Bajo el consentimiento de los Kirchner, el gobernador Scioli no descansa en su afán de criminalizar a los pobres y los jóvenes. Hace pocos días, el ex motonauta menemista restituyó las jerarquías a la policía bonaerense, y sostuvo la necesidad de incorporar 16.000 nuevos efectivos a los ya 56.000 hombres que conforman ese temible ejército de ocupación, vinculado a todo tipo de delitos. Así se propone hacer efectiva la militarización de las villas miseria y las barriadas más humildes del conurbano, ejerciendo el control social a punta de pistola, tal como lo hacía la dictadura militar.

Indudablemente, la campaña contra los pobres y los jóvenes abrió paso a una nueva serie de iniciativas reaccionarias. Haciendo honor a los adalides de la mano dura Juan Blumberg y Carlos Ruckauf, el peronista no K Francisco De Narváez impulsa el “Mapa de la Inseguridad” con la finalidad de focalizar la represión policial sobre los barrios populares, a modo de bantustanes o guetos. Pero para no quedarse cortos, tanto el intendente de San Isidro, el radical K Gustavo Posse, así como otros intendentes del PJ del conurbano bonaerense rechazaron la idea de bajar la edad de imputabilidad por considerarlo un trámite lento y engorroso, y en cambio propusieron un régimen de trabajos forzosos, como se practicaba en el siglo XIX en Londres con los niños pobres que sobraban en el circuito productivo, mientras las niñas eran reducidas a la servidumbre en los prostíbulos.

Legislación de la dictadura

Por otro lado, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordenaba la liberación de 60 menores de 16 años, detenidos en un Instituto de la Capital, bajo la excusa de no exponerlos al “gatillo fácil”. Esta medida fue saludada efusivamente por la derecha más recalcitrante. No es para menos. La sentencia de la Corte legitima el decreto ley 22.278, sancionado por la dictadura militar en 1980, la normativa utilizada por los genocidas para reglamentar el destino de los jóvenes pobres en instituciones cerradas, conocidas vulgarmente como “reformatorios”.

La 22.278 es un precedente histórico de la criminalización de los jóvenes pobres, pues autoriza el encierro de los menores “en situación de abandono” o “peligro moral o material”, argumentos extraídos de la vieja ley de Patronato de Menores de 1919, donde el Estado se arroga plena arbitrariedad para imponer su autoridad. En ese sentido, vale destacar que mediante esta legislación, desde 1997 la justicia aplicó 14 sentencias de cadena perpetua y derivó más de 6300 niños pobres a cuidado de la Fundación Felices los Niños, aún a sabiendas de las denuncias elevadas contra el cura Julio Grassi por violación y abuso de menores.

El informe “Privación de la libertad. Situación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina”, realizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y UNICEF, demuestra que la supuesta “mano blanda” del Estado mantiene más de 20.000 niños y adolescentes privados de su libertad, donde el 87,1% permanece encerrado por situación de pobreza, mientras sólo el 12,1% reside por causas penales, predominantemente delitos contra la propiedad sin armas. Los institutos de menores son auténticas prisiones con celdas de confinamiento que autorizan encierros prolongados de varias semanas, conocidos en la jerga carcelaria como “solitarios”. El sistema es tan riguroso que condujo a muchos menores al suicidio, tal como ocurrió en el Instituto Cerrado de La Matanza, un escándalo que obligó al gobernador a cerrar sus puertas ante la falta de enfermeros y las más elementales condiciones sanitarias para mantener la integridad física.

Scioli y la derecha pretenden blindar aún más esta legislación reaccionaria, mientras el consultor kirchnerista Artemio López advierte el crecimiento de la pobreza en la provincia de Buenos Aires con aumentos del 25% anual en los principales alimentos y la escalada de la indigencia a 16,2% de la población, en tanto la Red Solidaria reveló que 8 niños menores de 5 años mueren cada día por desnutrición.

Es necesario poner en pie una gran campaña en defensa de las libertades democráticas para acabar con esta cruzada reaccionaria y derogar todas las leyes que castigan a la pobreza y a la juventud.