La nueva situación no se puede comprender si no es en el marco del 19 y 20 de diciembre donde el pueblo movilizado derrocó a un presidente constitucional asestando un duro golpe al neoliberalismo que comenzó a imponerse en el país a partir de las condiciones creadas por la dictadura. Las jornadas revolucionarias fueron el inicio de la reversión histórica de aquella derrota. En consecuencia, el kirchnerismo –como ya hemos definido- es una respuesta de renovación conservadora que busca pasivizar y desmovilizar para fortalecer el poder político burgués. Por un lado, otorga concesiones con respecto a ciertas reivindicaciones democráticas, y por otro es continuidad de la política de reconstruir el estado burgués y las FF.AA, así como del dominio de los grandes grupos capitalistas e imperialistas que en 1976 patrocinaron el golpe.
FFAA y democracia burguesa
El experto en temas militares Rosendo Fraga señala que "la traumática retirada del poder de las FF.AA, tras la derrota en Malvinas, la entrega incondicionada del poder (…) los juicios por las violaciones a los derechos humanos, los motines carapintadas, y la reducción presupuestaria (…) conformaron un contexto conflictivo para las relaciones civiles-militares (…) Durante la década del ’90, esto cambió con los indultos y la represión del motín carapintada de diciembre de 1990, restableciéndose la disciplina del Ejército.1
Desde 1983 la política de la UCR y el PJ fue la de crear una serie de normas jurídicas para legalizar la libertad de los genocidas y crear condiciones para recomponer a las FFAA. La Conadep (1983), el juicio a las juntas (1984), la instrucción a los fiscales (1986), la ley 23492 de Punto Final (1986), el acta de Semana Santa después del primer levantamiento carapintada (1987)2 , la ley 23521 de obediencia debida (1987), los indultos de Menem (1989), fueron parte de un entramado que sumaba impunidad. Pero no lograron reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad.
Desde mediados de los 90 bajo el menemismo, con la autocrítica del Gral. Martín Balza, se trató de imprimir un giro hacia este objetivo. Vinieron después las reparaciones económicas, los juicios de la verdad y las detenciones (domiciliarias) de algunos emblemáticos represores por la apropiación de los hijos de desaparecidos. Kirchner logró un avance significativo en el terreno de la reconciliación con los genocidas. La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final fueron continuidad de esta política y tienen el fin de profundizar la reconciliación de las FF.AA con la sociedad en función del interés estatal por recomponer plenamente a las instituciones represivas.
En este sentido, la anulación de las leyes -además de no cuestionar los indultos a los militares de Menem- golpea a lo sumo sobre un sector de oficiales retirados y de algunos cuadros en actividad que hoy por hoy no tienen peso ni poder real dentro de las Fuerzas Armadas3 , mientras la inmensa mayoría de los genocidas goza de libertad. Pero su rol fundamental es el de fortalecer a la nueva conducción militar comprometida en reorientar a las FF.AA de la "democracia" detrás de los nuevos fines impuestos por el poder político. La autocrítica del Almirante Godoy es una clara confesión de estos objetivos: "...la sociedad argentina (...) no merece que se le dificulte avanzar, en justicia, hacia las necesarias metas de reconciliación y unión nacional (...) Que por su fruto se obtenga la ansiada reconciliación que debe emerger necesariamente entre el Estado, sus instituciones y su pueblo." El museo de la memoria en la ESMA que se pretende inaugurar el 24 de marzo –con la presencia de los gobernadores del PJ- también es parte de esta política.
El rol de las FFAA
Desde la restauración de la democracia, la orientación de las FF.AA fue variando. En 1988 se promulgó la ley N° 23554 que diseñó nuevos roles en materia de defensa nacional, precisando el papel de las FF. AA, como de disuasión y de respuesta a las agresiones de origen externo. En diciembre de 1991 la Ley N° 24059 de Seguridad Interior estableció la coordinación -en el ámbito del Ministerio del Interior- del accionar de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad y de las policías provinciales, limitando el rol de los militares al apoyo a las operaciones de seguridad interior. Fue al amparo de estas leyes que las FF.AA participaron de la recuperación del cuartel de La Tablada, fusilando a sangre fría a los militantes y dirigentes del MTP que se habían rendido y luego en 1991 del aplastamiento del levantamiento militar carapintada de Seneildín.
Esencialmente fueron dos las políticas para fortalecer a las Fuerzas Armadas. Por un lado el envío de tropas a la primer Guerra del Golfo y posteriormente - como parte de las fuerzas de paz de la ONU en distintos conflictos4 . En segundo lugar, la participación activa en la ayuda asistencial interna, sobre todo a partir de la crisis social del 2002-5 .
Recientemente en la Cumbre de Monterrey un Encuentro de militares latinoamericanos definió la necesidad de una fuerza de despliegue rápido, conjunta entre Brasil, Argentina y Chile para intervenir en Bolivia, en caso de un nuevo levantamiento popular. Además Kirchner ya dio el OK al envío de tropas a Haití para respaldar a las fuerzas norteamericanas que invadieron ese país tras el golpe contra Aristide.
Mientras tanto la política represiva frente a los conflictos sociales descansa fundamentalmente en las policías provinciales y la gendarmería nacional que -encabezados por notorios ex represores de la dictadura- fueron los responsables de la muerte de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón y en el caso de la policía federal de los caídos en la Plaza de mayo en diciembre del 2001. Además, la Policía Federal, la Gendarmería e incluso la Prefectura tienen un papel fundamental en territorio bonaerense, patrullando sus calles, en los operativos en villas, siendo presentadas como garantía de seguridad frente al desmadre de la policía provincial.
La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) denunció que el Ministerio de Justicia les hizo llegar una batería de proyectos "entre los que se destaca un decreto para crear la ‘Unidad de Prevención e Investigación de actos de Terrorismo’". Se trata, denuncian, "de incorporar a las FF.AA. a las tareas de inteligencia en materia de Seguridad Interior y control sobre los ciudadanos, todo ello con el pretexto de la ‘causa AMIA’"6 .
En conclusión, si la política represiva del estado burgués viró a fortalecer a las fuerzas de seguridad, con relación a las fuerzas armadas, la "profesionalización" implica la intervención en el exterior como fuerza auxiliar del imperialismo, mientras se generan las condiciones para retribuirles –en el caso de ser necesario- capacidad de acción en el orden interno hoy con la excusa del "terrorismo internacional". Esta última es la función legitimante que explica el "asistencialismo" de los militares y fundamentalmente la reconciliación con los militares que pregona Kirchner.
 
1 La Nación. 15/12/2002. Nota "Bajo una plena subordinación al poder civil".
2 Este acta se constituye como un gran pacto de garantía de impunidad de los partidos políticos y sindicalistas (como Ubaldini) hacia los militares. Fue firmada por el PC, consecuente con el apoyo dado por este partido al golpe de Videla, contra una supuesta "ala pinochetista del Ejército.
3 Actualmente hay 73 militares detenidos por causas vinculadas a violaciones contra los derechos humanos, algunos de ellos aún en activo. La mayoría goza del beneficio de la prisión domiciliaria producto de su avanzada edad. Además se sigue negando la extradición, es decir que solo pueden ser sometidos a la justicia argentina y los militares pueden aprovecharse de la burocracia y los vericuetos del sistema judicial para evitar condenas firmes.
4 La sanción de la Ley N° 24.948 (8 de abril de 1998) incluyó a las operaciones de paz en el marco de las Naciones Unidas y a las operaciones en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos.
5 Una de las primeras etapas de esta colaboración fue el Plan Piloto que tuvo lugar en abril de 2002 en Concordia, en Entre Ríos, donde el Ejército –la Escuela de Caballería y el Regimiento 6 de Caballería de Concordia, trabajaron recibiendo alimentos, en una labor coordinada con Caritas. A mediados de 2002 en Córdoba el Ejército se desempeñó en ayuda social ante denuncias por irregularidades en la distribución de planes sociales y módulos alimentarios, y repartiendo bolsones de alimentos. Caben destacar el Operativo Rescate en Tucumán, presidido por Chiche Duhalde, con la participación del Ejército, destinada a enfrentar la situación de reiterados casos de muerte por desnutrición infantil y la participación de los uniformados en el reparto de ayuda asistencial en las inundaciones de Santa Fe.
6 Boletín N° 3 A.P.E.M.I.A, marzo 2004.
 
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Guardianes del estado burgués
La cuestión de las FF.AA y de la represión del estado burgués es estratégica para la clase capitalista. La autoridad que pregona Kirchner tiene su correlato necesario en la restauración del poder de las instituciones armadas. Que el intento de llevarlo a cabo se haga bajo el manto del respeto de la legalidad y los derechos humanos no puede ocultar un problema esencial: no hay poder burgués sin fuerzas represivas que lo sostengan.
El marxismo enseñó que el estado burgués reposa -en última instancia- sobre una banda de hombres armados y que la democracia burguesa no es más que la envoltura necesaria de la dictadura del capital. Los mismos que alentaron el golpe y dictaron sus órdenes a los militares, el imperialismo y los grupos capitalistas, lo siguen haciendo bajo los gobiernos civiles.
La historia de nuestro país a lo largo del siglo XX demostró que frente a la insurgencia obrera y popular la respuesta es el recurso de las armas. Basta ver la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde, los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955, la revolución fusiladora, el Plan Conintes de Frondizi, el Cordobazo, el golpe militar de 1976 y durante esta democracia los saqueos de 1989, Cutral Có, Mosconi, Tartagal, Jujuy, los saqueos del 2001 y las jornadas de diciembre de 2001.
La lucha contra la impunidad y la represión no puede ser reducida a los marcos del orden constituido. Es un problema de autodefensa para los que luchan. El salvataje de las Fuerzas Armadas y la reconstrucción del aparato represivo, es un peligro para los futuros combates sociales. Está orientado a mantener este orden basado en la explotación del trabajo y la propiedad privada. Las reivindicaciones democráticas y por las libertades públicas tienen que servir para movilizar contra el estado burgués. La idea de unas fuerzas armadas reconciliadas con el pueblo que sembró el peronismo es un engaño que la clase trabajadora tendrá que superar para conquistar su propia emancipación. Con este fin hay que destruir a las fuerzas armadas del sistema y reemplazarlas por el armamento generalizado del pueblo, una milicia basada en las organizaciones de trabajadores autodeterminados, fuerza armada de un nuevo estado de la clase obrera.