Este miércoles el diario Página 12 reflejaba una serie de políticas que propone la Procuración General de la Nación para los juicios a los genocidas.

MB: Como primera impresión, se ve que el gobierno da cuenta de que está por cumplirse un año de la desaparición de Julio López y que ello tendrá impacto internacional. No podemos minimizar ese hecho. La desaparición de Julio constituyó, y constituye, una de las primeras grandes crisis de este gobierno que se asentó en un discurso sobre derechos humanos para contraponerlo con los infames años menemistas. El secuestro del compañero vino a develar como vacío ese discurso y a demostrar que la impunidad sigue vigente en la Argentina, donde el 95% de los genocidas sigue impune.

Con las propuestas de la Procuración en cuanto a cómo deben tramitar los juicios, ¿se termina con la impunidad?

MB: Hay dos planos en esta discusión. La Procuración que encabeza Esteban Righi, pone en el centro varias cuestiones que son reales y que tienen que ver con la “burocracia judicial”, pero son completamente secundarias en cuanto a terminar con la impunidad, que es una decisión netamente política. Desde el CeProDH somos concientes de que en esta democracia basada en última instancia en las fuerzas armadas como pilar fundamental, ningún gobierno de este sistema va a encarcelar a todos y cada uno de los represores. Pero incluso en ese marco, hay medidas elementales que cualquier gobierno que se precie de ser mínimamente democrático debería tomar. Righi le hace un craso favor al gobierno distrayendo la atención de allí.

Por tu experiencia en los dos importantes procesos orales, el de Von Vernich y el juicio contra Etchecolatz, ¿cuáles serían esas medidas?

MB: Uno, apertura de los archivos de la represión para que toda la carga no siga estando en los sobrevivientes y sus familiares. Su existencia se confirma día a día con la reciente aparición en La Rioja de nuevos archivos, además de los miles de implicados nombrados en los legajos de la Conadep. Dos, contra lo que dice la Procuración, no evitar la conexidad de las causas sino todo lo contrario: elevar a juicio oral casos no por un sólo genocida, sino por centro clandestino; por eso somos muy críticos del juicio a Von Wernich, pues todas las pruebas tendrán que ser reproducidas próximamente cuando se eleven las causas por los centros clandestinos en que el cura participó. Tres, y esto es fundamental, que los juicios se sigan por genocidio, por el plan de conjunto y eliminar lo ridículo de que a 30 años tenemos que estar probando cada caso como aislado. Cuatro, no más jueces de la dictadura en el poder judicial; como denunciamos hace poco en Casación y la Cámara Federal de La Plata es conjuez Roberto Durrieu, funcionario de Videla, colaborador de Camps y hoy abogado de Blumberg. ¡Este hombre puede intervenir en cualquiera de estas causas!. Obviamente hay mucha medidas básicas más…

También hacen referencia a la seguridad de los testigos...

MB: Sí, reconocen que la multiplicidad de declaraciones a las que se los somete por no querer unificar las causas multiplica los riesgos, pero se dan soluciones un tanto ridículas, como que los testigos tengan oculto su domicilio. ¿Se olvidan que las fuerzas de seguridad actuales están llenas de genocidas que pueden perfectamente realizar tareas de inteligencia? El caso de Julio da cuenta de eso, sus torturadores siguen viviendo en el mismo barrio que él. El mismo informe de la Procuración dice que sólo hay detenidos en cárcel común un 17% de los apenas 250 detenidos. Impunidad total.

Para terminar ¿por qué el genocida Von Wernich salió a denunciar al testigo Luis Velasco?

MB: la explicación más profunda está en un comunicado que les acompaño para su publicación. Sólo puedo agregar que es un “manotazo de ahogado” de un cura que con el testimonio de Luis Velasco quedó implicado directamente en la apropiación de Ana Libertad Baratti-De la Cuadra. Su abuela Licha estaba en la sala y aun hoy busca a su nieta apropiada. ¿Vieron cómo se desvió la atención de esto en los medios?.