por Leticia Celli y Ivana Esper, CeProDH, Córdoba

Comenzó un nuevo juicio en Córdoba contra el genocida Luciano Benjamín Menéndez, y esta causa también incluye entre sus imputados al máximo jefe de la represión en la Argentina: Jorge Rafael Videla, así como a otros veintiocho represores. En esta oportunidad la mayoría de ellos están acusados por treinta y un víctimas.

La causa “Videla” integra los expedientes de otras dos causas. La primera, la más importante en términos de cantidad de imputados y víctimas, es la conocida como “UP1”, debido a que la mayoría de las víctimas fueron presos de la cárcel de San Martín, conocida en los ‘70 como Unidad Penitenciaria N°1. La otra causa anexada es la que llevó el nombre “Gontero” que se sustancia por torturas llevadas adelante en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2).

Este juicio se lleva adelante luego de haber sido suspendido en varias oportunidades debido a que Menéndez está siendo acusado en varios lugares del país y se superponía con otros. Una consecuencia más de lo que desde el CeProDH denunciamos: que estos juicios se realizan de manera desmembrada, a cuentagotas, juzgando a unos pocos por algunas víctimas. Esto muestra una clara intencionalidad de la “política de DD.HH.” del gobierno: juzgar a algunos pocos gerontes para que la mayoría de los miembros de las fuerzas represivas, empresarios y civiles queden absolutamente impunes.

Política que además lleva a que los testigos se vean expuestos a tener que relatar una y otra vez el horror que vivieron (teniendo a Jorge Julio López desaparecido y a Silvia Suppo asesinada) y a que los pocos genocidas imputados se vayan muriendo sin condena.

Por eso seguimos exigiendo que los juicios agrupen las causas por Centro Clandestino de Detención, juzgando a todos los represores que allí actuaron y por todas las víctimas. Esto también se simplificaría abismalmente si se abrieran los archivos de la dictadura.

La complicidad civil: un caso de la justicia

Pero la “novedad” de este juicio y lo que los medios titularon como “sorpresivo”, fueron las declaraciones de los torturadores denunciando a miembros de la justicia de cómplices. Cuando declararon el “Turco” Jabour y el “Gran Tucán” Yanicelli, ambos miembros también del Comando Libertadores de América que operó en Córdoba antes de la Dictadura, acusaron de “servicio” y de colaborador con la dictadura, nada más y nada menos que al presidente de la actual Cámara Federal: Luis Rueda. Incluso mostraron una foto del “joven” Rueda brindando con sus amigos genocidas. Es decir que los que se ven un poquito apretados por las circunstancias actuales no dudan en decir aquello que quienes luchamos hace años por el juicio y castigo a los genocidas venimos denunciando: que en la Justicia, así como en las fuerzas represivas, la Iglesia misma, entre los empresarios y diversas instituciones del estado sigue habiendo miles de cómplices y garantes de la dictadura.

Duros con los familiares y flexibles con los asesinos

Por otra parte, no casualmente seguimos presenciando, como en los anteriores juicios, una flexibilidad total con los genocidas por parte de las autoridades del tribunal que, mientras permiten que éstos digan todas las barbaridades que se les ocurren, que incluso se duerman en el juicio, se les prohíbe a los familiares de los desaparecidos y torturados que lleven fotos de las víctimas en sus remeras.

Desde el CeProDH y el PTS nos movilizamos el día del comienzo del juicio a la puerta de Tribunales. Lamentablemente la movilización fue la más pobre de los últimos tiempos. Creemos que una de las causas de esta escasa participación, está en la confianza que depositan muchos organismos en la política del gobierno y su justicia. No podemos confiar en la Justicia que los mismos genocidas implican en su plan, ni en este gobierno que quiere “mostrarnos otra cara” de las fuerzas represivas y reconciliar a la sociedad con éstas mientras siguen atestadas de represores. Porque si se ha logrado tener a algunos represores sentados en el banquillo, ha sido fruto de la movilización de quienes luchamos por juicio y castigo durante años.

Por eso hoy, mientras paradójicamente presenciamos que los sectores más reaccionarios de la sociedad como la Iglesia están ocupando las calles contra nuestros derechos democráticos más elementales, se hace imprescindible redoblar los esfuerzos y movilizarnos de manera independiente del Estado y todas sus instituciones para que TODOS los represores y sus cómplices civiles (entre los que se encuentran muchos jueces) y empresariales, sean condenados por lo que hicieron: UN GENOCIDIO, Y VAYAN A C˜áRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.