La muerte de Raúl Alfonsín sirvió para crear el mito del “padre de la democracia”. Extraño “héroe” de la democracia si se tiene en cuenta su pertenencia a la UCR, un partido cuya lucha por las libertades públicas durante la dictadura fue inexistente; el papel previo de este partido llamando a liquidar la “guerrilla fabril” por boca de Ricardo Balbín y como promotor civil del golpe; la gran cantidad de funcionarios radicales que colaboraron con la dictadura. Alfonsín fue uno de los mentores de la Multipartidaria, una coalición político-social constituida para evitar -luego de la derrota de la guerra de Malvinas- una caída revolucionaria de la dictadura, cuando ésta se derrumbaba ante la creciente movilización popular al grito de “se va a acabar la dictadura militar”.

El alfonsinismo no surgió combatiendo a la dictadura sino que expresó a un sector de los partidos patronales que habían sido responsables políticos de la derrota de los trabajadores y cómplices de los militares, que gracias al golpe fueron preservados como fuerza de recambio institucional de la burguesía argentina. La UCR alfonsinista explotó el temor a un retorno de la “violencia política” corporizada en el peronismo de Italo Luder, Herminio Iglesias y la patota sindical (que era una caricatura grotesca y decadente del peronismo isabeliano) a quien denunció por protagonizar un pacto sindical-militar. Gracias a estas circunstancias el alfonsinismo supo agrupar en torno suyo a sectores de las clases medias y a ex intelectuales de izquierda que rompieron con los planteos políticos setentistas detrás de un discurso de restauración democrática y pacificación nacional como valores unificadores de la sociedad argentina. Fue desde la usina ideológica del alfonsinismo donde se gestó la “teoría de los dos demonios” que funcionó como doctrina estatal en el tema de los derechos humanos durante más de dos décadas, donde se igualaba la violencia terrorista del Estado burgués, con la insurgencia obrera y popular de los ’70. Durante el gobierno de Alfonsín continuaron presos algunos militantes políticos de las organizaciones político-militares de los ’70, se impulsó la ley de Punto Final, cedió continuamente a las presiones de los militares carapintadas a partir de la Semana Santa de 1987, a quienes finalmente les otorgó la ley de Obediencia Debida. En 1989 fueron fusilados varios de los guerrilleros tomados prisioneros durante el copamiento del cuartel de La Tablada.

Los discursos de campaña de Alfonsín se sintetizaban en rezar el preámbulo de la Constitución de 1853, dejando cualquier promesa de transformación social en el terreno de las buenas intenciones. Pero como señala el dicho “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones”, y más allá de una retórica tibia y mojigata y de un barniz socialdemócrata, en los hechos, Alfonsín garantizó la continuidad, bajo las formas de la democracia para ricos, del país heredado por los militares, un país saqueado y aterrorizado por una dictadura genocida y donde se había reconfigurado el mapa de las relaciones de fuerza entre las clases dando lugar al poder de los grandes grupos económicos del empresariado nacional y extranjero, para los cuales gobernó la UCR a partir de 1983.

Pero la crisis económica no pudo evitarse, lo que se manifestó en un déficit de la balanza de pagos, la imposibilidad de afrontar los pagos de la deuda externa y una inflación en ascenso. Ante esto, en abril de 1985, lanzó la “economía de guerra”, y en junio de ese año el “Plan Austral”, que consistió en el lanzamiento de una nueva moneda y un ajuste fiscal con congelamiento de precios y salarios.También en esta época se empieza a discutir la privatización de la empresa públicas. Esto fue en consonancia con la política de EE.UU. que impulsó el “Plan Baker” -en honor al secretario del Tesoro de dicha potencia- que impulsaba ajustes recomendados por el FMI, una política aperturista y de libre mercado, a cambio del canje de papeles de la deuda externa para afrontar los vencimientos. Esta política fracasó rápidamente y a fines de 1986 se vuelve a disparar la inflación

Durante su gobierno, Alfonsín cedió frente a las presiones de las grandes entidades empresarias reunidas en el “Grupo de los Ocho” (la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos de la República Argentina -extranjeros-, la Asociación de Bancos de la Argentina –nacionales-, la Unión Argentina de la Construcción, y la Cámara Argentina de la Construcción), y ante los llamados Capitanes de la Industria (como Techint, Roggio, Macri, Pérez Companc), que una vez que consideraron agotado al gobierno radical lo empujaron al abismo provocando el golpe hiperinflacionario de 1989 que terminó con 14 muertos durante los saqueos y la entrega anticipada del poder a Carlos Menem.

Para denunciar el operativo ideológico en marcha es útil rescatar la idea del revolucionario francés Auguste Blanqui, quien sostenía que “En el proceso del pasado ante el futuro, las memorias contemporáneas son los testigos, la historia es el juez, y el fallo es casi siempre una injusticia, sea por la falsedad de las declaraciones, o por su ausencia o por la ignorancia del tribunal. Afortunadamente, la llamada permanece abierta, y la luz de los nuevos siglos, proyectada a lo lejos sobre los siglos transcurridos, denuncia los juicios de las oscuridad”. Los “juicios de la oscuridad” que se construyen con “la falsedad de las declaraciones” que nos ofrecen “las memorias contemporáneas” cultivadas por los grandes medios de (in)comunicación que buscan indultar históricamente a los políticos y partidos patronales responsables de las tragedias y derrotas de la clase trabajadora y el pueblo pobre, como forma de relegitimar a las instituciones de la democracia para ricos con que la burguesía que impulsó el genocidio sigue ejerciendo su dominio.