A 34 años de los apagones de Ledesma donde desaparecieron 33 compañeros, el jueves 22 marchamos junto a las Madres y familiares de detenidos desaparecidos, CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes), Ex detenidos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy-Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas de Plaza de Mayo).

Participaron ATE, CTA Tupac –Amaru, CCC y otras organizaciones.

En el acto intervinimos desde PTS, planteando que el golpe del ‘76 y los apagones fueron la respuesta patronal a la creciente combatividad y organización obrera. Por eso la magnitud del terrorismo de Estado y la impunidad consagrada por los gobiernos que siguieron a la dictadura, que continúa con el gobierno de Cristina, juzgando sólo a un puñado de genocidas. Y denunciamos el avance represivo con la criminalización de la protesta, como el procesamiento de docentes de la Puna por cortar la ruta durante la lucha de marzo.

“Nuestros testimonios permiten que los genocidas vayan en cana”

El 23 presentamos “ESMA. Memorias de la Resistencia”. Proyectada en la sede de CAPOMA, asistieron más de 40 personas y estuvieron presentes los referentes de los organismos de DD.HH. de Libertador y Calilegua. Luego se abrió un debate sobre la situación de los juicios en Jujuy y el papel de la justicia, que "cajonea" y pone trabas para impedir que avancen las causas (por ejemplo juzgando a los genocidas con el viejo código procesal penal y no con el recientemente reformado). Una compañera de Ex Detenidos comentó la situación que debieron enfrentar por haber quedado vivos, que hoy se compensa con la posibilidad de que sus testimonios permitan que los genocidas sean enjuiciados y vayan en cana. Una compañera de Familiares de Desaparecidos de Calilegua expresó que el terror desatado por la empresa Ledesma y los represores fue tal que muchos de los que estuvieron presos se negaron a dar su testimonio durante mucho tiempo. Desde el PTS reafirmamos nuestro compromiso de lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas, civiles y militares. Llamamos a las organizaciones sindicales, políticas, de DD.HH. y de la izquierda a iniciar una gran campaña en defensa del derecho a huelga y contra la criminalización de la protesta social y el procesamiento de los luchadores.