“(…) Funcionarios como Jaime son los que han llevado al colapso al sistema de transporte en nuestro país, una política criminal implementada por el kirchnerismo, que no sólo engordó los bolsillos de los funcionarios y empresarios millonarios que se embolsan los subsidios, sino que produjo crímenes sociales como los de Once y Castelar. (…) no nos sorprende que hasta ahora sean condenados sólo por causas menores y con penas irrisorias (…). Hay que acabar de una buena vez con la situación que permitió que los Jaime y sus cómplices se enriquecieran, en primer lugar echando a todos los concesionarios que manejan el ferrocarril y el subte y que son parte del entramado de esta corrupción criminal, para poner el servicio bajo la gestión de los trabajadores y el control de los usuarios. Las inversiones necesarias para mantener y ampliar un sistema de transporte público eficiente, cómodo y accesible para todo el pueblo trabajador deben salir de impuestos extraordinarios a los banqueros y grandes empresarios, los verdaderos ganadores de la década”.