El sábado 26 de enero Myrtha Raia, de 84 años, fue salvajemente golpeada en su casa y sufrió lesiones en la cabeza que provocaron su muerte dos días después. Myrtha, además de ser una reconocida figura de la cultura, formó parte de Madres de Plaza de Mayo desde que su hijo, Horacio Ponce, fue secuestrado y desaparecido en 1977. Su caso es uno de los más de 220 que se juzgan en la Megacausa de Arsenales y Jefatura en Tucumán. Al cierre de esta edición un hombre de 29 años fue detenido como sospechoso del crimen.

Con esta detención el gobierno intenta fortalecer su hipótesis de que se trató de un simple robo y que el caso no está vinculado de forma alguna al hecho de que Alejandra Ponce, hija de la pianista, sea testigo en la megacausa. Sin embargo, lejos está de aclararse el caso. En primer lugar la policía alteró la escena del crimen, borrando huellas dactilares y limpiando todo, lo que se asemeja más a un encubrimiento que a un intento de investigación, práctica que ya es habitual como lo demuestra el encubrimiento en el asesinato de Paulina Lebbos y en la desaparición de Marita Verón.

Por otro lado, si la única hipótesis fue la del robo, ¿por qué se dispuso la custodia de la testigo? Lo cierto es que a pesar de los juicios a un puñado de genocidas, la mayor parte del aparato represivo camina libre por las calles e incluso son parte de todo el aparato del Estado, incluidos los funcionarios del gobierno kirchnerista de Alperovich.

Es por eso que pedir la custodia policial de los testigos está lejos de ser una solución, ya que sería ponerlos en una verdadera cueva de lobos. Esta policía es la que educaron los Malevo Ferreyra y los Bussi, que día a día aparecen vinculados a casos de gatillo fácil, trata de personas, narcotráfico o abuso sexual, como recientemente denunciara una militante del MST de la provincia. Si hubiera la más mínima voluntad de proteger a los testigos y castigar a los genocidas el gobierno podría haber dispuesto la apertura de todos los archivos de la dictadura encarcelando a todos los implicados y desmantelando el aparato represivo. Pero el kirchnerismo viene en sentido contrario, intentando represtigiar a las fuerzas represivas y enjuiciando a sólo un puñado de genocidas.

Es por todo esto que el esclarecimiento del asesinato de Myrtha Raia no puede quedar en manos del gobierno, la policía ni la justicia, sino que exigimos la conformación de una comisión investigadora independiente, conformada por organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, con plenos poderes. Además, es necesaria la movilización independiente del gobierno y de los partidos de la Obediencia Debida y Punto Final, para lograr la cárcel y castigo a todos los genocidas, civiles, militares y eclesiásticos.