Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados comenzó el debate del paquete de leyes impositivas que incluye la prórroga por diez años de los impuestos a los Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta, de dos años para el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios y un año para el gravamen que se aplica sobre el precio final de los cigarrillos.

También se discutirá la suspensión durante dos años de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Luego de la votación de estas leyes, comenzará la discusión del Presupuesto Nacional del año 2010.

El kirchnerismo busca prorrogar estos impuestos porque son esenciales para mantener la recaudación. Pero consciente de que ésta no alcanza para cubrir los déficits provinciales, pretende suspender la Ley de Responsabilidad Fiscal para permitir que los balances provinciales cierren con déficit y que las provincias se puedan endeudar; en resumidas cuentas, salvar las papas hoy y endeudarse a futuro. Esta es la moneda de cambio para asegurarse el voto de los gobernadores provinciales al paquete de leyes.

El telón de fondo es la crisis económica que, si bien no se profundizó (ver LVO N° 346), continúa impactando sobre la economía local. Por este motivo, el gobierno no sólo prorroga los impuestos mencionados, sino que mantiene el actual sistema impositivo que recae sobre las espaldas de los que menos tienen. El 21% del IVA impacta sobre los trabajadores y el pueblo, que destinan todo lo que ganan al consumo, mientras que los capitalistas sólo gastan una parte en el consumo y el resto lo invierten, por ejemplo, si se dedican a la especulación bursátil no pagan ningún impuesto. Otra de las formas que el gobierno utiliza para esquilmar a los trabajadores es la apropiación de los recursos de la seguridad social, es decir, la jubilación presente y futura de los trabajadores, lo que se conoce como salario diferido. El IVA y las contribuciones a la seguridad social representan el 53,5% de la recaudación. La presión impositiva también ataca a los trabajadores mejores pagos, es el caso del impuesto a las ganancias, que sigue afectando a sus salarios, como a los petroleros.

Por esto, es verdaderamente cínica la siguiente afirmación del Presupuesto: “Las prioridades en la asignación del gasto público para el ejercicio 2010 reflejan la continuidad de las políticas públicas implementadas durante el período 2003-2009. Dichas políticas tienen como objetivo la inclusión de todos los ciudadanos en un sistema en el que exista una distribución justa del ingreso y se evidencie la movilidad social ascendente, en un marco de desarrollo sostenido de la producción y la generación de valor agregado en la economía”.

En realidad, el objetivo del gobierno es continuar con los subsidios a los empresarios, seguir pagando la deuda externa (se pagarán $26.547 millones, el 2,12% del PBI, en el 2010), y pagar más aún, este es el caso del Club de París y de los fondos buitres que no aceptaron el canje de bonos, y con los cuales se negocia un acuerdo.

La oposición patronal, por su parte, recomienda acercarse más aún al FMI y sus “recetas” de ajuste, para lograr conseguir más crédito (deuda). Mientras que las organizaciones de centroizquierda, en particular Claudio Lozano de Proyecto Sur, viene afirmando que el gobierno sobreestima el crecimiento y la recaudación, y que hay que “gravar la renta financiera”, entre otras medidas. Esta posición no representa una salida de fondo que cambie de raíz la situación de los asalariados y el pueblo. Lo que está planteado es luchar por no pagar la fraudulenta deuda externa y destinar ese dinero a mejorar la salud y la educación de la población, así como implementar un verdadero plan de obras públicas que satisfaga las necesidades elementales de la población como ser la falta de viviendas, agua, gas natural y cloacas. La burguesía apela al control sobre la banca y las exportaciones para fugar los capitales, evadir impuestos, y hacer maniobras con la facturación de exportaciones e importaciones. La única medida realista que puede impedir esto es la nacionalización de la banca y el comercio exterior con control de los trabajadores. La implementación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y la eliminación de impuestos que gravan directamente a los trabajadores como el IVA, es una demanda que sólo podrá ser impuesta mediante una gran lucha obrera y popular.