El sangriento golpe de Estado de 1976 se da en momentos en que la banca internacional tenía un exceso de capitales que pretendía colocar a préstamo en los países semicoloniales. Argentina era uno de los “elegidos” y la dictadura rápidamente se subordinó a esos planes. José Alfredo Martínez De Hoz, ministro de Economía de ese entonces, desreguló por completo el mercado de capitales, elevó las tasas de interés y garantizó los depósitos por el Estado. Raudamente, los capitalistas locales se lanzan a la especulación. Pidiendo préstamos a tasas bajas en los países centrales y colocándola a tasas altas en Argentina, fugan el capital y contraen nuevos préstamos: “la bicicleta financiera”. Cuando este mecanismo se agotó y los organismos internacionales reclaman el pago de esa deuda fraudulenta, el Estado –de la mano del “técnico” Domingo Cavallo- aparece en respaldo de los especuladores garantizando el tipo de cambio, de esta forma se hace cargo de la deuda de estos sectores, asumiendo sus pérdidas. Entre los favorecidos están Macri, Bridas, Renault, Grupo Clarín, Papel Prensa, y por supuesto hubo un favor extra para la empresa de “Joe” Martínez de Hoz que recibió un seguro de cambio por 630 millones de dólares.

Como el Estado se hace cargo de la deuda y además debe garantizar los dólares para la fuga de capitales, obliga a las empresas estatales a contraer préstamos. YPF, la petrolera nacional que figuraba entre las de mayor facturación en América Latina pasó de tener una deuda de U$S 347 millones al inicio de la dictadura a U$S 6.000 millones al fin de la misma. A la empresa jamás entró un solo dólar, el dinero quedó en las arcas del Banco Central.

Caída la dictadura, y pese a que distintas investigaciones certificaban que el 90% de la deuda era fraguada, el gobierno de Alfonsín firmó los pagarés reconociéndola como deuda legítima. A partir de entonces la deuda no cesó de crecer gracias a los refinanciamientos permanentes, y los usurarios intereses impuestos por los acreedores imperialistas.
Bajo el gobierno de Menem la política de “honrar la deuda” da un nuevo salto. Como ya era impagable, Nicolás Brady, ex secretario del Tesoro de EE.UU., ideó un plan de canje de los bonos viejos por nuevos, mediante los cuales se realiza el refinanciamiento de la deuda.

Menem rematará las empresas públicas, canjeándolas por los bonos emitidos, reconociéndolos al 100% cuando cotizaban muy por debajo de su valor. Justamente uno de los argumentos usados por los defensores de las privatizaciones fue que estas empresas daban pérdidas. Como ya denunciamos, la dictadura las utilizó como instrumentos de sobre-endeudamiento para financiar la fuga de capitales de los empresarios. Fueron estas mismas patronales, quienes en los ’90 compraron los bonos a bajo valor, apropiándose de estas empresas a precio vil junto a los banqueros internacionales.

Para sostener la paridad cambiaria 1 peso 1 dólar, la deuda continuó incrementándose para llegar a una nueva crisis, bajo el gobierno de De la Rúa en el 2001. El país no puede hacer frente a los pagos y Cavallo recurre al “blindaje”, otro endeudamiento. Sin embargo, se desata otra fuga de capitales y la nueva deuda servirá para financiarla.
En julio de 2000 el juez Ballestero -en un fallo histórico- había declarado ilegal y fraudulenta a toda la deuda externa argentina, ante la denuncia y exhaustiva investigación de Alejandro Olmos. Los distintos gobiernos desde entonces y el conjunto de los partidos patronales jamás lo tuvieron en cuenta.