Primera cuestión: ¿De qué libertad de prensa hablan los grupos mediáticos y sus aliados? La enconada defensa de los monopolios que en marzo de este año había lanzado Elisa Carrió, fue una verdadera profecía. “No tenemos ningún problema en defender a los llamados grupos económicos, si es para defender la libertad de expresión”, había sentenciado Lilita. Esos mismos grupos, junto a las cámaras empresarias como UIA y AEA, sus aliados políticos, la Iglesia y hasta el Rabino Bergman hoy salen a gritar a los cuatro vientos que no van a permitir que el poder de los multimedios sea puesto en cuestión.

Los mismos sectores que sostuvieron a la Dictadura, que se beneficiaron con sus leyes y que se enriquecieron en 26 años de constitucionalidad, frente a la amenaza de ver resignados algunos de sus intereses despliegan hoy su artillería, recubriendo la ira con ropajes “republicanos” y apelando a vacíos “valores ciudadanos”. Pero a esta altura del partido, ni el Grupo Clarín (dueño de decenas de diarios, radios y canales de TV, propietario de Papel Prensa, de productoras de cine, servidores de Internet, empresas de cable, imprentas, agencias de noticias, de publicidad y otros negocios “menores”), ni la Asociación de Empresaria Argentina, ni La Nación, ni el Episcopado, ni De Narváez ni la UCR resultan creíbles cuando hablan de libertad. Mucho menos cuando hablan de libertad de expresión.

Si la gran mayoría de los medios periodísticos, culturales y de entretenimiento pertenecen a unos pocos apellidos, es porque desde 1980, pasando por cada uno de los gobiernos peronistas, radicales y aliancistas, las grandes empresas de comunicación fueron protagonistas de una acumulación de poder sin precedentes. Las enormes fortunas amasadas por los multimedios, garantizadas por la ley 22.285 (firmada por Videla, pero modificada por tantos decretos en democracia que ya cuesta nombrarla como una ley sólo “de la Dictadura”) explican en gran medida la rabiosa avanzada de estas corporaciones contra el proyecto de ley de medios del Gobierno. En su afán de seguir acumulando más y más ganancias, estos pulpos llegan incluso a desconocer los grandes favores que el propio Kirchner supo hacerles en el pasado (como la prórroga de licencias por 10 años o la fusión de Multicanal y Cablevisión).

Hoy, la justa e histórica demanda popular de acabar con la “ley de la dictadura” es utilizada por los Kirchner para avanzar en nuevos negocios capitalistas. Pero detrás de los discursos maquillados con que se presentó el “Proyecto…” y de la virulenta reacción de las corporaciones mediáticas, una muy cruda y lucha intermonopólica está saliendo a la luz.

“Autoridad de Aplicación”

El Proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual ya se discute en el Congreso. Que se apruebe o no es la duda que recorre los despachos y las redacciones de las grandes empresas periodísticas. Juntar los votos necesarios para su aprobación es la preocupación del Gobierno, sobre todo cuando la fecha de vencimiento de su mayoría parlamentaria, el 10 de diciembre, está cada vez más cerca. Mientras algunos justicialistas (de Chubut, por ejemplo) ya anuncian que votarían en contra, el Gobierno intenta conseguir los votos de la centroizquierda. El diputado Claudio Lozano plantea la necesidad de que la nueva ley incorpore a legisladores de las dos cámaras, y no sólo a funcionarios del Ejecutivo, como miembros de la “Autoridad de Aplicación” que reemplazaría al COMFER. La centroizquierda sueña con un modelo de capitalismo no monopolista, con “reglas del juego” controladas por organismos parlamentarios. Más que sueño una utopía. Las tendencias a la concentración y la monopolización son inherentes al sistema capitalista realmente existente. El mismo Proyecto Sur se ve obligado a tomar distancia de uno de los objetivos más importantes del Gobierno de Cristina con esta futura ley de medios, abrirle las puertas del mercado de la radiodifusión a los monopolios telefónicos. La propia denuncia de Solanas y Lozano lo dice todo: mientras Clarín facturó $6.000 millones en 2008, en el mismo período Telefónica y Telecom facturaron $38.000 millones.

“Hola Cristina, te estamos llamando, queremos jugar”

La presidenta en su discurso del jueves 27 destacó que “la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”. Una frase acertada, pero que en su boca raya con el cinismo. Los funcionarios nacionales acusan públicamente a los grupos mediáticos de llevarse toda la torta. Pero con la letra chica del proyecto pretenden abrirle a Telefónica y Telecom en el negocio del cable, la televisión y la radio. Algo que, dicho sea de paso, les fue prohibido a las “telcos” en los contratos con los que se alzaron con la vieja ENTEL. A la vera de su condición de socios menores de las multinacionales (que se repite en el petróleo y la minería), los Kirchner promueven el capitalismo de amigos propio de estos 6 años de gobierno. El crecimiento de empresarios amigos como los Werthein (Telecom, La Caja de Ahorro y Seguro, etc.) o Spolsky (El Argentino, Veintitrés, Radio América, etc.), con la nueva ley estaría garantizado. Éstos podrían adquirir, a través frescos financiamientos estatales, algunos de los canales y radios que grupos como Clarín se verían obligados a vender si la ley finalmente es aprobada.

Mientras se critican los supuestos intentos “chavistas” de Cristina de aumentar la cantidad de medios estatales, los grandes pulpos comunicacionales vienen recibiendo decenas de millones de pesos en publicidad oficial. A su vez, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo empresario, el Sistema de Medios Públicos ha demostrado ser una buena fuente de negocios para muchos “emprendedores” privados (Canal 7 llena su grilla con programas de productoras como PPT, Zona Comunicación o Innovo).

En este contexto de buenos y sostenidos negocios entre el Estado y el sector privado, los “foros” organizados por el COMFER durante los últimos meses, que se proponían como ámbitos de discusión y aportes al proyecto de ley oficial, resultaron ser un chiste de muy mal gusto. El ninguneo kirchnerista al sector de medios comunitarios nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos es una pequeña muestra de que la intención oficial nunca fue avanzar en “democratizar” la comunicación. Ese sector (que agrupa a decenas de medios alternativos), ilusionado con que el proyecto del Gobierno podía ser reformado y mejorado, presentó propuestas de modificaciones a algunos artículos, que ni siquiera fueron atendidos.

Los medios, en nuestras manos

La vida y la realidad de millones de trabajadoras y trabajadores hoy es víctima de la mayor de las censuras por parte del entramado informativo-comunicacional. Ningún canal de TV, ninguna radio masiva, sean oficialistas u opositores, han difundido en las últimas semanas la enorme lucha que protagonizan las y los trabajadores de Kraft-Terrabusi contra los 160 despidos lanzados por esa multinacional yanqui. Mucho menos se habla por los medios masivos de Julio López o de Luciano Arruga, desaparecidos a manos del aparato represivo del Estado.

La libertad de expresión sólo puede ser garantizada si la información, la cultura, el arte y el entretenimiento dejan de ser mercancías apropiadas y comercializadas por esos pocos propietarios de todos los canales, las radios y los diarios.

El conjunto de los recursos de la comunicación masiva, la infraestructura para producir y transmitir información, el papel, las ondas, las pantallas, los cables, las antenas y demás instrumentos (incluidas las redes y centrales telefónicas privatizadas en los ’90) deben dejar de estar en manos de esos pocos grupos privados. Es necesario que todos los medios de comunicación e información sean quitados de la influencia del lucro capitalista y pasen a estar en manos de los trabajadores.

Todo intento de control por parte del estado capitalista sobre los medios de comunicación e información, conducirá en última instancia a mayor censura, restricciones y ahogo de la palabra para las mayorías trabajadoras. Por ello, los medios deben ser gestionados democráticamente por los trabajadores de prensa, los técnicos y los profesionales, junto a asociaciones de lectores, oyentes y televidentes. Y bajo la más estricta libertad de expresión deberán poner las cámaras, los micrófonos y las páginas a disposición de todo el pueblo trabajador, las organizaciones populares, los sindicatos y las asociaciones barriales.
Bajo este régimen social, en que millones son condenados a vender su fuerza de trabajo en jornadas agotadoras, o directamente empujados a la miseria, gran parte de los derechos formales, como el de la libertad de prensa y de expresión política, son una verdadera ficción.

Todo esto, a su vez, debe ser puesto en perspectiva de acabar con este sistema, donde el conjunto de los recursos sociales (y ya no sólo los de la comunicación y la información) están apropiados por una minoría parásita en detrimento de las mayorías trabajadoras. La real libertad de expresión, de palabra y de ideas sólo vendrá de la mano de un gobierno de los trabajadores, que signifique el comienzo de la liberación de las masas explotadas y oprimidas del yugo del capital y de toda forma de dominación del hombre por el hombre.