Comenzó el martes el juicio a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi. Este es el primer juicio que se abre en la provincia –la de más desaparecidos de todo el país por cantidad de habitantes– desde la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto final. Esta Causa totalmente aislada se realiza por una sola víctima, el ex senador provincial Claudio Guillermo Vargas Aignasse. Menéndez que viene de ser recientemente condenado en Córdoba, estuvo a cargo del III Cuerpo del Ejército que entre 9 provincias incluía a Tucumán. Por su parte Bussi se hace cargo en diciembre de 1975 para asumir la conducción del “Operativo Independencia”, iniciado en Febrero del 1975 por el decreto N° 256/75 firmado por María Estela Martínez de Perón, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero entre otros, y que se proponía “aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán”. Dado el golpe militar el 24 de marzo del ‘76 asume como gobernador de facto hasta diciembre de 1977. Bajo su mando funcionaron más de una docena de centros clandestinos por los que pasaron más de 2.000 detenidos. En la primera jornada de este juicio ya se pudo ver que los genocidas disfrutan de privilegios, además de estar protegidos por un blindex y permanecer todo el tiempo sin esposas, la lectura de las imputaciones se vio truncada porque la defensa de Bussi alegó que no podía continuar en el juicio debido a problemas de salud.
Esta causa se eleva por una (1) sola víctima. Los juicios son así desmembrados en varias causas, no se realizan por centros clandestinos y se excluye la figura de genocidio, intentando ocultar este plan sistemático de aniquilamiento de un sector de la clase trabajadora y parte de la juventud que se planteaban cambiar el rumbo de la sociedad.

Los militares y sus cómplices civiles han vivido ya más de dos décadas de impunidad al amparo del PJ y la UCR, y pretenden seguir haciéndolo. La impunidad sigue existiendo. Nada podemos esperar de este gobierno y sus instituciones que tras más de 25 años de “democracia” y a 5 de la anulación de las leyes del perdón sólo ha llevado al banquillo a un puñado de genocidas. Es necesario movilizarnos independientemente de la Justicia y el Estado para juzgar por genocidio a todos los que participaron de la dictadura y hoy gozan de buena salud.

Llamamos a todos los trabajadores, estudiantes, todas las organizaciones de DD.HH., sociales políticas y sindicales a impulsar pronunciamientos unitarios, acciones y movilizaciones para exigir la cárcel común a todos los genocidas, militares y civiles como grandes empresarios de la provincia que entregaban listados de sus obreros y que prestaron sus instalaciones para el funcionamiento de Centros clandestinos como el Ingenio Bella Vista.

• Cárcel Común Perpetua y efectiva a todos los genocidas.

• Aparición con vida de Jorge Julio López.

• Desprocesamiento de trabajadores y luchadores populares.