El 07/02 Grecia vivió una huelga general de 24 horas, seguida por otra de 48 horas los días 10 y 11/2 contra el nuevo plan de ajustes y recortes que el parlamento griego se preparaba a votar. Ambas acciones fueron convocadas por los sindicatos del sector público (ADEDY) y privado (GSEE). A dichas acciones les siguió una activa y militante jornada de protesta el 12/02, día en el que se votaban las medidas, que terminó convirtiéndose en una de las jornadas más violentas de los últimos años.

El domingo 12/02 decenas de miles de personas salieron a las calles de Atenas, para congregarse cerca de la Plaza Syntagma, con el objetivo de entrar al enorme edificio parlamentario y en su intento fueron interceptados por un fuerte cordón policial que no escatimó el uso de gases lacrimógenos. Pero los manifestantes, decididos a llegar al parlamento trataron durante 6 horas de atravesar la humareda de gases, durante estos forcejeos con la policía y como resultado de la represión de las fuerzas del orden hubo enfrentamientos que duraron hasta altas horas de la madrugada. Si bien la protesta central fue en Atenas, se organizaron manifestaciones y marchas en las principales ciudades del país.

El domingo 12/02 luego de 10 horas de debate con la manifestación como telón de fondo, fue aprobado el nuevo paquete de ajuste. Este plan, impuesto por la troika conformada por la Unión Europea (UE), el FMI y el Banco Central Europeo exige, entre otras medidas, un recorte salarial, una reducción de las jubilaciones superiores a 1.500 euros y el despido y/o suspensión de 150.000 empleados públicos –20% del total-, como condición para otorgarle a Grecia un segundo “rescate” por un valor de aproximadamente 130.000 millones de euros y efectivizar una quita de la deuda (que representa en total 350.000 millones de dólares) equivalente a 100.000 millones de dólares de los 200.000 millones que los bancos privados poseen en títulos de deuda del país.

No obstante, los líderes europeos, temerosos de que Grecia no pueda cumplir en marzo los compromisos adquiridos de repago de la deuda, en parte debido a la gran oposición de la población y la crisis de credibilidad de la clase política pero también por los escasos ‘logros económicos’ obtenidos, quieren ir por más y exigen cambios en el corto plazo. Por eso, además de los ya mencionados recortes de los gastos gubernamentales, piden que la economía griega sea más competitiva y se abra al mercado. En otras palabras, demandan flexibilizar las leyes laborales con el recorte del 22% del salario mínimo, la eliminación del bono por vacaciones o aguilando, equivalentes a un mes de salario y la suspensión de las negociaciones colectivas.

A pesar del voto a favor de las medidas, los ministros de economía de la UE decidieron cancelar el préstamo luego de la masiva protesta del domingo postergando la discusión hasta el lunes 27/2. Conscientes de las dificultades del gobierno en pasar las medidas exigen al gobierno griego garantías de que va a poder instrumentar el ajuste.

Luego de una semana con 3 días de huelga y 100 mil personas en las calles, el gobierno enfrenta una crisis de credibilidad. La movilización en las calles ha empezado a generar crisis en la coalición del gobierno encabezado por el PASOK y llevó a que 25 de sus diputados se negaran a votar las medidas; a su vez el partido conservador Nueva Democracia también contó con 21 “desertores” en sus filas que votaron en contra de las medidas. El gobierno de la coalición pasó de 255 diputados en noviembre a ganar por 190 votos el domingo y el partido de ultraderecha LAOS se retiró del mismo. Las renuncias de varios diputados y las elecciones de abril crean un marco de inseguridad para la troika, que teme que el país no pueda ser gobernado. El Primer ministro Lucas Papademos, tecnócrata puesto por la misma troika, se muestra débil para contener la crisis.

El fracaso de las negociaciones y la falta de confianza expresada por los ministros de economía de Europa están alimentando un sentimiento nacionalista, como lo han expresado varios ministros, en particular contra Alemania. De no surgir una alternativa de lucha que supere los marcos de la lucha de presión de los sindicatos y que plantee una perspectiva obrera de salida a la crisis, este sentimiento puede ser tomado por sectores nacionalistas que se valen de la injerencia nacional de las instituciones europeas sobre los asuntos del país, pero para levantar un programa de rescate de la clase dominante griega.

La oposición de izquierda es débil, el Partido Comunista Griego, que tiene diputados en el parlamento, se limita a apoyar las medidas de presión y a impulsar su brazo sindical, el PAME (Frente de Empleados Públicos), allí donde están insertos, con una política autoproclamatoria sin luchar por un frente único obrero para derrotar los planes de la troika y exponer el rol de colaboración de las direcciones de las confederaciones oficiales controladas por el PASOK. Este sindicalismo, se combina con un una estrategia parlamentaria de llamar a las elecciones con la esperanza de obtener una cantidad mayor de diputados de los que tiene ahora detrás de un programa reformista.

Por su parte, el líder la Coalición de la Izquierda Radical, declaró antes de la jornada del domingo que “esperaba que el paquete de la bancarrota no pasara” e hizo un llamamiento “por una unidad democrática y patriótica entre todos” remarcando que “la gente debería tomar la cohesión social y la democracia en sus propias manos”.

Las 15 huelgas generales en los últimos dos años demuestran que estas medidas de presión aisladas son, en el mejor de los casos, impotentes para frenar los plantes de ajuste. Frente a las alternativas nacionalistas burguesas y a los llamados a la unidad nacional de sectores de izquierda es necesario luchar por una alternativa independiente de los trabajadores que imponga un plan obrero como salida a la crisis.

Los paros de 24 horas del 7/2 y de 48 horas del 10 y 11/2 junto a la masiva protesta del 12/2 fueron algunas de las expresiones más contundentes de los últimos meses. Ambos fenómenos junto al fenómeno incipiente de ocupaciones de lugares de trabajo muestran la determinación a enfrentar los ataques pero también dejan al descubierto la necesidad de imponer una huelga general indeterminada para tirar el gobierno de la coalición, que plantee una salida de la clase obrera que embandere a todos los sectores oprimidos y explotados y discuta un plan transicional de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas.