La conferencia de la FAO-ONU sobre “seguridad alimentaria”, que en junio de 2008 reunió a presidentes y ministros de todo el mundo, no hizo más que ratificar su apoyo a los grandes grupos agroalimentarios responsables de la crisis actual.
La “urgencia” de solucionar en forma inmediata la emergencia alimenticia mundial es utilizada por este organismo para proponer una nueva ofensiva imperialista en línea con la OMC y el G-8, llamando a una verdadera liberalización del comercio y propugnando por el levantamiento de las restricciones a la exportación y la reducción de las barreras arancelarias. Pero la FAO-ONU nos promete que “las limitaciones legales sobre el uso de barreras a la exportación podrían impulsar la reducción de los aranceles de importación, lo que podría conducir a mejoras del bienestar a más largo plazo”.
Eso sí, a los países más pobres, muchos de ellos importadores netos de alimentos, se recomienda que “si se quiere que las reducciones arancelarias resulten sostenibles, el gobierno necesitaría emprender reformas complementarias a mediano plazo, por ejemplo, medidas de reforma fiscal que ayuden a recuperar como mínimo una parte de la pérdida de ingresos”. Léase, la conocida receta del “ajuste” que tan caro la han pagado los trabajadores y el pueblo pobre.
Pero a no dudar de la misión “humanitaria” que se ha encomendado este organismo: para los millones de pobres que esta política va a dejar a su paso recomiendan “protección social”.