En octubre de este año se vence el plazo de la cooperativa transitoria "Fasinpat", lo que significa una nueva amenaza para la gestión obrera. Por eso nuevamente nos movilizamos para exigir la expropiación definitiva de Zanon bajo control obrero.

A casi tres meses de haber asumido, tanto el gobierno de Sapag como los diputados provinciales no han dado ninguna respuesta favorable a la exigencia de los trabajadores de que se apruebe su proyecto de expropiación definitiva, presentado dos veces a la Legislatura con el aval de miles de neuquinos que pusieron su firma.

Esta negativa del gobierno de Sapag demuestra la continuidad que mantiene con el anterior gobierno de Sobisch: seguir gobernando para garantizar las ganancias de las petroleras y no dar respuesta a las demandas obreras y populares. La expropiación y estatización de Zanon sin pago y bajo control obrero podría ser puesta al servicio de un verdadero plan de obras públicas, que generaría gran cantidad de puestos de trabajo, destinado a la construcción de casas, controlado por los trabajadores de la construcción y los sectores populares que no tienen vivienda, para evitar los negociados de funcionarios y empresarios de la construcción.

Pero el gobierno provincial, al igual que el municipal, siguen sin dar respuesta al grave problema de la falta de viviendas en Neuquén (donde la situación precaria de miles de familias provoca enfermedades y hasta la muerte de chicos) ni al reclamo de los servicios básicos para todos los barrios, como pasa hoy con las familias de la meseta, que llevan varios días de corte de ruta exigiendo algo tan básico como el agua.

Por eso decimos:

Expropiación y estatización sin pago de Zanon bajo gestión obrera.

Plan de obras públicas controlado por los trabajadores y sectores populares.

POR LA DISOLUCIÓN DEL REACCIONARIO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Hoy también se movilizan a la Legislatura el SEJUN, ATEN y la CTA, para exigir el juicio político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén. El SEJUN lo hace motivado en que los vocales Eduardo Badano, Jorge Sommariva y Felipe Cía, descaradamente cobraron un sobresueldo de 6000 pesos. Por su parte, la "Multisectorial por la Independencia de la Justicia", pide juicio político por la actuación en el patético Jury al ex fiscal Mendaña, mientras que ATEN y SEJUN lo hacen también por la licencia trucha otorgada al Juez Rimaro en el caso "Fuentealba II".

Compartimos el repudio a estos personajes despreciables. Sin embargo, el pedido de juicio político, además de no denunciar esta justicia de clase, lleva a los trabajadores y al pueblo a "tomar parte" a favor de algún sector de la justicia como si hubiera jueces "buenos" que fueran a favor de nuestros intereses. Para muestra basta un botón: el tan defendido fiscal Mendaña, fue el que actúo conscientemente contra los obreros de Zanon, al acusarlos de forma mentirosa de un supuesto "auto robo", en lugar de investigar a los verdaderos ladrones, defendidos por la policía. ¿Ya nadie se acuerda? ¿Y que el Juez Rimaro es el tercero que puso la firma para liberar a los policías que le vaciaron el ojo a Pepe Alveal?

Hay que luchar contra esta casta de jueces vitalicios, pero para ello es necesario hacerlo mediante la movilización en las calles y con una política independiente. Durante la crisis que estalló en el 2001, el grito de que "se vayan todos" alcanzó a los miembros de la Corte Suprema. Esa experiencia de lucha, que fue desviada con la reforma cosmética del kirchnerismo, hay que retomarla y profundizarla, exigiendo en primer lugar la disolución del TSJ. No tiene razón de existir que una elite de 5 jueces, elegidos a dedo, con cargos vitalicios y que ganan fortunas, decidan el destino de 500 mil personas. A su vez, la elección de los jueces debe ser mediante el voto directo y sus mandatos deben ser revocables, además de implementar el juicio por jurados populares. Y ningún juez debe ganar más de lo que gana cualquier trabajador.

Los trabajadores debemos confiar en nuestras propias fuerzas y no crear la ilusión de una supuesta posibilidad de "auto depuración" del Estado, como es el mecanismo del juicio político. Las centrales sindicales tendrían que ponerse a la cabeza de estas demandas democráticas elementales, para terminar con esa elite alejada, y la mayoría de las veces enfrentada, de las necesidades y padecimientos de los trabajadores y los sectores populares.

PTS - Partido de los Trabajadores Socialistas

01-03-2008