El 11 de diciembre comenzó el juicio oral y público por parte de los crímenes cometidos en la ESMA. Se juzga a marinos, prefectos, policías y un miembro del Ejército. También está en curso el juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo en la IV zona represiva. Queremos destacar lo que se evita juzgar en estos juicios parcializados.

La actual forma de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad puede ser cuestionada desde varios ángulos, aquí focalizaremos en uno de esos aspectos. En estos juicios hay dos modos de que un genocida resulte imputado. Una, que sea parte de la “cadena de mandos”, de los que daban las órdenes; así vemos el caso de Menéndez, a quién es la tercera vez que se lo juzga por sus responsabilidad como jefe del III Cuerpo de Ejército. Bien condenado está ¿pero sólo él y un grupito de represores sostuvieron centros clandestinos de miles de detenidos desaparecidos como La Perla de Córdoba? ¿Sólo él y Bussi cometieron los delitos aberrantes en Tucumán? Indudablemente no. Los castigan por ser los superiores jerárquicos y cargan contra ellos todas las responsabilidades, preservando al resto, cuando es conocido que se hacía participar hasta el último integrante de las fuerzas represivas para garantizar el pacto de silencio posterior.

La otra forma, es que una víctima reconozca al represor. Se le exige a gente tabicada, encapuchada, en condiciones terribles de cautiverio que identifique a su agresor. Si la víctima no lo reconoce, queda impune. Si lo hace, se expone como le pasó a Julio López a la venganza de los represores.

Este sistema de imputación, entre otras cosas, viene a cortar la cadena de responsabilidades con aquellos que fueron los autores intelectuales del golpe. Con este método ¿cómo llegar a la Embajada de Estados Unidos que promovió los golpes de la región? ¿Cómo llegar a la Sociedad Rural o los grupos empresarios que fueron sus gestores? ¿Cómo llegar a los que confeccionaron las listas negras en las fábricas de donde desaparecieron comisiones internas completas?

Pese a este gran beneficio de impunidad, la persistente lucha de muchos ex detenidos desaparecidos ha logrado generar pequeñas grietas en este muro de impunidad.

Del ministerio de Economía a la ESMA

Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos vio en la ESMA a Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura y número dos José A. Martínez Hoz. Alemann fue a ese centro clandestino a reconocer a Silvia Dameri y a Orlando Ruiz que se encontraban con evidentes signos de torturas, con grilletes y capucha, y a quienes los marinos acusaron de participar en el fallido operativo contra el funcionario en la mañana del 8/11/79. Silvia dio a luz en agosto de 1980 a Laura Dameri Ruiz, apropiada por el prefecto Azic.

En 1975 Martínez de Hoz visitó a Videla -jefe del Estado Mayor en ese año- junto con otros miembros del Consejo Argentino Empresario, para solicitarle que contribuyera a “preservar el orden” en las circunstancias que impedían “la libertad de trabajo, la producción y la productividad”. Juntos diseñaron un sistema de espionaje coordinado con las fuerzas de seguridad y la inteligencia militar, orientado a identificar a los principales activistas gremiales.

Alemann decía que “el Estado es el socio oculto de todas las empresas privadas”. Se desempeñó, nada más ni nada menos, que en un área que concentraba la esencia de la dictadura militar: la de lograr una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los grupos económicos concentrados y los sectores financieros.

Finalmente, logramos que este 10 de diciembre fuera citado a indagatoria imputado de encubrimiento y se negó a declarar. Disentimos con esa calificación legal, porque -como al ministro Abel Posse de Macri- le cabe una acusación mayor como partícipes del genocidio que incluía estas funciones civiles.

Campo de Mayo, centro de represión de las empresas

Otros de los casos paradigmáticos que demuestran la sociedad entre el empresariado y los militares es el de la Mercedes-Benz, firma alemana que está denunciada por colaborar con el apartheid sudafricano. Además, un informe presentado por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos señala que esta empresa utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de los campos de concentración del régimen nazi.

En el juicio en curso por los crímenes de Campo de Mayo, recientemente declaró el sobreviviente Héctor Ratto. Relató la historia de organización y lucha de los obreros de la Mercedes, contó que el año 75 llegaron a tomar la fábrica en una gran lucha contra la burocracia del SMATA, y lograron imponer delegados votados por la base y distintas reivindicaciones. Luego del golpe se tomaron revancha; Ratto refirió que las patotas del Ejército secuestraron a los delegados y activistas, y él mismo presenció cuando el gerente de producción Juan Tasselkraut le entregaba a miembros de un grupo de tareas el domicilio de un delegado que desapareció ese mismo día.

Los jueces y la dictadura

Pocos días antes de comenzar el juicio de la ESMA y mediante Decreto 1713, Cristina F. de Kirchner le facilitó la retirada al juez Guillermo Gordo del Tribunal N° 5 -que juzga a los marinos- y pasar a otro con menos exposición, ante la transcendencia que estaban tomando varios datos de su historia personal. Claro, ya el juez Gordo intervino en siete causas de lesa humanidad, absolvió a varios genocidas y sigue siendo juez… pero eso no parece importante para el gobierno de los K.

La suegra del juez Gordo, Martha Delia Pons, fue titular de un tribunal de familia de Lomas de Zamora en el que el propio Gordo trabajó hasta septiembre de 1976 y se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés.

En abril del 1976, su padre, general de brigada ˜ángel Andrés Gordo, fue designado por decreto de Videla como vicepresidente de SOMISA.

MB y LB