En el artículo de la semana pasada explicamos que el Estado burgués, lejos de representar el “interés general” del conjunto del pueblo, es el garante de la dominación de la clase capitalista y que siempre que sea necesario apelará a métodos represivos para mantenerla.
También decíamos en ese artículo que en la democracia, los trabajadores tienen el derecho de votar, pero no el de cuestionar la propiedad privada. Veamos qué queremos decir con esto.
Marx explicaba que “El Estado suprime a su modo las diferencias de nacimiento, de clase, de educación, de ocupación, cuando (…) proclama a cada ciudadano del pueblo igualmente partícipe de la soberanía popular”. Pero al consagrar la propiedad privada, el Estado, lejos de suprimir esas diferencias de hecho, “descansa más bien en la hipótesis de esas diferencias” (Carlos Marx, La cuestión judía). Es decir, las leyes del Estado garantizan la igualdad formal de los ciudadanos en el terreno político, pero dejan intacta la desigualdad real de las clases sociales en la sociedad capitalista.
Por eso, si bien a la hora de contar los votos, el del dueño de su fábrica o lugar de trabajo, lector/a, vale lo mismo que el suyo, no sucederá lo mismo al volver al trabajo el día siguiente de la votación. Allí, la patronal tiene plenos poderes para decidir sobre los ritmos de trabajo, la cantidad de horas que usted trabaja, la continuidad de su puesto de trabajo, etc. La democracia se termina en la puerta de la fábrica, donde se expresa con toda claridad el reinado de la propiedad privada. Por eso, la sabiduría popular dice que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Si no, preguntemos a los trabajadores de la ex Jabón Federal, que se han visto obligados a tomar la fábrica contra el despido de un obrero que lucha por sus derechos y los de sus compañeros.
En todas las democracias capitalistas el pueblo es “soberano” pero “no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, como también está escrito en la Constitución de la Nación Argentina. Estos representantes, elegidos en el terreno de la igualdad formal, suelen estar ligados por miles de lazos a los sectores capitalistas que financian las campañas de los partidos patronales y buscan a través de éstos, determinar los destinos del país.
Por eso, aquellos que tienen el poder económico no esperan a las elecciones para imponer su voluntad.
Entonces, cuando los periodistas y políticos de la burguesía declaran ilegales o critican como profundamente anti-democráticas las huelgas, las manifestaciones callejeras y los cortes de ruta, es decir las medidas que afectan de una u otra forma la propiedad privada, están diciendo lo siguiente: “usted, estimado/a lector/a ya tiene canales institucionales para manifestarse, votando sus representantes, que a su vez legislarán y gobernarán por usted, garantizando nuestro sagrado derecho a la ganancia capitalista”. De esta forma se devela el contenido esencial de la democracia burguesa: una democracia para ricos, que es la mejor envoltura para la explotación de los trabajadores.
Para la clase trabajadora, no alcanza con que el obrero, como individuo aislado, haya conquistado la igualdad política, que el voto del trabajador valga lo mismo que el del burgués, en tanto ciudadanos. Porque la igualdad formal también diluye la enorme fuerza social de la clase obrera, equiparando, por ejemplo, el voto de un obrero con el de una monja. Para que la clase obrera se libere de sus cadenas, es necesario que intervenga políticamente como clase con un programa revolucionario, cuestionando justamente el dominio de la clase capitalista sobre la vida de los obreros y de la mayoría del país. La clase obrera ha construido a lo largo de su historia diversas formas de auto-organización, que superaron la igualdad formal de la democracia burguesa, en aras de una “democracia de los productores”.
Porque, como decía Marx “la dominación política de los productores (o sea los obreros) es incompatible con la perpetuación de su esclavitud social” (Carlos Marx, La Guerra Civil en Francia).