Tras el affaire del “gendarme carancho” que abrió una crisis alrededor del secretario de Seguridad Sergio Berni, la ignota titular del Ministerio de Seguridad Cecilia Rodríguez, no tuvo más remedio que aparecer en público. Haciendo malabares para “aclarar” la función del coronel Roberto Galeano, el “canoso” infiltrado que supervisó el operativo sobre la Panamericana contra los despedidos de Lear. La ministra militante de La Cámpora, confesó que Galeano “cometió un error y se excedió” pero simultáneamente enalteció su “vocación de servicio” porque “actuó en Malvinas como un veterano, lo que no es poco”. Por qué no extender este juicio entonces a Aldo Rico, quien participó del movimiento de los carapintadas, integrado también por Galeano y Berni. El gobierno de los “derechos humanos” suele reivindicar a esos “militares nacionalistas” como el general Milani, convalidados vergonzosamente por los organismos de DD.HH. oficialistas.
Galeano fue jefe de Inteligencia del Cuerpo de Ejército de Córdoba y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Fue contratado como coordinador de las fuerzas de seguridad, aunque Berni quiso designarlo subsecretario, a pesar de que la ex ministra de Seguridad Nilda Garre había firmado su pase a retiro a causa de su prontuario. Estos elementos revelan la carta de defunción del programa de seguridad democrática, firmado en 2009 por un amplio arco de centroizquierda, para proporcionar una salida “progresista” a la cuestión securitaria.
Como doctrina de Estado, la seguridad democrática cobró fuerza material en diciembre de 2010 con la fundación del Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Nilda Garre. Sin embargo, su misma génesis reveló su carácter anti popular: esa institución surgió como respuesta reaccionaria a la ocupación del Parque Indoamericano, donde más de 1500 familias pobres exigían una vivienda digna con el saldo de tres muertos. Por ende, del Parque Indoamericano al brutal desalojo de 700 familias del ex asentamiento Papa Francisco medió un solo paso, afín al control territorial de los grandes grupos inmobiliarios.
Del mismo curso salió el Proyecto X como política de infiltración y espionaje de las organizaciones obreras combativas, protagonizada por la Gendarmería, responsable del armado de causas de gran parte de los más de 5000 luchadores obreros y populares procesados por defender sus derechos. En resumidas cuentas, la seguridad democrática y la mano dura constituyen dos formas de ejercer la represión estatal en función de los intereses de los capitalistas. Nada más ni nada menos.
En oposición a las fantasías del progresismo, Lenin en su libro La Revolución proletaria y el renegado Kautsky, señalaba que las clases dominantes para defender la propiedad privada no vacilaban en apelar tanto a la legalidad como a la ilegalidad, pero que “no existe un solo Estado, por democrático que sea, cuya Constitución no ofrezca alguna escapatoria o reserva que garantice a la burguesía la posibilidad de enviar tropas contra los obreros, de declarar la ley marcial, etc., ‘en caso de alteración del orden público’; en realidad en caso de que la clase explotada ‘altere’ su situación de esclavitud o intente conducirse no como esclava”. Por eso los socialistas revolucionarios luchamos por un estado de los trabajadores basado en la autoorganización democrática de las masas armadas, la única perspectiva capaz de realizar efectivamente el conjunto de las demandas obreras y populares en desmedro de los intereses de los grandes capitalistas, en la vía de terminar con la explotación del hombre por el hombre.