La sociedad genocida entre empresarios y Fuerzas Armadas

Con el comienzo de los alegatos entró en su etapa final el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo De Mayo. Aquí se juzga a importantes represores del Ejército, el Batallón 601 y la Policía Bonaerense como Bignone, Riveros, Tepedino, García y Montenegro.

Los testimonios que se recibieron a lo largo del debate dieron cuenta de la enorme maquinaria genocida que funcionó en Campo de Mayo, de la que fueron víctimas centenares de trabajadores de la zona norte del Gran Bs. As., militantes políticos, estudiantiles y sociales.

Quedó plenamente demostrada la coordinación entre las fuerzas represivas y los empresarios en el genocidio que dejó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Los testigos relataron cómo los gerentes de empresas como Mercedes Benz (donde desapareció su Comisión Interna y numerosos activistas) entregaban al Ejército los datos y domicilios de los obreros que debían secuestrar. Esta empresa llegó a contratar como jefe de personal al genocida Lavallen, reconocido por ex detenidos de la fábrica como quien los torturaba en la comisaría de San Justo. Y algo más tenebroso aún: la empresa donó un equipo completo de obstetricia a Campo de Mayo, para que se pudieran asistir los partos clandestinos.

El martes 2 de febrero se escucharon importantes testimonios. Primero declaró Claudia Berlingieri, investigadora de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Contó que obran miles de archivos de inteligencia referidos a la militancia sindical y estudiantil, que van de los años 1956 a 1998. Que los grupos de tareas de la dictadura se valieron de esa información obtenida antes del golpe de estado, y que esos archivos se siguieron usando e incrementando después de 1983. Esta información de inteligencia, relató, se nutría con aportes de empresarios que entregaban datos de delegados y activistas, así como de rectores de universidades o colegios que informaban sobre militantes estudiantiles.

Por último declaró Víctor De Genaro, quien brindó importantes datos sobre la denuncia por genocidio que realizó la CTA en España mientras estaban vigentes las leyes de impunidad. Dicha denuncia demuestra el plan genocida hacia el movimiento obrero, la connivencia entre empresarios y fuerzas represivas para aniquilar el profundo proceso que se vivía en la base del movimiento obrero, que venía acumulando experiencias de lucha y organización como el Cordobazo, el Villazo, etc. Dio datos precisos sobre la participación de representantes de las grandes empresas en los planes económicos impuestos con el genocidio, cubriendo ellos mismos el 70% de los cargos en áreas del Estado relacionadas con la economía.
Con esos testimonios finalizó la etapa de pruebas, comenzando ahora con los alegatos, donde solicitaremos que sean todos condenados por genocidio.