Contrapunto Debates- Desde Justicia YA! denuncian que a través de una resolución del Tribunal Oral Federal n°5 se los ha proscripto para intervenir como querellantes en las causas contra los genocidas. Y esa resolución fue convalidada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué implica esta proscripción?

Adriana Calvo- Uno de los motivos más importantes por los que nos proscriben es que Justicia YA! es el colectivo de querellantes más importante del país. Somos 27 organizaciones las que lo conformamos, con equipos de trabajo que nos reunimos semanalmente tanto en Buenos Aires como en La Plata desde hace seis años. Más allá del querellante particular, del familiar que lleva adelante una causa por su ser querido, es un contexto político el que nos nuclea nosotros además. Otro motivo por el que se nos proscribe es nuestra actuación en los juicios a Etchecolatz y a Von Wernich. En el juicio a Etchecolatz dimos el paso histórico que significó plantear en los alegatos que se lo condenara por lo que fue, por lo que es, un genocida. Pedimos que se lo condenara por genocidio. Y conseguimos que, por primera vez en la historia de la humanidad, un tribunal reconoce la existencia de un genocidio en su propio país. Es una sentencia que está siendo estudiada en el mundo entero.

Myriam Bregman- En realidad, técnicamente podemos seguir siendo querellantes. Lo que nos sacan es la voz y la posibilidad de estar en un juicio como cabezas de querella, como un agrupamiento con abogados propios, que expresen claramente nuestros planteos, como lo hicimos en los juicios a Etchecolatz y Von Wernich, agrupando a 42 querellantes. Proscribir a Justicia YA! significa que esa voz, eso que logramos decir en el juicio a Etchecolatz, en el juicio a Von Wernich, lo que logramos decir cada día en la causa ESMA o en el juicio a Febrés, no se va a decir más. No es una cuestión técnica, sino que es una cuestión política que eliminen nuestra voz de los juicios. Los argumentos con los cuales justifican dejarnos afuera son de lo más diversos, algunos más sofisticados que otros, pero todos confluyen en que siempre quién queda afuera es Justicia YA!

CD- ¿Qué implica que en los juicios sólo se hable de delitos de lesa humanidad y se deje de lado el planteo de genocidio?
AC- Nosotros estamos denunciando que con estos juicios no se llega a la justicia sino a la impunidad. Y esta denuncia, que es muy fuerte, no sólo involucra al Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Creemos que detrás de esta política de cambiar algo para que nada cambie, como fue en la época de Alfonsín, se está tendiendo a hacer juicios paradigmáticos, juzgando a unos pocos. Hemos llegado a un techo en el que se está tratando de disminuir el alcance de los juicios, y esto es lo que denuncia Justicia YA! permanentemente. Marcar que fue un genocidio es parte de nuestra denuncia, porque absolutamente todos los juicios que se llevan adelante son fragmentados, están desguazados, son por poquísimos represores, por pocas víctimas. Y esto es una política, y desde Justicia YA! lo denunciamos política y jurídicamente, dando pasos concretos en las causas, oponiéndonos a la elevación a juicio oral, pidiendo indagatoria por todos los compañeros y para todos los represores. Y esto, claro, va en contra de la política oficial.

MB- Lo que se ha implementado en Argentina es el criterio de delitos de lesa humanidad, y hasta ahí se llega. Pero nosotros decimos que eso no da cuenta de lo que ocurrió en Argentina. Lesa humanidad significa una matanza indiscriminada, y nosotros decimos que el genocidio no fue indiscriminado, sino que fue muy dirigido a un determinado grupo social que existía en la Argentina (a un grupo nacional, para utilizar la terminología jurídica correcta) y que era un obstáculo para el modelo de país que la dictadura contrarrevolucionaria el `76 vino a imponer. Para imponer esa enorme transferencia de capitales al capital financiero internacional, para terminar con la organización obrera, estudiantil, popular que había en Argentina, con la enorme militancia, necesitaban eliminar a ese grupo social. Hubo otras políticas previas que intentaron terminar con esto, pero fracasaron.

Entonces la gran burguesía recurrió al golpe contrarrevolucionario, y esto es lo que nosotros denominamos jurídicamente genocidio. Para nosotros, hablar de lesa humanidad es un concepto muy vago. Es cierto, fueron delitos de lesa humanidad, porque son imprescriptibles, porque los chicos siguen apropiados, porque los responsables siguen impunes, porque el Estado todavía no abrió los archivos de la represión donde consta quiénes fueron los que participaron en los centros de detención, y porque la Justicia no garantiza cosas mínimas como averiguar quiénes fueron las víctimas. En la causa ESMA, una de las causas con mayores pruebas del país, producto de un trabajo de recopilación que hizo centralmente la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la cantidad de víctimas denunciadas en la causa aumentó de 600 a 900. Esas 300 víctimas se identificaron con un trabajo de hormiga que hizo la Asociación, mientras los archivos que tiene el Estado no fueron abiertos. El Estado ni siquiera garantiza esas cuestiones mínimas, aunque después el Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde aparece en los juicios y sale por televisión. Pero a la hora de decir quiénes fueron los genocidas, quiénes participaron en el genocidio, sigue siendo fundamental el rol de los querellantes. Y mucho más si hablamos de los civiles, porque si nos preguntamos qué paso con la causa Ford, qué pasó con la causa Mercedes Bens, cuántos gerentes de las empresas que entregaban los listados del personal, o directamente casos como el del Ingenio Ledesma, donde estaba completamente interrelacionado el accionar de la dictadura con los gerentes de la empresa. No hay imputados, no hay procesados y seguramente nunca irán a juicio.

CD- A dos años y ocho meses de la desaparición de Jorge Julio López, ¿en qué situación se encuentra hoy la causa?
AC- La causa está paralizada, y esto está muy vinculado a lo que charlábamos antes. Hay una tendencia a separar la causa por la desaparición de Julio del tema de los juicios a los genocidas, y en realidad está estrechamente vinculado. Pero no solamente porque a Julio lo secuestraron el día en que íbamos a alegar por genocidio en su nombre, sino porque precisamente el Gobierno no está dispuesto a llegar a fondo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que la necesita para reprimir. Eso está claro. Entonces, quien secuestró a Julio López es sin duda la Policía de la Provincia de Buenos Aires, probablemente con la ayuda de servicios de inteligencia e integrantes de otras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. El Gobierno esto lo sabe desde el primer momento, y decidió desde el primer momento no llegar a saber quiénes secuestraron a Julio. Y la causa sigue el derrotero coherente con esa política. La causa es un escándalo. Yo estoy convencida de que en algún momento se va a estudiar como paradigma de la complicidad jurídica con objetivos políticos. Para hablar de lo último, cuando se mandó la causa a la Secretaría Especial de Delitos de Lesa Humanidad, lo cual conseguimos con mucho esfuerzo, nombraron a un secretario muy joven que le dedicó tiempo a la causa.

Es el primer funcionario judicial que lee el expediente completo. Para nosotros eso significó un cambio muy importante. Se comenzaron a tomar medidas en el sentido que nosotros veníamos diciendo, que apuntan a investigar a la Policía Bonaerense. Y precisamente cuando la investigación empieza a dar sus primeros pasos en esa dirección, al juez Coraza le da un ataque de violencia moral, y después de dos años de no hacer nada se excusa y se retira de la causa. Eso implica que la causa va a parar al juez Blanco, juez de la dictadura, quien inmediatamente le quita la causa a la Secretaría Especial, dándosela a su Secretaría. Después dice que no le alcanza el personal y le deriva de investigación al fiscal. El fiscal dice “yo no puedo”, y desde ese momento la causa López está paralizada, literalmente no se ha movido ningún papel. No tiene juez, no tiene secretario, no tiene fiscal.

MB- Acá se está jugando mucho con el paso del tiempo, que vaya cayendo en el olvido y que decaiga el reclamo. Por suerte tenemos que decir que en La Plata cada 18 se sigue marchando, seguimos estando en la calle. Este 18 se va a volver a marchar reclamando la aparición con vida de Julio. Y esto es muy importante, porque es la primera bofetada que recibe no sólo la Justicia sino el Gobierno. La Justicia ha cumplido aquí un rol muy importante, también Aníbal Fernández ha cumplido un rol muy importante en trabar la causa, y vemos que el andamiaje es bastante grande. El Gobierno ha tenido gente que le ha llevado pruebas en la mano, Justicia YA! ha entregado fotos de quien hizo el seguimiento de López previo al secuestro. Pocas causas deben contar con tanta cantidad de pruebas como esta, y siempre la opción fue desviar la causa hacia las pruebas más delirantes, generar todas estas trabas, de gente que pasa la causa de un lado a otro, etc. Creo que la definición está en lo que Adriana decía al principio: necesitan seguir usando a la Policía, que sigue cometiendo desapariciones. El caso de Luciano Arruga es un caso que ocurre precisamente en un sector donde se está pidiendo más destacamentos, ocurre en un destacamento policial que fue puesto precisamente por el reclamo de estos sectores de ultraderecha que piden que la Policía esté presente en todos lados, que se saque a la Gendarmería, que se saque la Prefectura. Las enseñanzas de la Dictadura, las enseñanzas de la Policía de Camps, son las que siguen formando a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin contar a los 9000 que forman parte de los que torturaban en los centros clandestinos y que hoy están también en altos mandos de la fuerza y en todas las comisarías. Scioli apenas asumió nombró a 24 jefes en la Bonaerense, de los cuales 12 provenían de la Dictadura. A estas cosas los medios no le dedican al mismo tiempo que le dedican a otras cosas. Y ni qué hablar del penal de Marcos paz, que depende directamente del Servicio Penitenciario Federal

CP- En este penal justamente se alojan gran parte de los genocidas que se encuentran procesados. Allí por ejemplo está el Luis Patti, que se candidatea a diputado por la Provincia de Buenos Aires. Incluso se dice que desde adentro del penal haría su campaña, con acceso entre otras cosas a telefonía satelital. ¿Qué piensan de esto?

AC- Es un escándalo. Hay días donde uno se pone a pensar en qué país estamos viviendo, cómo es posible que hayan hecho lo que hicieron con esta sociedad, cómo nos va a costar remontar no sólo el aniquilamiento sino la impunidad posterior. Eso es justamente lo que queremos decir con genocidio. Yo el lunes volvía de presenciar un juicio en San Martín, donde se está tratando el caso de Floreal Avellaneda, un chico de 15 años que fue secuestrado y torturado hasta morir y que murió por empalamiento. Esa sala de audiencias a mí me recordó al campo de concentración, porque hubo un gran nivel de violencia de parte de la defensa de los genocidas, que la jueza permitió que se ejerciera sobre los testigos, todos mayores de 80 años, al punto que yo salí llorando. Cuando llegué a mi casa, destruida, después de estar seis horas en esa sala de audiencias, me enteré que Patti había hecho un acto en el penal de Marcos Paz. Realmente es inconcebible, y esto muestra la impunidad en la que estamos viviendo.

CD- Hoy se habla de los 25 años de Democracia Constitucional, pero Patti es candidato. Rico casi va en las listas del kirchnerismo y después casi en la lista de De Narváez. Bussi fue gobernador de Tucumán. Y la UCR le brindó a la Dictadura Militar 300 intendentes y funcionarios entre los años ‘76 y ‘79 ¿Qué evaluación se puede hacer de estos ejemplos en la coyuntura política actual?

MB- Lo que hay que tener siempre presente es de quiénes fueron candidatos estos genocidas. El PJ y la UCR son partidos que colaboraron con la Dictadura, que le dieron funcionarios. El Partido Socialista Democrático (hoy Partido Socialista unificado) tuvo embajadores en la dictadura. Uno ve hoy determinadas actitudes, donde algunos adquieren un doble discurso, aunque algunos mantienen el mismo discurso de aquella época. Patti fue candidato del PJ. Rico hasta hace muy poquito se presentaba en los actos con Carlos Kunkel, y no va con el kirchnerismo porque se ofendió cuando no lo quisieron poner en una foto. Quiso ir con Solá, pero Solá dijo “no me lo tiren a Rico”. Pero Solá estuvo con Rico en el mismo gabinete en el año ‘99 en la provincia de Buenos Aires. El problema que produce este odio que decía Adriana es que en estos 25 años estuvieron libres e impunes.

Si estos genocidas hubieran sido jugados, la discusión de si son o no candidatos no existiría. A uno lo llena de justo odio, porque desde Marcos Paz se gestó la desaparición de Julio López, y desde el mismo lugar Patti se presenta como candidato. Marcos Paz se ha convertido casi en un búnker de estos políticos. Desde allí planean secuestros y amenazas. Mientras, el Ministro de Justicia no sale a hacer ninguna declaración sobre todo esto. Incluso algunos oficialistas salen a decir que lo van a impugnar a Patti. Pero el problema no es si está o no impugnado. El tema es que siempre llegamos a las consecuencias, y nosotros queremos saber cuáles son las causas. Si acá se estuviera juzgando el verdadero genocidio que se cometió en la Dictadura, si el caso Campo de Mayo no hubiese sido por dos casos, o en la Provincia de Buenos Aires se analizara caso por caso, genocida por genocida; Patti hoy estaría condenado, porque participó del Circuito Camps, estuvo en la casa de Chicha Mariani, cuya nieta Clara Anahí sigue apropiada. Si estas cosas se juzgaran de conjunto, y no a Etchecolatz solo, a Von Wernich solo, y no por algunos casos, hoy Patti estaría condenado y no tendríamos que tener esta discusión de por qué es candidato. Y a su vez muchos empresarios cómplices de la dictadura hoy son los que banca las campañas, los que piden más policía y más seguridad.

Entrevista: Daniel Satur