Se crea una enorme estructura con decenas de nuevos cargos, que actuará como una tercera instancia (cuarta si se considera la de conciliación previa), por sobre los juzgados de primera instancia y las Cámaras de Apelaciones, que le permitirá al Gobierno unificar jurisprudencia según sus intereses, manejar los tiempos del conjunto de las causas y garantizarse una instancia de jueces íntegramente nombrados por ellos, que quedarán en sus puestos más allá del gobierno kirchnerista. Incluso, hay quiénes alertan que ante la urgencia, el kirchnerismo podría intentar ocupar esos cargos con los jueces subrogantes (suplentes) aprobados en el Senado en 2012 por la mayoría oficialista.

Como resultado, se extenderán los procesos, por ende se favorecerá a la parte con más poder para “aguantar el juicio”, a los que más tienen en detrimento del pueblo trabajador y de los jubilados. Algunos abogados laboralistas ya denuncian que un proceso podría durar hasta 15 años. Una sola Cámara de Casación Laboral y Previsional tendrá que resolver las sentencias provenientes de diez salas laborales y tres salas del fuero de la Seguridad Social, que emiten centenares de fallos por mes en el primer caso y miles en el segundo.

La lentitud de las causas no es un mal futuro, sino que comenzará a afectar próximamente porque una vez sancionada la ley se aplica para las causas en trámite.

El argumento oficial de que el objetivo es descomprimir a la Corte Suprema no parece creíble y menos atendible, pues no parece muy nacional y popular implementar una reforma que perjudica a trabajadores y sectores más desprotegidos para favorecer a la Corte; que un jubilado deje de cobrar para que lleguen tantos casos a ‘Vuestras Excelencias’, muy progresista no es…

No podemos olvidar que la nueva ley de Riesgos del Trabajo votada por los K y el PRO de Macri, envió a la justicia civil los casos derivados de accidentes de trabajo. A ellos también les alcanzará la demora con la creación de la Cámara respectiva.