Hace un tiempo ya que el Ministerio del Interior encabezado por el ex tupamaro Eduardo Bonomi viene recrudeciendo su accionar represivo. En el Uruguay del “gobierno de izquierda” como les gusta autodefinirse a los frenteamplistas que están en su segundo mandato, hay infiltraciones de las fuerzas represivas en las manifestaciones, se sacan fotografías y se filma en las ocupaciones de liceos y de edificios públicos, se persigue, se espía a los luchadores populares, se criminaliza a las organizaciones de derechos humanos no frenteamplistas que denuncian la impunidad de los crímenes de la dictadura. Se detiene ilegalmente y de forma totalmente irregular a militantes sociales en las inmediaciones de una manifestación, como sucedió en la víspera de la Marcha del Filtro (24/08) cuando detuvieron en 4 puntos diferentes a 12 personas que iban a participar de la movilización, los llevaron a la seccional manteniéndolos incomunicados sin motivo, con la excusa de “prevenir delitos”, los maltrataron física y psicológicamente, los desnudaron, los amenazaron con torturarlos con el método del “submarino seco” y con violarlos, y a las horas los soltaron. También se realizan mega operativos en los barrios pobres donde, siguiendo el modelo de la brutal policía brasileña y su accionar en las favelas, entran a los barrios amedrentando a la población y persiguiendo especialmente a la juventud pobre. Están aumentando (o bien se están dando a conocer) los casos de prepotencia policial, como ocurrió en el Barrio Santa Catalina donde policías de civil atacaron a 6 jóvenes, los detuvieron sin motivo durante toda la noche, los trataron violentamente y luego los soltaron.

Las últimas adquisiciones como las cámaras de filmación con alto alcance, el software llamado “El Guardián” que permite pinchar teléfonos y violar correos electrónicos y redes sociales, y la instalación de cámaras de video (al mejor estilo de circuito cerrado) en el centro de Montevideo (donde se realizan la mayoría de las manifestaciones y concentraciones populares) y en otros barrios como la Ciudad Vieja, demuestran el avance represivo y la decisión del gobierno de mantener controlada a la población, violando las más básicas libertades individuales.

Ya hay dos procesados por participar de una marcha estudiantil. Pero esta semana la represión frenteamplista pegó un salto cuando el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de 7 militantes sociales que participaron en el repudio a la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la Jueza Mota del fuero penal, donde venía investigando en más de 50 causas por delitos cometidos en la última dictadura militar, al fuero civil, en un claro intento de impedir el desarrollo de estas investigaciones.

El posible procesamiento (que en algunos casos sería con prisión) va contra dirigentes como Irma Leites, Jorge Zabalza, que más allá de todas las diferencias políticas que nos separan, son figuras emblemáticas y referentes en la izquierda uruguaya. De concretarse, constituiría un grave precedente para las luchas sociales, y no podemos permitirlo.

Todo el peso del estado burgués contra los luchadores

No nos extraña que el avance represivo provenga directamente del Poder Ejecutivo (hay medios uruguayos que afirman que el propio Mujica dio la orden para que se detenga a los 12 manifestantes mencionados) junto al Ministerio del Interior desplegando por el centro de Montevideo y por los barrios pobres al Departamento de Operaciones Especiales (DOE), organismo que viene desde la dictadura, y que este gobierno le ha dado “nuevas funciones”: espiar y perseguir a los “grupos antisistémicos” que no es otra cosa que quienes salen a luchar por sus derechos como los docentes y otros sectores de trabajadores, los estudiantes, los militantes por los derechos humanos y de la izquierda no frentamplista, los ambientalistas y todo aquel que cuestione aunque sea parcialmente la política gubernamental. El DOE, la Policía Metropolitana y la Republicana, junto con otras fuerzas de elite, que fueron preparadas por los Estados Unidos, son la mano de obra de esta política de gobierno que apunta a estigmatizar a la izquierda, criminalizar la protesta social y fomentar el odio y la justificación de la mano dura contra la juventud pobre.

Este avance cierra con la acción de la Justicia (que de imparcial e independiente no tiene nada, y que viene actuando aceleradamente en estos casos), que le otorga poder de investigación a la policía del DOE sin una solicitud judicial expresa ya que no existen causas que lo ameriten. Cuando el DOE, luego de haberse infiltrado y espiado, acumula información en una base de datos (comparable al Proyecto X de Argentina) presenta pruebas a la Justicia, quien allí mismo inicia procedimientos judiciales incriminando y procesando a los luchadores sociales. Fiscales como Zubía (hijo y sobrino de represores, quien es también un defensor de bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores), jueces fascistas como Merialdo o los de la Suprema Corte, son quienes avanzan en mantener la impunidad y en coartar nuestras libertades.

Todo el aparato burgués, gobierno, fuerzas represivas y justicia al servicio de garantizar el modelo frenteamplista basado en las super ganancias obtenidas por las patronales nacionales y extranjeras, las plantas de celulosa, la mega minería, la banca financiera internacional y los exportadores de soja. ¡Para ellos gobierna hoy el Frente Amplio! Mientras, hunden a la clase trabajadora con bajos salarios que no llegan ni a media canasta básica.

Por una gran campaña en las calles

Frente a las próximas elecciones, tanto los partidos de la derecha como el Frente Amplio ya preparan sus discursos en los que no incluyen siquiera una mínima denuncia a este avance represivo.

Desde la Agrupación universitaria Tesis XI venimos denunciando este accionar a través de nuestros materiales, participamos de diversas manifestaciones contra la impunidad y realizamos charlas debate sobre estos temas.

Hoy creemos que es importante levantar una gran Campaña contra la criminalización de la protesta social y la represión a la juventud pobre, una acción unitaria que pelee en las calles por defender nuestros derechos. Llamamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos a aunar fuerzas y frenar con nuestra movilización estos avances represivos, y así acabar con la impunidad reinante.