Al cierre de esta edición se realizaba en Perú la jornada nacional de protesta de la central sindical CGTP, en consonancia con un paro agrario de 48 horas convocado por las organizaciones campesinas que se extendía a varias regiones del país.

Según las primeras informaciones, la protesta había paralizado totalmente Ayacucho, Iquitos, Madre de Dios y Ucayali, entre otras zonas, haciéndose sentir con particular fuerza en todo el Sur y Centro del país, incluyendo bloqueos en importantes rutas, como en Ica, Arequipa, Puno y Cusco. Durante la jornada campesinos y mineros incendiaron la sede del gobierno regional de la localidad Madre de Dios en protesta contra la llamada “Ley de la Selva” con la que el gobierno de Alan García pretende pasar a manos privadas tierras de la zona. Además, eran numerosas las concentraciones convocadas para la fecha, con una central preparada en Lima.

Y esto, pese al vasto operativo de intimidación y represión del gobierno, que había declarado ilegal la huelga y desplegó más de 100.000 efectivos policiales e incluso tropas del ejército que ocuparon edificios públicos, aeropuertos, etc., además de disolver bloqueos y realizar cerca de 200 detenciones.
Las acciones del 8 y 9 de julio se suman a una larga serie de movilizaciones sectoriales y regionales que ha incluido paros de los trabajadores mineros y levantamientos como el recientemente ocurrido en la ciudad portuaria de Moquegua.

El gobierno de Alan García (APRA) viene aplicando un programa proimperialista, antiobrero y antipopular que a partir de la firma del TLC con Estados Unidos, incluye nuevos ataques contra el salario, las condiciones laborales ya enormemente precarizadas para la mayoría de los trabajadores, y contra las condiciones de vida de los campesinos y los sectores populares. Por ejemplo, los planes de erradicación de la hoja de coca y otros dictados por sus acuerdos con el imperialismo, a lo que se agrega el encarecimiento de la vida por la inflación en los precios de alimentos y otros bienes.

Para imponerse a la tenaz resistencia obrera y popular, el gobierno se apoya en los acuerdos con lo peor de la derecha neoliberal y el fujimorismo, y viene implementando una ofensiva represiva que incluye la “criminalización de la protesta” amparada en la cínica retórica del “resurgir del terrorismo”. Al mismo tiempo, las patronales mineras e industriales se endurecen contra los importantes procesos de reorganización sindical y lucha por mejores condiciones laborales que se vienen dando.

Las acciones de masas de estos días muestran la disposición a la lucha del movimiento obrero, campesino y popular peruano y el amplio rechazo al gobierno del APRA y sus planes entreguistas.
Sin embargo, la CGTP y otras direcciones burocráticas no le dan ninguna perspectiva a la movilización ni coordinan las diversas luchas sectoriales. Por ejemplo, hace algunos días la federación minera levantó el paro del sector, en lugar de unificarlo con la jornada de protesta nacional. En Cusco, hubo un compromiso para no entorpecer el encuentro de la APEC –es decir, del imperialismo y sus socios en la cuenca del Pacífico– al que Alan García juega sus cartas.

La estrategia reformista de ejercer presión sobre el gobierno, esperando que “el crecimiento sea para todos”, no va más allá de medidas aisladas que si bien permiten expresar la bronca de las bases, son utilizadas por la burocracia para descomprimir.
Hace falta un verdadero plan de lucha nacional, que unifique las fuerzas de los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de las regiones, para derrotar decisivamente al gobierno y abrir el camino a una salida obrera, campesina y popular.