El día lunes el Merval (Mercado de Valores de Buenos Aires) batió el récord de crecimiento en lo que va del año. Es que los capitalistas festejaban las grandes ganancias que les esperaba a partir del anuncio del Ministro de Economía y Finanzas, Amado Boudou, desde Cancún sobre el visto bueno que dio la SEC (Securities and Exchange Commission, la entidad de EEUU que regula el mercado financiero) para la operación de canje de bonos con los holdouts (bonistas que no aceptaron la oferta de 2005). El gobierno “nacional y popular” avanzaba en concretar la reapertura del canje que ya había prometido Cristina Kirchner en New York en 2008 ante el Council on Foreign Relations. La aprobación de la SEC había sido anticipada por Hillary Clinton semanas atrás cuando visitó a Cristina Kirchner en Buenos Aires.

Dando de comer a los buitres

Mientras los Kirchner mediante declaraciones dicen defender la soberanía nacional en Malvinas entregan al Barclays, uno de principales bancos británicos, una operación millonaria. Este banco es el principal operador de la reapertura del canje. Detrás del banco Barclays actúan los fondos buitres Marathon y Gramercy que tienen una buena parte de los bonos de default. Marathon ya participó de varias operaciones especulativas en Argentina. En 2005, junto con Ashmore (otro fondo buitre) se quedó con un tercio de Metrogas luego de comprar parte de su deuda en default. Lo mismo hizo en 2006 con TGS (Trasportadora de Gas del Sur). Esos fondos que según Cristina Kirchner “se los compara con esos pájaros de alas negras que comen carroña, que comen carne muerta” están entre los principales beneficiarios del canje.

Pero también el Citibank y el Deutsche Bank, representantes del capital financiero yanki y alemán, que se llevarán (junto con el Barclays) unos u$s100 millones de dólares sólo en comisiones, aunque algunas noticias indican que podrían ser muy superiores. Todo esto, sin contar que estos bancos también estuvieron comprando bonos a precios devaluados que ahora canjearán por otros de mayor valor. Esta realidad los Kirchner buscan esconderla detrás de los pequeños ahorristas italianos que son minoritarios en la operación y serán los más perjudicados porque compraron sus títulos al valor íntegro. La Task Force Argentina que agrupa a tenedores de bonos en default, entre ellos los ahorristas italianos, pero también a varios especuladores, tiene unos u$s4.500 millones, solo un 22% del total. Es más, mediante la operación el gobierno exculpa a los bancos que estafaron con la colocación de los bonos argentinos a pequeños ahorristas. Si todo esto no estuviera ocurriendo en 2010 sería una perfecta postal de los ’90.

Para la gran mayoría de los tenedores de bonos la operación no significa ninguna quita porque compraron los bonos en estado de default. Es decir, compraron los bonos a precios de mercado totalmente devaluados. Por ejemplo, un bono de u$s100 lo compraron a u$s20 o u$s30. El gobierno dice que no pagará comisiones, que lo harán los holdouts, pero mediante distintos incentivos adicionales más que compensará el peso de esas comisiones. Si la oferta final de canje tuviera el descuento que dice el gobierno, se les estaría reconociendo de mínima un valor de u$s35, ya de por sí una gran ganancia. Pero esto no es así. El gobierno presenta la oferta como si tuviera un descuento del 65% para mostrar que es igual a la del año 2005, pero con la suma de interés no pagos de todos estos años y el agregado de un cupón que paga dividendos en relación al crecimiento del PBI la oferta alcanza valores más altos. De hecho, los tres bancos que gestionan el canje “ofrecían comprar los papeles a precios que van de 50 a 55 dólares cada 100 dólares nominales, es decir un valor muy parecido al que tendría la oferta argentina.” (Clarín, 24/03/2010). Esas compras de los bancos muestran que lo que recibirán por cada bono es superior, al menos, a los u$s50. Por ende, los bonos tendrían una quita menor al 50%. Los tres bancos que intervienen en la operación poseen o gestionan en sus carteras más de la mitad de los bonos que entrarían al canje.

La farsa del desendeudamiento

Toda la operación se realiza en función de relanzar el endeudamiento. Los tres bancos que intervienen le garantizarían al gobierno una colocación de nuevos bonos por u$s1.000 millones. Si en todos estos años el famoso “desendeudamiento” de los K significó que la deuda pasara de u$s130.000 millones en 2005 (luego del primer canje) a u$s147.000 millones a finales de 2009, ahora pegará un nuevo salto que la llevará a más de u$s160.000 millones. Todo por reconocer valor a bonos que estaban totalmente devaluados en el mercado bajo la condición de default. Además, desde el canje que hicieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en 2005 los pagos de intereses crecieron a tasas astronómicas mucho más altas que las tasas chinas que mostró la economía. Así, se pasó de pagar en 2005 intereses de deuda por $10.000 millones a pagar dos veces y media más en 2009, llegando a los $25.000 millones. Los próximos años se hará cada vez más difícil asumir los pagos de intereses. Y no solo esto, porque cuando a los pagos de intereses de la deuda se le suman los pagos del capital, las cifras alcanzan valores que superan ampliamente, por ejemplo, la suma de los presupuestos anuales de educación y salud.

De esta forma, aunque en lo inmediato la operación les da algo de aire a los K con el dinero fresco que recibirán para tratar de dar una sobrevida a la suerte de “bonapartismo fiscal” que practicaron todos estos años repartiendo a discreción fondos a intendentes y gobernadores, en realidad están preparando las condiciones de ajuste fiscal hacia adelante. La oposición patronal solo hizo escuchar sus voces para cuestionar algunos detalles de la operación, pero no para rechazarla en su integridad. Todas las variantes políticas patronales coinciden en honrar el pago de la deuda.

Es tarea de la clase obrera y el pueblo pobre luchar por el no pago de la deuda en su integridad y por dar a esos recursos el destino de un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores para construir escuelas, hospitales, viviendas populares, a la vez que permitirían dar aumentos a los trabajadores estatales, a los jubilados y a los niños y adolescentes que reciben la asignación universal por hijo que hoy ven sus ingresos día a día carcomidos por la inflación.