Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
17 de septiembre de 2019

La Verdad Obrera N° 537

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TRAS LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE MEDIOS

La Corte define la “madre de todas las batallas”

05 Sep 2013   |   comentarios

El miércoles 28 y jueves 29 pasados se realizó la audiencia pública convocada por la Corte Suprema previo a resolver, sin plazos definidos, sobre la constitucionalidad o no de algunos artículos suspendidos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) referidos a los límites a las licencias de radio y TV, y los plazos de desinversión de las empresas excedidas. Durante dos días, el máximo tribunal escuchó a las partes y distintos expositores, entre ellos, los considerados “amigos de la Corte” (amicus curiae): cinco en defensa de la postura de Clarín y cinco del gobierno.

Se cree que con esta audiencia los jueces, particularmente el presidente Ricardo Lorenzetti, buscaron ganar tiempo para lograr “consenso” en la Corte (que tiene posiciones divididas) antes de pronunciarse sobre “la madre de todas las batallas”, tal cual la definió el kirchnerismo desde su ruptura con Noble-Magnetto en 2008. Quizás la última carta “progresista” del relato k, tras la dura derrota en las primarias de agosto y en medio de un panorama incierto hacia las elecciones del 27 de octubre.

Clarín y la defensa de sus negocios

La postura del multimedios puede sintetizarse en una frase del comunicado que el Grupo sacó tras la audiencia: "La existencia de medios verdaderamente sustentables sin asistencia estatal es una garantía de libertad de expresión”.
Es decir, Clarín considera que la libertad de expresión se garantiza con la supuesta “independencia” de una empresa respecto al estado, de la “pauta oficial”. El razonamiento sería: sin rentabilidad no hay sustentabilidad y, por lo tanto, no hay libertad de expresión. Ergo, esos medios "se convertirían en rehenes de la discrecionalidad estatal, lo que configura un típico caso de censura indirecta según el Pacto de San José de Costa Rica". Ni más ni menos que un clásico principio “liberal” que utiliza para defender con “uñas y dientes” su concentración mediática y que el académico e investigador explica muy bien al afirmar que para Clarín “los medios concentrados no ceden a las presiones de ningún gobierno. Este es el discurso que tiene el propio Clarín, (…) necesitamos estar muy concentrados, porque evita que los gobiernos influyan en nuestra línea editorial”.

Estos son los argumentos centrales que expuso “La Corpo” ante la Corte, para defender su posición históricamente dominante en el mercado de medios de información y entretenimiento. Pero claro, los argumentos jurídicos de “laissez fair mediático” expuestos ante la Corte se desploman por la propia historia de esta “burguesía nacional” que, como buenos parásitos del Estado, construyeron su “oligopolio” a base de favores, pactos y extorsiones con cuanto gobierno (militar o constitucional) se cruzaron. La sangrienta historia del “Gran Diario Argentino” la conocemos.

El gobierno defiende la pluralidad… de las “korpos”

“En defensa de la norma sancionada en 2009, Sabbatella señaló que se basa en dos grandes ejes (…) , por un lado, el fomento a las nuevas herramientas comunicacionales, como nuevas señales, canales, productoras de contenido audiovisual; y la articulación entre sector público y el privado y las organizaciones, populares, comunitarias y sin fines de lucro, con el objetivo de tener un mercado que ’garantice el derecho a la comunicación y el derecho a la información’” y “la lucha contra las tendencias monopólicas porque para ’democratizar la palabra se necesita enfrentar la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión’.” (Página/12, 30/08)

Como relata el diario “K”, en la intervención del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se resumieron los argumentos centrales del gobierno. Sin embargo, la propia realidad demostró que lo que el kirchnerismo definió como una “lucha épica” en la intervención del Estado por “democratizar” la palabra, es en realidad una lucha por desconcentrar al Grupo Clarín y re-concentrar medios y “relato” en un puñado de empresarios, gerentes y “lobistas periodísticos” afines.

A casi cuatro años de la aprobación de la nueva Ley de Medios, la concentración K es contundente: Grupo 23 (Spolsky), Indalo (Cristóbal López), Electroingeniería (Ferreyra), Olmos, Uno (Vila- Manzano), Alvavisión (Remigio González) y Telefé (Telefónica), junto al sistema de medios del Estado; son algunos de los nuevos “dueños de la palabra”. Algunos de ellos (Veintitrés, Telefé, Uno, Página/12 y Albavisión-Canal 9) son las cinco empresas más beneficiadas en el reparto de la pauta oficial entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2012, según datos de la Jefatura de Gabinete. Entre los cinco recibieron el 41% de los $ 1833,6 millones de pauta.

Mientras tanto, casi nada de las supuestas “bondades” de esta ley que están vigentes, sin impedimentos cautelares, fueron aplicadas. Por caso, la promesa de un 33 % del espectro radioeléctrico para medios sin fines de lucro, alternativos, comunitarios y sociales, fue vana.

Por si fuera poco, si se cumpliera plenamente la LSCA, como dice Becerra, se “establecen límites a la concentración que, lejos de atomizar el mercado, tolera límites moderados. Un mismo operador puede tener 10 licencias de televisión abierta y 24 licencias de televisión por cable, no estamos hablando de la atomización del mercado. Clarín, en el caso de cumplir con la ley, no tiene que atomizarse, debería vender alguna licencia de televisión por cable, pero conservaría ese mercado en las plazas más importantes del país”.

Y como la libertad de expresión no les interesa en lo más mínimo, los kirchneristas no tienen empacho en borrar con el codo lo que escriben con la mano. Mientras los K se movilizan a Tribunales contra Clarín, los dirigentes de La Cámpora persiguen puertas adentro a periodistas y trabajadores. El caso de Juan Miceli, desplazado de Canal 7 por “opinar distinto”, o el escandaloso servicio de cobertura de las PASO de Télam denunciada por su comisión interna por “desprolijo, incompleto, inexacto, desequilibrado, descontextualizado y tergiversado”; son apenas botones de muestra de prácticas extendidas en todos los medios manejados por funcionarios gubernamentales.

Oficialistas u opositores, los medios son de los patrones

Esta fue una de las denuncias de los trabajadores de la prensa escrita de Buenos Aires que protagonizaron jornadas históricas, con asambleas, paros generales y movilizaciones en diarios, revistas, agencias y portales durante las paritarias; enfrentando a patronales oficialistas y opositoras que se unieron para mantener salarios miserables y precarización laboral en sus redacciones.

La misma unidad de clase (burguesa) expresaron los medios cuando al unísono demonizaron a los trabajadores del subte que defienden el derecho a un trasporte público de calidad contra la desidia capitalista y el “festival” de subsidios otorgados por los gobiernos de Macri y Cristina.

La actitud de los medios burgueses se repitió limitando la participación de los candidatos del Frente de Izquierda, mostrando una supuesta “izquierda dividida” y manipulando varias encuestas que pusieron en duda la obtención del 1,5 % de los votos necesarios para pasar las primarias.

Cuando ambos bandos, Clarín y gobierno, hablan en nombre de la “libertad de expresión”, en realidad hablan de la libertad empresarial para hacer negocios y propagandizar sus intereses de clase como si fueran comunes a los del pueblo trabajador.

La verdadera democratización de los medios

El PTS no apoyó la Ley de Medios. Ni la vieja ni la nueva. Porque desde el Estado no se busca realmente ampliar derechos, sino regular a las empresas manteniendo la principal barrera para la libertad de expresión de las masas: la propiedad privada.
La defensa de una verdadera libertad de prensa y expresión debe oponerse a toda injerencia estatal y empresaria en la producción y difusión de contenidos. La información y las expresiones culturales y artísticas atadas al mercado son la base misma de toda censura, silenciamiento y falta de libertad de expresión.

Nuestra lucha es porque todos los medios de comunicación sean gestionados por sus propios trabajadores, con la participación de amplios comités de lectores, audiencias y públicos. Sin funcionarios ni gerentes en sus oficinas pero también sin condicionamientos por medio de la pauta publicitaria, estatal o privada.

Para eso, el Estado sí debe garantizar las condiciones materiales y técnicas para que todos los medios funcionen en igualdad de condiciones. Gestionados por quienes los hacen funcionar, los medios deben abrirse a absolutamente todas las expresiones políticas, culturales y artísticas, incluyendo por supuesto a aquellas que no coincidan con la orientación mayoritaria, entregando espacios gratuitos a las organizaciones de la sociedad para que difundan sus ideas sin restricciones.

La comunicación y la información serán “servicios públicos” cuando, despojadas de la reglamentación capitalista, toda la población acceda a ellas mediante un sistema público nacional de distribución de televisión, radio e Internet, con acceso libre y gratuito para los trabajadores y el pueblo pobre y con tarifas progresivas para empresas y sectores ricos.

El próximo fallo de la Corte, sea cual fuere su resolución, nada esto garantizará.
Luchar por esta perspectiva es una pelea cotidiana en el “arte” de utilizar todos los resquicios del régimen político y sus medios, en el marco de una lucha más amplia que requiere de la más amplia movilización y autoorganización de los propios trabajadores de medios, en unidad con el resto de la clase trabajadora, los públicos y las audiencias, a través de la formas de organización que se vayan dando en el desarrollo de la lucha de clases.

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