El jueves 11 de febrero alegaron en representación del colectivo de querellantes agrupados en Justicia Ya!, los abogados Luis Bonomi (CePRoDH), Pedro Dinani (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y Liliana Molinari (CODESEDH), en el juicio que se le sigue a los militares Reynaldo Benito Bignone, a Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen, Carlos Tepedino, Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló, y al comisario de la bonaerense Germán Américo Montenegro.

Reproducimos extractos del alegato de Luis Bonomi en el que se denuncia la participación del Ejército Argentino en las distintas represiones a trabajadores, pueblos originarios, etc. a lo largo de la historia de esa institución represiva. Asimismo el Dr. Bonomi destacó la participación directa de las empresas y sus gerentes en la dictadura y concretamente en la desaparición de trabajadores y apropiación de bebés.

(…) Varias de las personas que declararon en este juicio dieron cuenta de esta incansable pelea contra la impunidad. Hoy, esperan que se condene a los responsables de uno de los más cruentos genocidios que llevaron adelante las fuerzas represivas del país, desde aquel otro genocidio que desplegaron contra los pueblos originarios para apropiarse de sus tierras, la denominada Campaña del Desierto comandada justamente por el Gral. Julio A Roca, bajo cuya presidencia se creó Campo de Mayo por orden de su Ministro de Guerra el Gral. Pablo Riccheri.

Porque, Señores jueces, el llamado Ejército Argentino, al que pertenecían y pertenecen los imputados no tiene nada que ver con la imagen del “ejército sanmartiniano” que desde la propia institución genocida ha querido dar de si misma. El Ejército argentino -como el resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad- tiene las manos manchadas con la sangre del pueblo.

(…)Con terror y desconfianza los genocidas se aseguraban un largo período de desarticulación social, permitiendo a la dictadura su permanencia en el poder, y a posteriori la continuidad de la impunidad.

(…)Esta parte ha solicitado reiterada y sistemáticamente en la instrucción que se amplíe la indagatoria de los imputados para incluir todos los delitos de los que son responsables. Ha entregado toda la información necesaria para que esas indagatorias se realizaran y para que los imputados fueran procesados. Ninguna de esas solicitudes fue tenida en cuenta y así se llegó a este debate oral en el que solo se investigó lo ocurrido con 62 víctimas.

(…)Estos procesos parcializados hacen perder de vista un elemento central para nuestra querella: entender la magnitud del ataque, entender por qué tanta brutalidad, entender por qué tanta impunidad posterior.

(…)Se trató de la destrucción sistemática de una "parte sustancial" de un grupo nacional que tenía ciertas formas de organización y de participación. Destruir esas dos cosas: la organización y la participación, era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy.

Por eso sostenemos, Señores Jueces, que este juicio, no es un juicio del pasado, sino un juicio de presente.

Como parte de ese plan que venimos describiendo, los imputados, fueron conscientes que sólo podrían imponerlo aniquilando a todo aquel que fuera un obstáculo para sus objetivos y sembrar terror en el resto.

Así como los pueblos originarios eran un obstáculo para los estancieros pampeanos en el siglo XIX, por lo que el Ejército argentino comandado por Roca realizó la genocida campaña del desierto, donde se aniquiló a miles de personas, se redujo a la servidumbre a los sobrevivientes y se apropiaron de los niños muchos de los cuales fueron entregados a las familias oligárquicas de Buenos Aires como sirvientes, familias a las cuales también se les entregó las vastas extensiones de tierras apropiadas que aún hoy conservan y con las que siguen haciendo fabulosas fortunas.

De dicha gesta genocida fue parida la Presidencia de Julio Argentino Roca, cuyo Ministro de Guerra creó Campo de Mayo, guarnición militar que ha tenido una triste gravitación en la historia de nuestro país mucho antes de los hechos que estamos analizando en este juicio como luego de finalizada la última dictadura durante los posteriores gobiernos constitucionales.

Justamente de dicha guarnición militar partió el 9 de enero de 1919 el General Luis J. Dellepiane con sus tropas, dispuesto a disciplinar a sangre y fuego la huelga general que protagonizaban los obreros de la ciudad de Buenos Aires. El Gral. Dellepiane declaraba ante la prensa que: “Si la insolencia obrera no depone su actitud, con la flota de guerra bombardeó Buenos Aires” el diario La Nación publicaba las advertencias de este militar que prometía: "Hacer un escarmiento que se recordará durante 50 años”.
El saldo de dicha intervención se estima que fue de más de 800 personas muertas, más de 4000 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, ya que se ordenó incinerar los cuerpos que quedaron tendidos por las calles de Buenos Aires.

Varios de los tantos golpes de estado realizados por las fuerzas armadas en connivencia con distintos sectores de las clases dominantes tuvieron protagonismo de esta guarnición militar. Así mismo con posterioridad a los hechos aquí investigados, el 17 de abril de 1987 , durante Semana Santa, alrededor de doscientos oficiales y suboficiales al mando del entonces Tte.
Cnel. Aldo Rico ocuparon la Escuela de Infantería de Campo de Mayo exigiendo al gobierno constitucional el cese de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de dicha asonada militar surgió el pacto con el gobierno de Alfonsín, que derivó en dos décadas de impunidad que gozaron los imputados que hoy estamos juzgando. Lamentablemente, muchas de las diatribas emitidas por los carapintadas desde Campo de Mayo -quienes entendían los juicios como una humillación para las Fuerzas Armadas- se vuelven a escuchar hoy repetidas desde distintos sectores que pregonan la vuelta a la impunidad total, como forma de “pacificación”.

Otro elemento que queremos destacar en estos alegatos, es que en el genocidio implementado en el país, no participaron sólo las fuerzas represivas, sino que hubo ideólogos, impulsores y beneficiarios civiles: la clase dominante, el gran empresariado, los que se beneficiaron económicamente con la imposición del plan económico y el aniquilamiento de ese grupo.

El testigo VÍCTOR DE GENNARO, entre otros datos, afirmó que se estima que alrededor del 70% de los funcionarios del Estado durante la dictadura eran personas que reportaban a los grandes grupos empresarios.

Asimismo, describió la denuncia por Genocidio realizada por la CTA en el juicio que se realizó en España, en la que demostraron, -con más de 5000 casos seleccionados para dicha denuncia- que prácticamente no hubo lugar en todo el país donde la represión no hubiera atacado a las comisiones internas, al activismo de base. Mencionó algunos casos paradigmáticos de colaboración entre fuerzas represivas y empresarios a los fines de secuestrar, torturar y desaparecer a trabajadores de sus propias empresas, como el caso de ACINDAR, ASTILLEROS ASTARSA, el caso de la FORD que tenía su propio Centro Clandestino en el predio fabril, el quincho donde se torturaba como denunciaron trabajadores de dicha empresa, o el caso también paradigmático, de la empresa MERCEDES BENZ donde desaparecieron a decenas de activistas sindicales y miembros de la comisión interna.

Por su parte la testigo Claudia Bellingieri, quién trabaja con los archivos de la ex DIPBA nos refirió: “En las fábricas siempre había personal de inteligencia, en muchos casos son los directivos de la fábrica los que dan cuenta de delegados o activistas que deben ser perseguidos”.

El testigo Héctor Ratto fue esclarecedor en despejar toda clase de duda, si a alguien le pudiera caber, sobre el accionar conjunto entre empresarios y fuerzas represivas, cuando relató cómo, mientras el gerente de producción Taselkrauf, lo llamó a su oficina para convencerlo de que se entregue a un grupo de tareas del ejército, escuchó a éste hablar por teléfono con otro militar a quien le dio la dirección de un compañero de trabajo -Diego Núñez- que desapareció esa misma noche.

La periodista Gabriela Weber quien realizó una investigación sobre el tema específico de la participación de la Mercedes Benz durante la dictadura nos relató en esta sala: “La empresa tenía toda la información sobre lo que ocurría en los secuestros, por ejemplo que libros se habían secuestrado en los allanamientos”.

También relató como una de las personas reconocidas como torturador en la comisaría de San Justo, Rubén Lavallén, fue nombrado jefe de seguridad de la empresa. Lavallén fue el apropiador de Paula Logares quien afortunadamente fuera recuperada por su abuela Elsa Pavón. La testigo Weber también manifestó que el propio gerente Taselkrauf tiene en su familia tres chicos, hoy día jóvenes apropiados, con partidas de nacimientos falsas donde figura una partera que trabajó en Campo de Mayo. Quizás esto explique el motivo por el cual la empresa le donó al Hospital Militar de Campo de Mayo un costoso equipo de obstetricia.

Lamentablemente, la testigo también nos relató que entregó “las partidas a la fiscalía en la causa, en referencia a una causa que tramita ante la justicia federal de la capital federal, el fiscal primero se niega a recibirlas, el juez Bonadío los citó a declarar y con un informe de un perito dijeron que la partida es legal y archivaron la causa”.

De esta sociedad entre empresarios y fuerzas armadas seguramente nacieron las reformas a la Ley de Contrato de Trabajo realizadas por la dictadura entre otras:

• eliminaron el principio que en la duda consagraba la norma más favorable al trabajador

• suprimieron obligaciones y penalidades para los empleadores

• les permitieron el despido de mujeres embarazadas y de huelguistas,

• los obreros estaban obligados a revelar sus ideas políticas, religiosas y sindicales,

Algunas de esas modificaciones continuaron vigentes en los periodos constitucionales.

La Ley de Seguridad Industrial militarizó a los trabajadores en huelga. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea controlaron los ritmos de producción en las grandes fábricas después del secuestro de centenares de delegados.
Para imponer esa normativa, era necesario desaparecer de los lugares de trabajo a todos aquellos que eran un obstáculo.

(…) Esta impunidad se fue gestando durante la dictadura misma también desde adentro del propio poder judicial, la testigo Mirta Baravalle calificó a la justicia durante este período como “Sorda, verdaderamente muda”. Nos relató como un grupo de abuelas hizo una presentación por 12 niños secuestrados o nacidos en cautiverio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte se declaró incompetente y comenzaron a recibir amenazas por esa presentación”. Mirta nos refirió: “Algunos niños fueron apropiados y vendidos por culpa de esa justicia, la jueza Pons decía que sobre su cadáver iba a entregar a los chicos a las abuelas”.