La descomposición del régimen colombiano nunca se manifestó con tanta agudeza como en la actual crisis de la parapolítica. Los grupos paramilitares apadrinados por el Estado son los responsables de las persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde el año 1991. El gobierno de Uribe confeccionó una ley que no es más que una amnistía generalizada para los paramilitares. Sin embargo las declaraciones de Salvatore Mancuso, uno de sus máximos jefes, (miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, principal grupo paramilitar) han generado un verdadero escándalo mostrando los lazos de políticos, militares y empresarios con el narcotráfico y el financiamiento de los paramilitares. Una veintena de congresistas, 14 de ellos uribistas están en la cárcel, renunciaron altos funcionarios y el vicepresidente está siendo investigado. También Uribe ha aparecido, en fotos y videos publicadas por diarios de EE.UU. con jefes paramilitares en su campaña presidencial de 2002, y se lo acusa de haber dado apoyo a la formación de grupos paramilitares durante su mandato como gobernador de Antioquia a mediados de la década del ‘90.

Según Mancuso, prácticamente todas las empresas bananeras, transportadoras, cafetaleras y petroleras financiaban al paramilitarismo. Empresas norteamericanas como la bananera Chiquita Brands pagaban a los paramilitares un centavo de dólar por cada caja de banano exportada para eliminar dirigentes campesinos y sindicalistas, y a la empresa Coca Cola se le imputan 14 asesinatos.

El plan de impunidad gestado por Uribe, lejos de “desmovilizar” ya logró que 10.000 nuevos paramilitares se organicen desde fines del año pasado.