El jueves 6/12 la ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta de una nube tóxica, a raíz de un derrame y posterior incendio de un container en el Puerto. Primero se propagó en Villa 31, luego llegó al microcentro.

En el Puerto no había una normativa de prevención de cómo se debía actuar, tampoco se sabía el contenido del derrame y al querer apagarlo con agua se causó el efecto inverso, provocando la expansión del agrotóxico. La población lo vivía con incertidumbre: se ordenaba desalojar los lugares de concentración de gente pero al llegar a las estaciones de subte los pasajeros se encontraban encerrados, otros tantos miles deambulando por las calles colapsadas del microcentro, miles con la orden de quedarse encerrados apagando los aires acondicionados. Todo evidenciaba la incapacidad para manejar situaciones de desastre tanto de Defensa Civil de la Ciudad como de la Secretaría de Seguridad de la Nación.

Como denunciaron en un comunicado delegados y paritarios de la Terminal 4 (Marina Mercante), inmediatamente de haberse producido el desastre, “estas cargas peligrosas con las que convivimos los trabajadores portuarios dejaron al desnudo un sistema de evacuación insuficiente ante desastres como éste, donde ni siquiera habían barbijos para todos y muchos nos las arreglamos como pudimos ayudándonos entre los laburantes mientras se nos complicaban las vías respiratorias”. En las declaraciones que circularon por varios medios nacionales también denunciaron que “el secretario de Seguridad Sergio Berni aseguraba muy tranquilamente envuelto en su traje nuclear y con un tubo de oxígeno que no pasaba nada, que sólo era un insecticida que produce algún mínimo mareo, mientras varios compañeros estaban hospitalizados con graves problemas respiratorios y miles de habitantes de la villa 31, y en la terminal de ómnibus, sufrían la inhalación de los agro tóxicos”.

Los delegados además señalaron que “mientras se invierten millones y millones en ampliar la infraestructura de la Terminal 4, generando ganancias siderales con las cargas, los trabajadores estamos librados a la suerte, conviviendo con cargas peligrosas y trabajos de alto riesgo. Y mientras la Seguridad e Higiene esté a cargo de la empresa y con mínimos controles, estas cosas van a seguir ocurriendo. No se puede permitir que las terminales sean más operativas a costa de la vida de los trabajadores y el pueblo, en nombre de bajar los costos operativos”.

Estos pulpos navieros, que con la privatización dejaron miles en la calle, se adueñaron de nuestros puertos convirtiéndolos en una bomba de tiempo.

Los agrotóxicos derramados son los que usan los sojeros y dañan cotidianamente a trabajadores y poblaciones rurales. Esta vez impregnaron a cientos de niños de la Villa 31 y a trabajadores de la zona. Según organizaciones ambientalistas que intentaron hacer mediciones de toxicidad y no pudieron, esto podría traer secuelas a futuro.
Mientras siga primando las ganancias de estas multinacionales navieras y las agroexportadoras que se enriquecieron durante el kirchnerismo por sobre la salud y las condiciones de vida de los trabajadores, estos desastres volverán a ocurrir.

Los únicos que realmente podrían planificar las evacuaciones y que saben dónde están los peligros somos los trabajadores. Por eso una de las peleas que este desastre destapó es la de poner en pie comisiones de Seguridad e Higiene controladas por los trabajadores, más allá de la división que se impone desde los sindicatos, peleando todos juntos contra la insalubridad, por la reducción de la jornada laboral con el mismo salario y por la efectivización de todos los tercerizados cubriendo todos los puestos que se necesitan para operar.

Esto sería sólo el comienzo, en el camino de la nacionalización de los puertos bajo administración obrera y con el monopolio del comercio exterior en beneficio de las grandes mayorías. Con toda esa recaudación se podrían reactivar los astilleros, tener barcos propios, hacer miles de viviendas populares y urbanizar la Villa 31.

Corresponsal portuario