El juez de la quiebra de Zanon, Rafael Barreiro, afirmó que la decisión de concederle la administración transitoria de la cerámica neuquina a los ocupantes, dependerá de la aceptación que tenga la propuesta realizada por estos últimos.

La misma debe incluir un plan de explotación de la fábrica, así como una enumeración de los recursos con que cuentan y las garantías de que disponen para el pago de las deudas (incluso con los mismos empleados).

En cambio, para que la empresa pase directamente a ser propiedad de los trabajadores haría falta una medida de carácter "político" que el magistrado señaló ajena a su esfera. "No me consta ni me deja de constar que exista semejante iniciativa del gobierno", deslizó el magistrado.

Buscando una medida de ese tipo, semanas atrás representantes del gremio mantuvieron reuniones con el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En lo que podría leerse como un guiño a los cooperativistas, Barreiro señaló que los jueces del fuero comercial están reconociendo, cada vez más, las empresas autogestionadas. "Primero se trató de algunas resoluciones particulares, pero ahora existe una reglamentación legal emergente de la crítica situación económica del país", explicó el magistrado.

El juez recibió ayer a "Río Negro" en su despacho con una amplia actitud, pero durante toda la conversación se mostró apegado al texto legal sin querer ahondar en otras consideraciones: "No puedo dejarme guiar por lo dramático o conflictivo de los asuntos, aunque sí tener en claro las consecuencias que van a tener mis decisiones".

Acerca de si la causa Zanon es una más, Barreiro reflexionó: "Tiene de peculiar que la planta de Neuquén estaba en un lugar conflictivo y la pérdida de fuentes de trabajo es una desgracia desde el punto de vista social. Por suerte, desde que me toca actuar no se han producido demasiados desbordes, ni episodios de violencia".

 

"Falso dilema"

 

El titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N 18, explicó que no existe un dilema entre la continuidad de la cooperativa y el remate de los bienes (para lo cual hay u plazo de 120 días) los cuales en su mayoría están prendados o hipotecados. "Los dos aspectos -indicó- se resolverán por vías separadas".

En cuanto a la propuesta que fuera presentada días atrás por la cooperativa, deberá ser readecuada por motivos formales. Contiene un ofrecimiento de pago -que se interpreta como simbólico- por unos 15.000 pesos mensuales.

Si bien la deuda supera los 170 millones de pesos, Barreiro puntualizó que la ley no impone necesariamente cancelar el pasivo que de por sí (al estar decretada la quiebra) está depreciado.

A partir de que se expida el síndico, el juez tendrá unos cinco días hábiles para otorgar o no la administración de 2 años que piden los integrantes de la cooperativa.

En tanto, Barreiro negó ayer que sea oficial la contrapropuesta del síndico (Horacio) Picado de reducir tal plazo a solo 3 meses, según daba cuenta una versión de los gremialistas.

Más allá de ello y del peso que tiene el punto de vista de la sindicatura, es el magistrado quien deberá definir el alcance de la proposición.

El juez anticipó que va a buscar el equilibrio entre el factor social y el derecho de los acreedores.