La gravedad de la denuncia oficial contra el Grupo Clarín y La Nación sobre su asociación con la dictadura para “el afano” de Papel Prensa, es contrastante con “el pif” de las medidas efectivas de gobierno sobre la cuestión: lejos de la alarma de los propios diarios implicados que anunciaban medidas “chavistas”, “estatizaciones” y hasta la probable detención que les hubiera correspondido a los CEO Magnetto y Mitre. La propiedad del monopolio, malhabida hasta desde el punto de vista capitalista “republicano”, no será tomada por el Estado y la vía judicial que podría cuestionarla será un proceso de años. El proyecto de ley para declarar de interés público la producción de celulosa y papel de diario, si es que no se pierde en el empantanamiento de fuerzas en el Congreso, dejará estos “insumos de la democracia” en manos privadas -tal como lo está en esta democracia para ricos-, y sólo pretende regular que los empresarios de diarios puedan adquirirlos todos a un mismo precio. En el mismo sentido, el gobierno acaba de decretar la reglamentación de la Ley de Medios que, si no es derogada en el Congreso como busca el Grupo A, obligará a Clarín y otros grandes empresarios a desprenderse de algunos medios en el plazo de un año, ante la caída de las licencias, al tiempo que dará a otros grupos patronales la posibilidad de comprarlos.

En suma, ni se castiga efectivamente los crímenes de la clase capitalista en la dictadura, ni hay lesiones a la “seguridad jurídica” de las propiedades conquistadas en el genocidio. Lo que, en realidad, explica la fuerte campaña de reacción mediática sobre “el ataque a la libertad de expresión” de los denunciados, es que el informe sobre Papel Prensa es, antes que nada, un golpe político de magnitud a la credibilidad de dos usinas ideológicas de la oposición, como Clarín y La Nación.

“Las consecuencias de la última y más letal ofensiva del kirchnerismo contra el periodismo independiente han sido muy malas. Obligó a la prensa, en primer lugar, a perder energías y tiempo en responder preguntas que nunca le hicieron (porque no había razones para que se las hicieran) en un país estragado por el delito, la inflación y el descontrol del espacio público. Contar esas tragedias sociales es la obligación del periodismo, más que responder qué hacía cada cual hace casi 35 años”, dice el editorialista de La Nación Morales Solá. Justamente, para estos vendedores de “periodismo” el conocimiento público de la participación de los grandes medios en la “tragedia social” de la dictadura es una cuestión de la misma envergadura que lo sería para Sancor si se descubriera que, en medio de una hambruna, vendieron leche envenenada. ¿Quién no duda ya de las normas “morales” que emanan de estos medios que, con las manos manchadas de sangre, condenan “la metodología” de las tomas de colegios de los estudiantes en la Capital?

Victoria táctica y debilidad estratégica

Pero lo que le da a los Kirchner una victoria en su táctica hacia las elecciones del 2011, al mismo tiempo profundiza una debilidad estratégica. A la separación de los principales grupos económicos capitalistas nucleados en AEA que se viene produciendo desde la crisis con las patronales del campo en el 2008, se agrega ahora el alejamiento los más cercanos industriales de la UIA. Mientras la economía nacional sigue a flote, y las corporaciones no encuentran un candidato de oposición que les garantice “gobernabilidad”, los Kirchner se juegan a polarizar la escena política tratando de recomponer lazos con sectores medios de centroizquierda, en pos de acceder al 40% de los votos en primera vuelta para el candidato oficial. Pero lo hacen a un alto costo: aun si lo consiguieran, algo de ninguna manera asegurado, sería una sucesión presidencial que, de arranque, sería más débil en cuanto al sustento de clase burgués (que no se compensa con la runfla de “capitalistas amigos” de los K como los Cristóbal López o los Szpolsky en una Argentina dominada por las multinacionales extranjeras). Al fin y al cabo, el más sólido apoyo del establishment al gobierno proviene de sus lazos con el poder norteamericano que, hasta ahora, ha desoído las quejas de los grupos de medios opositores, gracias al alineamiento de los Kirchner con el hostigamiento yanqui a Irán, es decir con empresas genocidas mayores como las políticas guerreristas del imperialismo. La propia embajadora de los EE.UU. y vieja conocida de los trabajadores de Kraft, Vilma Martínez, saludó recientemente la me diación de Néstor Kirchner como presidente del Unasur en el conflicto entre la Venezuela de Chávez y la plataforma norteamericana que es la Colombia de Santos.

En el bando opositor, tampoco está claro si el conjunto de la clase empresaria se seguirá solidarizando con Magnetto “hasta la muerte” o solamente lo acompañarán hasta la puerta del cementerio. ¿Es Magnetto, al igual que los Kirchner, otro general sin ejército, sin respaldo estratégico de la clase empresaria, en su guerra contra el gobierno? Algo de eso indica que los jefes de la UIA hayan suspendido el acto “opositor” de festejo del Día de la Industria, el 2 de setiembre, que tenían programado en Entre Ríos sin funcionarios nacionales, como forma de mostrar el distanciamiento del gobierno que atiende en Buenos Aires. Para el diario del empresario y candidato De Narváez, El Cronista Comercial, la suspensión del acto industrial se debe a la intención de “bajar los decibeles en el enfrentamiento con el Gobierno y poder hacer el mejor equilibrio entre la presión que imponen las grandes empresas para continuar mostrando signos de quiebre y las PyMEs, muchas de las cuales se ven tentadas para asociarse a CAME que, por su vínculo con el Gobierno, logra mayores beneficios”. No sólo las PyMEs. Hay estudios que señalan que desde el 2006, los subsidios a grandes empresas, en especial de energía, transporte y agroindustrias, se multiplicaron por seis: “de $ 6.486 millones pasaron a $ 33.305 millones en 2009 y este año superarán los $ 40.000 millones, donde sólo en el primer semestre crecieron un 36 por ciento respecto de igual período del año pasado”.

El hecho que las corporaciones industriales hayan sido parte de la asociación con los militares genocidas en la dictadura, no necesariamente los inhibe de seguir buscando el amparo del Estado administrado por los Kirchner, a pesar de su retórica, al menos hasta que puedan sacárselo de encima. El botón de muestra es Osvaldo Cornide, actual persidente de la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), que fue el único presente en el acto donde Cristina Kirchner presentó el informe sobre Papel Prensa. El 25 de marzo de 1977, un mes antes que Lidia Papaleo de Graiver fuera secuestrada, Cornide, en ese momento jefe de la Unión Comercial Argentina, firmó una solicitada que sostenía: “Al cumplirse el primer aniversario de la asunción del gobierno por las Fuerzas Armadas, acontecimiento que concluyó con un régimen que conducía inexorablemente al país al caos y la disgregación, consideramos un deber expresar a ustedes y por su intermedio a vuestras respectivas instituciones nuestro agradecimiento y el de nuestras entidades por la patriótica decisión tomada”.

En este “día de la industria”, el PTS participa junto a los obreros metalúrgicos de Paraná Metal que cortan la ruta en Villa Constitución por la reapertura de la planta contra el plan de la patronal K de Cristobal López.

EL 18 POR JULIO LOPEZ: Marchemos con una bandera independiente de los bandos patronales

El próximo sábado 18 de setiembre se cumplen 4 años de la desaparición del testigo clave del juicio al represor Echecolatz, encarcelado por genocidio. Como siempre dicen los organismos de derechos humanos que batallan en la causa, Julio López desapareció tres veces, en 1976 cuando fue torturado por el propio Echecolatz y la gente de Camps; en setiembre de 2006, cuando se lo llevaron antes de ir a presenciar la sentencia de su represor en el juicio en que había declarado; y, finalmente, su desaparición en los medios de comunicación, tanto los opositores como los gubernamentales, y en especial de parte del propio poder ejecutivo cuya presidenta no lo nombró una sola vez desde que asumió en 2007. No hay ni detenidos ni imputados por su secuestro que sigue impune. Lidia Papaleo acaba de solicitar ser “testigo protegida” porque teme por su seguridad. Los testigos de las causas a los genocidas, como lo fue López, no pueden tener ese tipo de protección estatal a menos que arriesguen su propia vida. Es claro que la Policía Bonaerense, donde según el propio ex gobernador Felipe Solá habitan alrededor de 6.000 efectivos provenientes de la época del genocidio, fue un partícipe necesario en la desaparición de Julio López. El juez Corazza, justamente en quien cayó la causa de Papel Prensa, se negó por entonces al pedido de los abogados querellantes en el juicio a Echecolatz de separar de la investigación de su secuestro a la Policía Bonaerense, obviamente implicada en él y en el consiguiente ocultamiento de las pistas de su desaparición. Los Kirchner han mantenido 4 años de impunidad y silencio. Pero la red de impunidad no es exclusividad del gobierno nacional. En la Santa Fe del opositor gobernador Hermes Binner, fue asesinada brutalmente el 29 de marzo de 2010 en la ciudad de Rafaela Silvia Suppo, testigo clave en la causa contra el ex juez federal de la dictadura Brusa y varios integrantes de la cúpula policial. El crimen sigue aún sin ser esclarecido y, como el de López, es otra demostración de la continuidad esencial entre el aparato represivo de la dictadura y el actual.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, del que el PTS es parte - que organiza las marchas cada 24 de marzo, en el aniversario del golpe, independientemente del gobierno y sus opositores patronales - convoca junto a decenas de organizaciones a marchar a Plaza de Mayo este sábado 18 de setiembre, a 4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, para exigir el fin de la impunidad, el esclarecimiento del caso y el castigo a sus secuestradores. Una cita de honor, y una oportunidad para que las comisiones internas y cuerpos de delegados del sindicalismo de base que sufren los ataques represivos, como sucedio en Kraft por parte de la Policía Bonaerense, y los centros de estudiantes que contra el gobierno espía de Macri protagonizan las tomas de colegios y facultades, levantemos una bandera independiente ante la crisis política entre los de arriba.