Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
16 de junio de 2019

La Verdad Obrera N° 533

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DOS REPRESORES SE ESCAPARON DE UN HOSPITAL MILITAR

Genocidas en fuga

01 Aug 2013   |   comentarios

A principios de julio, en la provincia de San Juan, culminó un juicio contra seis militares por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre los procesados y condenados están Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Ambos, pocas semanas después de recibir la sentencia, lograron fugarse del Hospital Militar Central Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, a donde habían sido trasladados por supuestas cuestiones médicas.
El ex teniente Olivera fue juzgado por secuestrar y extorsionar a la ciudadana francesa Marie-Anne Erize y otras 59 personas. Se lo condenó a cadena perpetua. El mayor (R) De Marchi recibió una pena de 25 años. El 3 de julio ambos genocidas pidieron ser trasladados de urgencia al penal de Marcos Paz para ser atendidos en el hospital Argerich, pese a no haber mostrado signos de enfermedad alguna durante los quince meses que duró el juicio. La psicóloga Marta Ravasi, esposa de Olivera, empleada del hospital y de quien hoy se desconoce el paradero, fue la encargada de hacer los trámites del traslado. La última vez que se los vio fue en el propio Hospital, la madrugada del jueves 25 de julio.

De encierros y fugas
Al finalizar la dictadura, Jorge Olivera fue procesado y detenido por el crimen de Erize, pero quedó libre una vez que el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el año 2000, mientras paseaba por Roma, fue detenido por el mismo delito. Allí, por primera vez, se dio a la fuga.
"De Marchi y Olivera se fugaron varias veces “, recordó Fernando Castro, abogado querellante en el juicio de San Juan, y agregó que precisamente para este proceso “a ambos se los detiene estando prófugos, y por eso se incorporan tarde (…) Por ejemplo, a Olivera se lo encontró con posesión de pasaportes falsos y documentos falsos, además de dinero de distintas nacionalidades". A su vez Castro acusó por el traslado a la secretaria Paula Carena de Yanello, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, a quien el Tribunal del juicio ordenó investigar por su actuación durante la dictadura.
Está claro que los genocidas y sus cómplices planearon todo con mucha antelación y que fueron ayudados por varios funcionarios. Por ejemplo, los jueces que firmaron el traslado sin consultar al Tribunal. Por este motivo los abogados querellantes Margarita Camus y Fernando Castro analizan presentar un jury contra esos magistrados. Quienes también colaboraron fueron las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, responsables de los traslados y del personal jerárquico del Hospital Militar.

Se les escapó la tortuga
Al día de hoy al menos 60 genocidas están prófugos de la Justicia. Entre ellos Esteban Sanguinetti, el principal responsable de la desaparición del Alberto Ledo, el conscripto por cuyo caso también está denunciado el milico “nacional y popular” César Milani, actual Jefe del Ejército.
Que haya gran cantidad de prófugos puede tener una primera explicación si se observa que Olivera, según algunas versiones salidas recientemente a la luz, armó junto a otros “colegas” un fideicomiso que funcionaría como financiamiento para genocidas, prófugos o no.
A su vez el abogado defensor de genocidas, Eduardo San Emeterio, justificó estas fugas diciendo que los represores “han ejercido su derecho a la libertad. La fuga no es delito punible si no fue hecha con violencia. Ellos han ejercido derecho a la libertad. En el juicio me llamó la atención que terminados los alegatos, una hora después se dio la sentencia. Esto quiere decir que los alegatos no fueron atendidos. No justifico la fuga, pero es un derecho. Les diría que no se entreguen porque acá no hay justicia. Ni siquiera escucharon los alegatos de la defensa. No hablemos de justicia. En estos casos la justicia no existe".
Para los genocidas parece muy fácil “fugarse”. Es conocido el caso del represor de la ESMA Jorge Vildoza a través del relato de Javier Penino Viñas, su hijo apropiado, quien contó que “la Armada Argentina les facilitó a mis padres (y a mí) la salida del país en 1984”. El traslado, describe Viñas, “incluía partidas de nacimiento para los tres, partidas de casamiento, pasaportes que parecían ser completamente oficiales, DNI, cédulas de identidad, pasaportes falsos y hasta registro de conducir y calificaciones de ingeniero-técnico electrónico”.

Las respuestas del gobierno
Al hacerse público el escándalo de la fuga de Olivera y De Marchi, el Ministerio de Defensa relevó de sus funciones al personal del Ejército que conducía el Hospital Argerich. Se trata de Marcelo Gutiérrez, director general de Salud; Carlos Ramos, jefe del departamento técnico de la Dirección General de Salud; Eduardo Alemanzor, jefe del departamento operativo de la Dirección General de Salud y Juan Carlos Adjigogovic, director general del hospital. Además el Ministerio de Justicia ofreció recompensas de $2 millones para quien aporte datos que ayuden a capturar a los represores. El ministro Alak le pidió al presidente de la Corte Suprema que no se dispongan más traslados al hospital de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad.
Esta respuesta inmediata de los funcionarios kirchneristas no puede ocultar que todos los represores de la dictadura encontraron un lugar bajo el sol durante las décadas de constitucionalidad. Olivera estudió derecho y fue él mismo abogado de genocidas, entre otros de Guillermo Suárez Mason, con jugosos honorarios. Su socio en el estudio jurídico, Jorge Appiani, también terminó procesado por crímenes de lesa humanidad. Ambos no sólo defendían a genocidas, sino que también patrocinaban acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa exigiendo mejores sueldos para el personal de las Fuerzas Armadas.

Ministros en crisis
A una semana de la fuga de De Marchi y Olivera, en conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak y su par de Defensa Agustín Rossi, acompañados por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbattella, informaron que en la actualidad son 60 los represores que están prófugos de la Justicia.
Rossi explicó que su ministerio descubrió que estos represores “constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban absolutamente la totalidad de los honorarios percibidos en el ejercicio de esas acciones judiciales”, y agregó que “esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes”.
A su turno Alak dijo que la información “da cuenta de la posibilidad real y concreta de la existencia de un aparato de financiamiento permanente para los prófugos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente son más de sesenta”. Y agregó, como si hiciera falta, que “nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la Justicia si no tiene un sostén logístico detrás”.
Sin embargo, como toda medida “firme” para evitar próximas fugas de genocidas, Alak anunció que en lo sucesivo no se otorgaran más permisos de traslado a ningún centro médico si no están “debidamente justificados”. Difícil imaginar a los milicos torturadores, desaparecedores y apropiadores asustados con estas resoluciones del gobierno kirchnerista.

Memoria, Verdad y Justicia
De desarticular las cuevas de represores que al día de hoy siguen funcionando, ni una palabra por parte de los funcionarios. Cuevas montadas en lugares privados pero también en dependencias públicas como comisarías, cuarteles, penales y hasta ministerios, desde donde se pergeñan las fugas y también los amedrentamientos y ataques a quienes luchan por el juicio y castigo a todos los genocidas. El caso paradigmático de Julio López demostró que el Estado no sólo se negó a investigar las madrigueras de los genocidas sino que hizo todo lo que pudo para encubrir a los desaparecedores del compañero que atestiguó valientemente contra Etchecolatz.
Tampoco hablaron los ministros “progresistas” de la necesidad de avanzar con los juicios por todos los centros clandestinos de detención y por todos los compañeros detenidos desaparecidos. Por el contrario, intentan contentarnos con los juicios a cuentagotas y con la “ilusión” (que se proponen concretar) de terminar con los juicios hacia el 2015, dejando en libertad a miles de milicos y civiles protagonistas de la dictadura, la gran mayoría sin siquiera ser imputados.
Y mucho menos hablaron Alak y Rossi de investigar a todos los militares, policías, penitenciarios y agentes de inteligencia que participaron del régimen genocida y hoy siguen en funciones. Al contrario, por estos días lo vemos muy sonriente a Agustín Rossi pesándose con César Milani por cuarteles y dependencias de su ministerio. Una verdadera provocación a las víctimas y los organismos de derechos humanos.
Evidentemente, fugarse seguirá siendo muy fácil para los genocidas. Casi como jugar a las escondidas para un niño.
El caso Milani (1) y estas fugas confirman lo que venimos denunciando. Miles de genocidas siguen en funciones y reivindican todo lo actuado en la dictadura, mientras el gobierno lleva una década de puros discursos y gestos simbólicos. Sin dudas una década ganada… para la impunidad.

(1) Ver "El elegido" en la sección Nacional de este periódico.

Temas Relacionados: Libertades Democráticas , Nacional , Designación de Milani









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