que complementan las tareas de 54.000 Bonaerenses, así como en la CABA 2.500 gendarmes y prefectos rastrillan los barrios pobres de la zona sur.

Ellos son la verdadera “inseguridad”.