Cada día se ve más claramente que la discusión sobre la nueva Ley Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como motor fundamental la dura pelea entre sectores capitalistas por el control de los medios masivos de comunicación. La guerra entre Clarín y otros grandes grupos, por un lado, y el Gobierno junto a las telefónicas y capitalistas amigos, por el otro, se recalienta sin conocerse aún el resultado final. El esfuerzo de funcionarios e intelectuales K por mostrar al proyecto de Ley como una causa popular, “democratizadora”, choca contra las propias acciones del Gobierno, que hace todo lo que está a su alcance para defender los intereses de monopolios como Telecom y empresarios aliados como Eurnekián o Spolsky. Mientras Ernestina de Noble y sus aliados no se ahorran ni una coma, arremetiendo contra funcionarios y empresarios K denunciando sus corruptelas y negociados, nadie puede ya ocultar que el enorme poder económico de los multimedios fue construído a base de estrechas relaciones con la Dictadura, el menemismo y el propio gobierno K de la primera época.

Si finalmente la nueva ley es aprobada, es posible que surja un nuevo “mapa” de la estructura mediática, con grupos mediáticos que pierden algún terreno mientras otros ganan posiciones. Un nuevo mapa que, de todos modos, no dejará de ser concentrado.

Página/12 y otros medios oficialistas tratan de minimizar aquellos puntos con los que se le dará vía libre a las telefónicas para meterse de lleno en el mercado de la radio y la TV. Dicen que la oposición se equivoca al denunciar al Gobierno, y reconocen para ello que en lo sustancial el proyecto de Cristina es similar a los varios proyectos presentados en el pasado por el radicalismo y la Alianza. Toda una “declaración de principios”.

No está claro aún cuántos diputados de la centroizquierda votarán por el proyecto oficial y cuántos lo harán en contra. De las modificaciones que el gobierno esté dispuesto a negociar dependerá la sumatoria de votos.
Como para inclinar un poco más la balanza, a cada rato aparecen nuevos apoyos políticos a la iniciativa del Gobierno. Por estos días ya se pronunciaron positivamente el Consejo Directivo de la CGT, el titular de la CTA Hugo Yasky, Martín Sabatella, la dirección de FOETRA Buenos Aires y algunas direcciones de gremios de prensa.

Al tiempo que en ninguno de los gremios alcanzados por esta nueva ley hubo una sola asamblea para discutir las posiciones a tomar frente al proyecto (ver aparte), algunas dirigencias sindicales hacen su aporte a la causa kirchnerista, entusiasmados a su vez con la idea de “ligar” alguna licencia de radio o televisión si el proyecto se convierte en ley.

“Volver atrás con las privatizaciones, ¿para qué?”

“Si por lo que digo un día no puedo trabajar más en una empresa, que haya 20 a las cuales pueda golpear su puerta, y no que esas 20 sean de un solo medio”. Víctor Hugo Morales provoca así la simpatía de muchos de sus oyentes de Continental, y convoca para hablar del tema a Pino Solanas, a quien considera una de las voces más respetables en la materia.
El solanismo hace foco en un par de ejes del proyecto kirchnerista, denunciando las intenciones oficiales. Plantea incluso que no votarán una ley que permita a las telefónicas ingresar al mercado de medios.

Pero en su propuesta no se menciona la idea de volver atrás con el proceso concentrador inaugurado con las privatizaciones. Por el contrario, como alternativa de “competencia” con los monopolios de las telecomunicaciones, Proyecto Sur propone crear una compañía telefónica estatal, en línea con su proyecto de “creación de un polo estatal de empresas públicas de excelencia”. Nada dice de la necesaria renacionalización, bajo control de trabajadores y usuarios, tanto de Telefónica y Telecom, los verdaderos botines del saqueo privatizador de los ’90. Mucho menos plantean Solanas y Lozano la anulación de las privatizaciones de los canales 2, 9, 11 y 13, “regalados” por Menem a los grandes grupos que hoy los manejan.

Sobre la base de permitir la continuidad de las privatizaciones menemistas, Proyecto Sur se limita al intento de controlar y regular parlamentariamente a los monopolios, cambiando el carácter de la “autoridad de aplicación” del proyecto oficial (un planteo similar al utilizado para “solucionar” los desastres de la política kirchnerista hacia el INDEC o los fondos de la ANSES).

Lejos de atacar la esencia misma de la concentración mediática, Proyecto Sur propone mejorar las condiciones de accesibilidad a frecuencias para capitalistas menores, tratando de ponerle un techo al poder de las corporaciones. Pero modificando aspectos puntuales como la “autoridad de aplicación” o el “régimen de licencias”, lejos se está de cuestionar la condición última que permite justamente la monopolización: la propiedad capitalista de los medios.

La idea de poder dominar y controlar a los monopolios a través de comisiones de diputados y senadores, termina dándose de narices con un Congreso plagado de lobbistas de esos monopolios, algunos incluso ocupando las bancas parlamentarias. Resulta difícil imaginar al diputado Francisco De Narváez (dueño de América), o a los senadores Guillermo Jenefes (dueño del grupo jujeño Radiovisión) o Juan Carlos Romero (dueño del holding salteño Horizontes S.A.) controlando a sus monopolios de la comunicación.

Solanas y Lozano abrazan, una vez más, la utopía de un capitalismo no monopolista, equilibrado, donde todos puedan participar en “igualdad de condiciones”.

Con el correr de los días, muchos de quienes creyeron que el proyecto oficial era guiado por cierto espíritu progresista seguramente habrán sufrido un duro golpe, al ver que lo que está en discusión es, en definitiva, si es posible arrancarle algo de poder a Clarín o a Vila/Manzano para entregárselo a Eurnekián, los Werthein o Spolsky.

Mientras la vida de millones de trabajadoras y trabajadores continúa bajo la mayor de las censuras por parte del entramado informativo-comunicacional, insistimos en que la libertad de expresión sólo podrá ser garantizada si la información, la cultura, el arte y el entretenimiento dejan de ser mercancías apropiadas y comercializadas por los capitalistas.
El conjunto de los recursos comunicacionales, la infraestructura informativa, el papel, las ondas, las pantallas, los cables y las antenas deben ser quitados de la influencia del lucro capitalista y pasar a manos de los trabajadores.

Lejos de todo intento de control de parte del Estado sobre los medios (que en última instancia terminará descargando mayor censura y ahogo de la palabra para las mayorías trabajadoras), los medios deben ser gestionados democráticamente por los trabajadores de prensa, los técnicos y los profesionales, junto a asociaciones de lectores, oyentes y televidentes. Y bajo la más estricta libertad de expresión deberán ser puestos a disposición de todo el pueblo trabajador, los sindicatos y las organizaciones populares.

En un régimen social donde millones son condenados a vender su fuerza de trabajo en jornadas agotadoras, o directamente empujados a la miseria, gran parte de los derechos formales, como el de la libertad de prensa y de expresión política, son una verdadera ficción.
Por eso, debemos acabar con este sistema, donde el conjunto de los recursos sociales, incluidos los de la comunicación, están apropiados por una minoría parásita en detrimento de las mayorías trabajadoras.

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La “ley mordaza” se aplica a los trabajadores de prensa

“En defensa del periodismo independiente”, dicen unos. “No a la ley mordaza”, agregan otros. La oposición de derecha, junto a los grandes medios, se disfrazan de baluartes de “la libertad de expresión”.
Lo que nadie dice es que en estos años, al calor de la concentración mediática, también se profundizaron los ataques a los trabajadores de prensa y las telecomunicaciones. Precarización, tercerización, despidos y, sobre todo, un intento permanente de liquidar los convenios de 1975 y quebrar la organización gremial.

Contando sólo desde la presentación del proyecto del gobierno (27 de agosto), se han sucedido varios ataques de las empresas, y también respuestas de los trabajadores.

C5N despidió más de 50 compañeros entre técnicos y producción. El Canal 7 de Bahía Blanca (Grupo Clarín), fue paralizado luego de que la empresa instalara cámaras para vigilar a sus trabajadores. En Radio Nacional, el Gobierno suspendió a los empleados que participaron en un paro, y los acusa de delitos federales. En Crónica la empresa quiere realizar 150 despidos entre prensa y gráficos, por lo que los trabajadores se movilizarán este viernes. En Página/12 se han sucedido paros durante dos meses, por condiciones de trabajo y salario. Hace pocas semanas La Nación despidió activistas y delegados que habían protagonizado reclamos, y Canal 13 ni siquiera permite el ingreso de la comisión interna elegida hace 6 meses, como ya es práctica histórica del grupo Clarín.

Todo esto con la complacencia del Ministerio de Trabajo.

Es que el Gobierno, tanto como la prensa progresista y la gorila, discuten acaloradamente cómo se reparten los medios, pero se ponen fácilmente de acuerdo en cómo maltratar a los trabajadores que los hacen funcionar.
Para todo esto no existe ninguna libertad de expresión. Si las luchas de los trabajadores en general están censuradas por los medios masivos, ni hablar de aquellas que afectan los intereses de los dueños de la prensa.
Las direcciones sindicales de los gremios del sector -Televisión (SAT) y Prensa (UTPBA y FATPREN)- hoy se pronuncian a favor del Proyecto de Servicios Audiovisuales del Gobierno. ¿Asambleas para discutir el tema? ¿Para conquistar una verdadera libertad de prensa? ¿Para organizarnos y definir cómo luchar contra los actuales multimedios?... Silencio de radio.

L.A. - delegado UTPBA