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12 de diciembre de 2017

Mujer

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La “inseguridad” de las mujeres

14 Oct 2013 | Columna publicada en INFOBAE el 13 de octubre de 2013   |   comentarios

En los últimos años, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a pensar que cuando una joven desaparece fue secuestrada por una red de trata de personas. Ya son centenares las denuncias hechas por familias que vieron cómo se esfumaron sus hijas, sin dejar huellas y tienen que soportar la revictimización policial que no toma estas denuncias, que sugiere que las jóvenes “se habrán ido con el novio” o que, seguramente, huyeron “enojadas con la mamá”. Cuando estamos frente a probables secuestros de redes de trata, el tiempo que se pierde por decisión policial es el que ganan los proxenetas para sacar a las jóvenes del país, bajo la mirada cómplice de las fuerzas de seguridad que, muchas veces, son encubridores, clientes y hasta partícipes activos.

Durante la última década, las redes de trata se expandieron de manera descomunal en Argentina, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo” –cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino de las mujeres secuestradas- y, fundamentalmente, porque estas redes actúan con la impunidad de contar con funcionarios políticos, jefes de las fuerzas represivas, empresarios y jueces entre los propios proxenetas o clientes “vip”.

Como lo denuncian distintas organizaciones por los derechos de la mujer, más de 600 mujeres y niñas permanecen desaparecidas, secuestradas por estas redes que operan impunemente. Un 50% de las víctimas son argentinas; la mayoría proveniente de las provincias del norte del país y muchas de ellas son enviadas a Chile, Brasil, México y España, sin dejar rastros. Pero Argentina –y Santa Cruz es una de las provincias que encabeza este oprobioso ránking- también es un país de destino para mujeres paraguayas, dominicanas, chilenas, bolivianas, brasileñas y peruanas que son engañadas con promesas laborales y finalmente, son privadas de su libertad, se les retienen los documentos, son violentadas, abusadas y obligadas a ejercer la prostitución.

Según la coordinadora de una investigación realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la policía tiene una participación directa en estas redes y su presencia es, también, “un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos, la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros, era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes”. Hace apenas unas semanas, un legislador kirchnerista santacruceño respaldaba la existencia de los prostíbulos declarando que, si no existieran, habría violaciones. Pocos días antes, durante un allanamiento, encontraban al intendente de Salvador Mazza en un local donde se ejercía la prostitución, explotando a menores de edad. Si no fuera por la participación o la colaboración de políticos y policías, ¿cómo puede explicarse que, más del 70% de los casos de secuestros y desapariciones por redes de trata, son mujeres que están esclavizadas en whiskerías, cabarets y otros locales nocturnos habilitados por los municipios? En algunas provincias, como en Tucumán, el escandaloso fallo que dejó en libertad a los secuestradores de Marita Verón mostró que estas redes no son pequeñas organizaciones marginales, sino parte constituyente de un verdadero régimen político mafioso que incluye a la justicia, pero también a la policía, políticos y empresarios que comparten negocios y encubrimientos mutuos.

Las estadísticas, basadas en las pocas condenas y procesamientos de proxenetas, demuestran que el 16% de las mujeres secuestradas por estas redes son menores que son iniciadas en la prostitución entre los 13 y los 17 años. Ése es un verdadero problema de inseguridad para las mujeres, especialmente para las más jóvenes. Pero el gobierno ‘eligió’ fortalecer esas mismas fuerzas de seguridad que manejan la caja del crimen organizado, del juego clandestino, los desarmaderos, el narcotráfico y las redes de trata y prostitución.

Sólo con la organización de las familias y amigos, junto con compañeras y compañeros de trabajo, de estudio, en nuestros barrios, hemos logrado la liberación con vida de algunas jóvenes secuestradas. Por eso, nuestro camino es la lucha y la organización para enfrentar este flagelo que ha crecido, al amparo de la impunidad otorgada por el poder político, la justicia y las mafias policiales.

El Frente de Izquierda es la única fuerza política nacional que, en su Plataforma de Reivindicaciones Urgentes, propone en estas elecciones: “No a la baja de la edad de imputabilidad. Por una campaña nacional de las organizaciones obreras y populares por el desmantelamiento, juicio y castigo de las organizaciones de trata: por el apoyo a todos las movilizaciones contra ‘los hijos del poder’, que son responsables de la desaparición y asesinato de mujeres.” Es aquello por lo que luchamos todos los días.

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