por PTS Jujuy

Desde la brutal represión que se cobró la vida de Ariel Farfán y Félix Reyes, jóvenes obreros rurales tercerizados, y Juan Velázquez, trabajador municipal, la tranquila calma del norte estalló por el lado más flaco: la falta de vivienda que afecta a miles de trabajadores ocupados y desocupados de toda la provincia. En este marco, una fuerte crisis política cae sobre el gobierno ultra kirchnerista de Barrionuevo y llega a empañar la imagen de Cristina, desnudando que sus “derechos humanos” son puro discurso: ya son 14 los muertos por la represión a la protesta en lo que va de su gestión.

Sobrevino una crisis en el régimen provincial, en el vínculo entre los grandes terratenientes como Blaquier y la casta política, poniendo al PJ en el centro del huracán.

El gobierno intenta evitar que toda la bronca y la desesperación por la falta de vivienda se lo lleve puesto. Por ello, aprobó un proyecto de expropiación de 40 hectáreas votado junto con la UCR, pero que ya se muestra insuficiente, dado que son miles las familias asentadas en tierras de Ledesma y las ocupaciones se expanden por la provincia.

El PJ y la UCR temen que vuelva a producirse el fantasma de la caída de gobernadores de los ’90 por la intervención de las masas. Por eso, junto con esta expropiación de contragolpe, lanzaron una comisión investigadora de la represión, compuesta por legisladores de ambos partidos. Una nueva burla de los que desde hace 28 años gobiernan para las grandes patronales como la de Blaquier. Ambos partidos basan su campaña en la política de mayor “seguridad” y mano dura contra los desocupados. Gerardo Morales de la UCR salió a decir después de la represión que “acá hay organizaciones sociales a las que se les aplica la ley, como corresponde, pero hay otras organizaciones que gozan de una gran impunidad, que hacen lo que quieren, que rompen todo”. Ninguna justicia puede esperarse de ellos. Es necesario poner en pie una comisión investigadora independiente formada por organismos de DD. HH., sindicatos, partidos que no transen con el oficialismo ni la oposición patronal.

Tras el despertar obrero en el ingenio Ledesma -luego de la primera huelga tras 23 años, en reclamo de un aumento salarial-, las tomas de tierras, que cobraron confianza e impulso por la vuelta a la lucha huelguística, dieron lugar, indudablemente, a una nueva situación provincial. A pesar de la represión y el clima reaccionario, se desarrolló una masiva y extendida ocupación de tierras y viviendas, con el protagonismo de sectores plebeyos, desocupados, trabajadores en negro, tercerizados y trabajadores sindicalizados. Las tomas cuestionan la propiedad privada y la legalidad de los capitalistas, profundizando el odio a un régimen político corrupto y entregador. La juventud es la que más sufre la pobreza, la desocupación y el trabajo en negro.

La falta de vivienda: un problema estructural irresuelto

El acceso a la vivienda es un problema estructural, en tanto un puñado de empresarios y terratenientes concentra casi toda la tierra en la provincia, mientras miles de personas no pueden acceder y viven hacinadas o pagando alquileres usurarios. Cualquiera que quiere construir en el departamento de Ledesma tiene que pedir permiso a los Blaquier; en Puesto Viejo, a la empresa Minetti; en la Quebrada, a las inmobiliarias y a los empresarios hoteleros, o en la zona de los valles centrales, a los tabacaleros, por citar algunos ejemplos. Es la propiedad ultra concentrada de los capitalistas lo que choca con las aspiraciones de las masas trabajadoras.

El gobierno se ubica del lado de los empresarios, garantizando su propiedad: por eso la brutal represión, los subsidios millonarios que entrega a los tabacaleros y la exención de impuestos a la producción de bioetanol del Ingenio Ledesma. Sus planes de vivienda a través del IVUJ son insuficientes y los trabajadores ocupados pasan años pagando la cuota y a la espera, mientras las pocas casas que construyen se las adjudican a dedo entre sus amigos políticos y sus constructoras amigas (Roggio, Ulloa, etc.). La asistencia social y las cooperativas de vivienda de la Tupac Amaru fueron parte de un plan de desvío de las luchas a comienzo del 2003, un proyecto que tiene de rehenes a los beneficiarios de las casas y que evidentemente tampoco alcanzó para cubrir la demanda de vivienda. El modelo kirchnerista (Tupac incluida) no solucionó ningún problema de fondo. La inflación y los bajos salarios son un elemento extra que explica el emerger de sectores de trabajadores que tomaron en su propia mano la resolución de sus problemas.

Paro provincial y movilización para conquistar justicia y vivienda para todos

Está en curso una crisis del gobierno y un sector movilizado en las tomas y ocupaciones, pero con la ausencia en la acción de la clase obrera y sus organizaciones. No se ha llamado a ninguna medida concreta de apoyo desde el FGE, la Multisectorial, la CTA y -los peores casos- los sindicatos azucarero (en el cual varios compañeros que ocuparon tierras tienen cartas de despido) y del citrus (del cual hay trabajadores muertos del sector tercerizado), cuando su acción podría hacer rodar la cabeza de Barrionuevo. Por eso la exigencia de paro provincial y movilización, con cortes de rutas, para que caiga Barrionuevo y lograr el juicio y castigo de Blaquier y todos los responsables. Y para avanzar en la expropiación de todas las tierras necesarias, sin pago, para lograr viviendas para todos, y, a la vez, en un plan de obras públicas bajo control obrero, para lograr trabajo genuino para miles, articulando así la unidad obrera y popular.

Hasta el momento las movilizaciones de la Tupac denuncian a la empresa Ledesma y al gobierno pero no están orientadas realmente bajo esta perspectiva. Todas las organizaciones fueron sobrepasadas por los trabajadores. Al no plantear la perspectiva de una acción unificada, como un paro de toda la provincia, le están brindando al gobierno un tiempo precioso para que se recomponga de su crisis. Las organizaciones sindicales reaccionan contradictoriamente (en el marco conservador y corporativo) al exigir al gobierno que, respetando los convenios, se entreguen las viviendas aunque sea sin terminar, para evitar que los desocupados y los trabajadores en negro las ocupen. Esto alienta una guerra de pobres contra pobres: ya se dieron enfrentamientos entre los mismos trabajadores.

Ante esta nueva situación los trabajadores y jóvenes del PTS venimos exigiendo el paro y la movilización de los sindicatos junto con las organizaciones sociales hasta la caída del gobernador. Este es un primer paso para lograr el juicio y castigo de los responsables de la represión, e imponer un plan de viviendas para todos bajo control de los trabajadores y familias beneficiarias.