El 29 de diciembre, con una gran movilización combativa que los unió en las calles, los trabajadores docentes, municipales y jubilados de Santa Cruz, enfrentaron la represión policial frente a la Legislatura e impidieron que se vote el ajuste “a la europea” del gobernador Daniel Peralta y La Cámpora, que pretendía establecer el aumento de la edad jubilatoria y el congelamiento de las paritarias. Sin embargo no se puede cantar victoria. Los dirigentes sindicales, reunidos en la Mesa de Unidad Sindical, que fueron desbordados por la movilización obrera, ya anunciaron que están dispuestos a “consensuar” la ley en 3 meses (ver págs. 4 y 5). En Río Negro, donde el recientemente asesinado Carlos Soria, promovió una Ley de Emergencia que pasaba a disponibilidad a 20.000 estatales, las cúpulas de los gremios afectados poco y nada hicieron, permitiendo que ésta se votara el 29 de diciembre.

La firme acción de lucha protagonizada por los trabajadores de Santa Cruz, a quienes el gobernador y los jóvenes K llaman “extorsionadores” (en “fina sintonía” con los discursos de Cristina Fernández), provocó una crisis política provincial. El alejamiento político del gobierno de los 8 diputados de La Cámpora obedeció a una maniobra para tratar de quedar al margen del ajuste una vez que éste ya había sido repudiado en las calles y obligar a Peralta a renunciar. Pero no consiguieron su objetivo, dos días después declararon que no serán “un obstáculo” para el gobernador (ver pág. 3). Aunque Página/12 trató de presentar a los “jóvenes rebeldes” como enemigos del ajuste, tales diferencias no existieron. El plan antiobrero que aumentaba la edad jubilatoria, congelaba los salarios y suspendía las paritarias, fue planificado en común acuerdo por unos y otros, incluido el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, hombre del riñón cristinista.

Los recientes acontecimientos de Santa Cruz constituyen una nueva crisis para el gobierno de CFK, que se suma a las ya graves, abiertas con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, a causa del Ministro de Seguridad, Ricardo Casal y la Bonarense. Pero esta vez, lo que marca una diferencia, además de la carga simbólica que tiene por acontecer en la provincia de los Kirchner, es la aparición de un sector del movimiento de masas que poniéndole freno al ajuste, abre la crisis institucional, aún no resuelta.

Tanto Peralta como Soria intentaron aprovechar el triunfo electoral kirchnerista y el fin de año para hacer pasar sus planes “de un solo golpe”. Quisieron aprovechar esa relación de fuerzas favorable, para resolver de una vez la cuestión fiscal que se ha convertido en una de las amenazas a la “estabilidad” económica nacional. Ya son ocho las provincias que anuncian crisis cerrando sus distritos con un déficit similar al de 2009, año en que los efectos de la crisis mundial se hicieron sentir en la Argentina (ver pág. 6).
Por si quedaban dudas, ni siquiera la inminencia de la operación del cáncer de tiroides impidió que la Presidenta firmara el 30 de diciembre un Decreto de Necesidad de Urgencia de revisión de los salarios de los estatales nacionales. Aunque en este DNU no se anuncian despidos (como sí hace el plan de Río Negro) se amenaza con rebajas directas a los sueldos de los empleados públicos (ver pág. 3). Mientras Julio Piumato de la CGT, Pablo Micheli de la CTA “disidente” y ATE criticaron el decreto, UPCN –el sindicato mayoritario de los estatales- ya salió a avalarlo.

A tono con estos ataques del gobierno nacional y de los gobernadores provinciales, Mauricio Macri no se quedó atrás. Esta vez arremetió contra los usuarios del subte, mayoría trabajadora y popular, a quienes les anunció, entre gallos y medianoche, luego del traspaso del servicio a la Ciudad de Buenos Aires, un aumento del boleto del 125%. Una provocación, que como denunciamos en la contratapa de esta edición, es producto del acta-acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el de Cristina Fernández para mantener las ganancias de los Roggio y sus subsidios millonarios.

Estamos ante un claro ataque contra los trabajadores y el pueblo pobre lanzado por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales kirchneristas de Santa Cruz y Río Negro y el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. En ocho días, en lo que va del 29 de diciembre al 5 de enero, han anunciado cuatro golpes de magnitud. Está por verse aún, cuál será el ritmo del ataque en curso, hasta dónde el gobierno nacional y los provinciales podrán profundizarlo (por ejemplo, cuántos trabajadores intentarán despedir efectivamente en Río Negro, donde la Ley establece un plazo de 180 días para definirlo, o cuál será la rebaja salarial efectiva a los estatales de la Administración Pública Nacional) y si se extiende a otras provincias. Si van a aprovechar la fortaleza otorgada por el triunfo en las urnas o si, de mínima, buscan crear un clima reaccionario para que los dirigentes sindicales firmen aumentos miserables en las próximas paritarias de los empleados públicos o acepten recortes presupuestarios y hasta despidos “consensuados” (como en Río Negro). En Córdoba, el gobernador De la Sota pautó un magro 12% para los estatales en el presupuesto y ahora amenaza con suspender las paritarias si no llegan fondos nacionales, que pocas veces se enviaron, y el intendente Mestre habla de “pago desdoblado de salarios” (ver pág. 7).

Impedir la traición y preparar la lucha

Antes que sea tarde, los trabajadores debemos prepararnos para enfrentar los ajustes y los tarifazos. En Santa Cruz, hay que rechazar la traición que preparan los dirigentes sindicales e imponer que la Mesa de Unidad Sindical llame a un Plenario de Delegados de Base, para preparar un Plan de Lucha.
Que los trabajadores docentes, estatales y municipales que combatieron contra la Ley de Emergencia, sean quienes centralicen la respuesta obrera y popular en una Intergremial de Delegados de toda la provincia que sume a los petroleros del interior y a todos los trabajadores y pobres (ver págs. 4 y 5).
Como dijimos, tanto Piumato de la CGT como Michelli de la CTA han salido a rechazar el decreto de CFK pero no han propuesto ninguna medida de fuerza.
Se necesita una campaña nacional de las organizaciones del sindicalismo de base y la izquierda para imponer que todos los sindicatos y las centrales obreras del país tomen medidas de lucha para derrotar la Ley de Emergencia en Santa Cruz y Río Negro, el decreto presidencial que quiere reducir el salario a los estatales y el tarifazo de Macri. Será con la intervención de la clase trabajadora y con sus métodos de lucha, los métodos que la Presidenta viene condenando, la única manera de enfrentar el ajuste “noventista” y los tarifazos.

¿Privilegios?

La campaña “ajustadora” de los gobernadores y el ataque al salario de los estatales de CFK viene acompañado de un discurso que acusa a los trabajadores de “privilegiados” y “ñoquis”. Lo de “privilegiados”, ya es parte de la cantinela presidencial, cuando desde su asunción, Cristina arremetió contra los obreros petroleros y docentes santacruceños. El discurso del gobierno nacional apunta a dividir a sectores de trabajadores sindicalizados en blanco, de los sectores de la clase trabajadora que menos ganan, trabajan en negro, precarizados y los que cobran la Asignación Universal por Hijo.

Mientras en los estrados internacionales, la presidenta critica los ajustes de tipo “neoliberal”, la acusación a los trabajadores de “privilegiados” poco tiene que envidiarle al de los gobiernos ajustadores europeos, encabezados por la derechista Angela Merkel, que utilizan ese “mote” contra los trabajadores griegos para justificar los brutales ataques que les imponen mientras salvan a los capitalistas y banqueros de la bancarrota.

Recordemos que el nombramiento de “ñoquis” y los “privilegios” de los cargos públicos son potestad exclusiva de los funcionarios políticos de los partidos patronales, como forma de clientelismo y financiamiento de sus actividades. Pero lejos de afectar estos verdaderos privilegios que hacen a la esencia del Estado capitalista, lo que pretende el gobierno es “abaratar” los costos fiscales atacando a los trabajadores y manteniendo las fabulosas ganancias de los grandes capitalistas de la industria, la banca, la minería, las privatizadas y la producción agroganadera. La izquierda es la única corriente que levanta un verdadero programa de “gobierno barato” afectando los intereses de los capitalistas y sus políticos para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y el pueblo pobre. En la campaña electoral del FIT sostuvimos que todo legislador o funcionario debe ser revocable y ganar lo mismo que un obrero especializado o maestro con diez años de antigüedad. Hemos planteado que hay que luchar por reestatizar las empresas públicas para que estas sean puestas a funcionar bajo el control de los trabajadores y usuarios para mejorar su servicio y permitir que esos recursos sean utilizados de acuerdo a las necesidades sociales de nuestro pueblo. Hay que atacar a los grandes privilegiados del “modelo” capitalista de los Kirchner. A los empresarios y terratenientes del campo, a los banqueros que fugan los dólares, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Dejando de pagar la deuda externa a los especuladores financieros internacionales que se enriquecieron a más no poder y ahora quieren hacer pagar la crisis capitalista a los trabajadores de todo el mundo. A las multinacionales mineras y petroleras a quienes no se les cobra impuestos y gozan de todos los “derechos” para llevarse la riqueza de nuestro suelo. Que la crisis la paguen los capitalistas.