La decisión del gobierno nacional de reabrir la discusión salarial para analizar un incremento en el sueldo mínimo funcionó como un impulso para que los gremios estatales de la Provincia volvieran a reclamar no sólo la recategorización de los trabajadores, sino también que la administración de Felipe Solá adopte la misma decisión que se resuelva a nivel nacional.

Concretamente, se habla de que la CGT presionará para lograr que, a nivel nacional, el mínimo de 630 pesos que rige actualmente para el sector privado se ubique en 850 pesos, aunque distintas versiones indican que la cúpula sindical estaría dispuesta a "cerrar" en 800 pesos, al tiempo que también buscará que se aumente el mínimo de los estatales nacionales. Y si así fuera, el gobierno provincial, para imitar el futuro piso salarial, también debería dar una mejora, ya que actualmente el ingreso mínimo garantizado de los estatales bonaerenses es de 770 pesos.

Frente a ese posible aumento, el gobierno de Felipe Solá viene tratando de estirar definiciones salariales con sus trabajadores; marco en el que el mandatario sigue dilatando una respuesta a los planteos sindicales de recategorización masiva. El argumento oficial es que no hay fondos presupuestados para atender la mejora salarial que significarán esos ascensos. Y en las últimas horas el ministro de Economía, Gerardo Otero, admitió que las cuentas bonaerenses cerrarán el 2006 con un rojo de 500 millones de pesos sin incluir eventuales aumentos de sueldos (ni aún indirectos, como sería el que surgiría de la recategorización).

Ante ese escenario complicado, la reapertura de la discusión salarial fomentada por el gobierno nacional viene a introducir un elemento más de presión para la Provincia.

UN FONDO NACIONAL

En ese marco, dirigentes de ATE dijeron ayer a este diario que si la Provincia argumenta que no tiene fondos para atender una mejora salarial, debería pedir ayuda a la Nación. "Tendría que existir un fondo nacional que garantice que el ingreso mínimo se aplique en todas las provincias y todos los municipios", indicaron.

Los gremios de la Provincia reclaman que se disponga una recategorización de los trabajadores administrativos, con el argumento de que no se produjeron ascensos en los últimos 12 años.

Así, UPCN plantea "ascensos masivos y automáticos" de 3 o más categorías para cada empleado. ATE hace un reclamo similar, aunque pide que la diferencia salarial que resulte de la recategorización se pague por fuera de la garantía salarial de 770 pesos para que signifique una mejora de bolsillo para los empleados.

Por ahora, la Provincia asegura que no tiene cómo dar respuesta al reclamo, por lo que plantea estirar la discusión y aplicar las recategorizaciones a partir de 2007, en consonancia con la vigencia de un nuevo escalafón que se está analizando.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Solá tiene en sus manos al menos tres variantes que le acercaron sus funcionarios para que decida sobre el planteo de los gremios. Pero varios de sus funcionarios aseguran que será "muy difícil" atender la demanda.

Frente a la indefinición, comenzaron a aflorar conflictos en distintas reparticiones y ATE ya adelantó que las protestas se multiplicarán luego de las vacaciones de invierno.

En ese marco, la reapertura de la discusión salarial que fomenta la Nación llega en el momento menos deseado por el gobierno provincial.